Tegucigalpa – Luego que el Congreso hondureño aprobara de forma unánime varias reformas de la Ley contra la Violencia Doméstica, la pregunta que salta en la generalidad de los hondureños es: ¿será suficiente para detener la ola de abusos, agresiones, maltratos y femicidios en Honduras?
– Entre lo aprobado se contempla que un hombre que sea condenado por el delito de violencia doméstica no podrá obtener una licencia por conducir; obtener, comprar o portar armas de fuego; optar a un cargo público, además será monitoreado para asegurar el alejamiento vía grillete.
– La ley crea un Registro de Agresores contra la Mujer que estará bajo administración, actualización y custodia del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de la CSJ
– Con reformas a Ley contra Violencia Doméstica, el Congreso envía mensaje claro de protección a mujeres y familias y de respeto al orden constitucional, subrayó el presidente del CN.
El embate femicida cobra la vida de 117 mujeres en lo que va de 161 días de este 2026 en Honduras, es decir una cada 33 horas, lo que ubica al país entre los cinco países con más altas tasas de femicidios en el mundo.
Voces desde lo interno del Parlamento, como es el caso del diputado Mario Segura, dijo que muchas veces se aprueban leyes que ni los propios congresistas cumplen.
“Llegan de este Congreso, compañeros, tras maltratar a sus esposas, investíguenlo. Porque uno tiene que dar el ejemplo, padres de la patria con un montón de hijos regados que no les ayudan”, manifestó Segura.
De acuerdo a lo aprobado por la Cámara Legislativa, se contempla el endurecimiento de las sanciones contra la violencia doméstica, además se crea un registro de agresores, a quienes se les restringirá el acceso a cargos públicos, créditos, licencias de conducir, permiso para portar armas y otros beneficios.
Casi al unísono los diputados calificaron de “histórica” la aprobación, que abarca las reformas al artículo 6 del Decreto 132-97 (11 de septiembre de 1997), que contiene la ley, en lo referente a las medidas de seguridad, precautorias y cautelares, y las adiciones al artículo 20 en los incisos 20c, 20d, para la creación del registro de agresores contra las mujeres y las prohibiciones para ejercer cargos públicos a los agresores con sentencia firme, e incluso éstos podrán ser despedidos cuando haya sentencia firma condenatoria por violencia doméstica.
CN envía mensaje de protección a mujeres
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó el trabajo realizado por el Poder Legislativo para consensuar y aprobar iniciativas como esta, relacionadas con la protección de las mujeres y las familias hondureñas.
Zambrano subrayó que se trata de temas complejos que requieren amplio diálogo y apego a los principios constitucionales.
Durante su intervención en el pleno, Zambrano reconoció el esfuerzo de la comisión dictaminadora presidida por el diputado Mario Pérez, señalando que el dictamen fue elaborado respetando garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
“El tema no ha sido fácil consensuarlo. La comisión se apegó a los principios constitucionales del debido proceso y al derecho al estado de inocencia. Son temas delicados, difíciles de agendar y mucho más de aprobar, pero hoy este Congreso ha enviado un mensaje de protección a las mujeres y a las familias”, expresó.
Se requiere efectividad
La coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, apuntó que son buenas las medidas que se están tomando, siempre y cuando haya acceso a la justicia para las féminas.
“El gran problema que tenemos en Honduras son los altos niveles de impunidad, por lo que ninguna medida –incluso la cárcel de por vida– servirá si persisten los altos niveles de impunidad”, subrayó.
Remarcó que las normas aprobadas únicamente servirán si las leyes se aplican con efectividad.
Fonseca alertó que todo “queda de adorno como un florero” si no hay recursos para la implementación de las normas aprobadas.
Puntualizó que “de nada sirven las penas de muerte, necesitamos medidas preventivas. En algo pueden servir las reformas a la ley contra la violencia doméstica, pero se debe de aplicar y que se destinen recursos para ello. Ocupamos que el Estado responda a las necesidades de las mujeres”.
ONU-Mujeres alaba reformas
La Organización ONU Mujeres Honduras aplaudió la aprobación de reformas orientadas para fortalecer la respuesta del Estado frente a casos de femicidios y la violencia contra las mujeres.
El Congreso Nacional aprobó esta semana reformas penales en casos de femicidios con penas de hasta 60 años de prisión y en la Ley contra la Violencia Doméstica.
Mediante un pronunciamiento, ONU Mujeres Honduras respaldo el compromiso de las diputadas que impulsaron estas iniciativas y el trabajo de las organizaciones defensoras de mujeres que visibilizaron durante años la violencia de género en el país y han promovido la protección de la vida.
Consideró que estas reformas son un avance refleja la urgencia de seguir fortaleciendo las medidas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia.
ONU Mujeres Honduras indicó que el femicidio es la manifestación más extrema de una violencia que afecta a miles de mujeres y que requiere de respuestas integrales. Agregaron que la aprobación de reformas legales constituye un paso relevante, pero su impacto dependerá de la implementación efectiva.
Reformas innecesarias
La abogada y exfiscal Nilia Ramos consideró que no era necesario crear juzgados especializados en casos de femicidios y tampoco aumentar las penas por estos delitos.
“Creo que los femicidios se están dando quizás de una forma continua, pero llegará un momento que no lo habrá, ¿Qué harán estos jueces? ¿Será que van a tener las quijadas en los escritorios esperando el pago del sueldo que le corresponda?”, dijo la profesional del derecho.
Insistió que el país no necesitaba que el Congreso Nacional modificará el Código Penal para aumentar las personas por muertes violentas de mujeres.
Ramos indicó que las instituciones defensoras de los derechos que reciben dinero del Estado u organizaciones extranjeras, salgan al campo para capacitar a las mujeres, como ir a las escuelas hacer lo mismo con las niñas para evitar que se dejen maltratar por un hombre.
Analizó que los casos de violencia contra la mujer no es únicamente de un hombre hacia la mujer, también hay casos viceversa.
Sostuvo que debe haber un equilibrio para todo, mencionando que sería un problema juzgados especializados y que las mujeres deban ser las juezas porque solo está el problema emocional y psicológico.
Incongruencias en las reformas
Luego que el Congreso Nacional aprobara la noche del miércoles reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, el Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), advirtió de incongruencias que podrían tener consecuencias constitucionales en el futuro.
Bajo esos términos se refirió Hugo Maldonado, presidente del Codeh, quien pidió coherencia en la aplicación de las leyes.
Con las nuevas reformas, un hombre que sea condenado por el delito de violencia doméstica no podrá obtener una licencia para conducir; obtener, comprar o portar armas de fuego; optar a un cargo público, será monitoreado para asegurar el alejamiento vía grillete.
En ese contexto, Maldonado dijo que no pueden, bajo ninguna ley, restringir a un ciudadano el derecho al trabajo.
Ejemplificó que un conductor que requiera de su vehículo o motocicleta para ganarse la vida no podrá cumplir con sus responsabilidades o incluso una demanda de pensión alimenticia si se le niega la opción a obtener la licencia.
Como Codeh, -dijo- están de acuerdo en el endurecimiento de penas, pero a costa de otros derechos fundamentales. Todo lo anterior puede derivar en recursos anticonstitucionales, alertó el defensor de derechos humanos.
Más allá del veto a licencias de conducir, tenencia de armas o el acceso a cargos públicos para los condenados, la reforma representa un avance largamente exigido por las organizaciones de mujeres en el país. Las medidas mandan un mensaje contundente de intolerancia hacia los que vulneran los derechos de las mujeres. No obstante, el éxito definitivo de la ley dependerá de que las víctimas cuenten el acceso oportuno a la justicia y una respuesta estatal rápida que impida que las agresiones escalen a tragedias mayores. JS
