Guatemala – Los pueblos mayas, garífuna y xinca denunciaron hoy una guerra «declarada y frontal» de las redes de corrupción en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
«Ha sido claro ante los ojos del mundo que las redes de corrupción vienen desarrollando desde 2017 una guerra declarada y frontal contra la Cicig, fiscales, jueces y magistrados que han actuado en el marco de la ley», expresaron estos pueblos en un pronunciamiento, luego de la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de no renovar el mandato del ente de la ONU.
En opinión de estos sectores, «arrancar las redes de corrupción en las instituciones del Estado es una condición para avanzar en el respeto a la vida, la construcción de la democracia, la paz y la justicia en Guatemala».
Destacaron que con el apoyo de la Cicig, el Ministerio Público (MP) comenzó a evidenciar resultados de la desarticulación y persecución penal de redes de poderos oscuros, mafias y crimen organizado incrustado en el Estado.
Se empezó, recordaron, con el presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) quien se encuentra en prisión y procesado por varios casos de corrupción.
Los pueblos maya, garífuna y xinca instaron a todas las organizaciones sociales y democráticas ha mantener la lucha contra la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias que han obstaculizado la vigencia de los derechos humanos en el país.
Exigieron a los organismos de justicia a manifestar públicamente su compromiso de garantizar los derechos fundamentales de la población y contribuir a erradicar los grupos ilegales y las redes de corrupción e impunidad integradas por «políticos, militares, empresarios nacionales y extranjeros».
También hicieron un llamado a la comunidad internacional a condenar todas las acciones que están poniendo en riesgo la vida, la construcción de la paz, la democracia y la justicia en Guatemala.
El pasado viernes, el presidente guatemalteco anunció que no renovará el mandato de la Cicig, que se instaló en el país en 2007, y denunció que ese organismo sembró «el terror judicial» y que esos señalamientos por la vía diplomática, conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente.
La decisión del mandatario es rechazada por una gama de sectores nacionales y la comunidad internacional, que advierten de un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
