Colombo – Maldivas continuará bajo estado de emergencia durante un mes más después de que el Parlamento maldivo prorrogara hoy la medida en una controvertida resolución adoptada sin contar con el quórum mínimo de 43 diputados requeridos según la Constitución.
Horas antes de que el estado de excepción tocase a su fin, el Legislativo acogió una sesión extraordinaria a la que asistieron sólo 40 parlamentarios, tres menos de los requeridos, debido al boicot de la oposición, y en la que 38 votaron a favor de extender el estado de emergencia por un mes más.
El Parlamento dio luz verde a «extender el estado de emergencia por 30 días adicionales», tal y como había propuesto el presidente del archipiélago, Abdulla Yameen, y también a modificar varios artículos del decreto de su declaración, informó la Presidencia en un comunicado.
De acuerdo con la Constitución maldiva, los asuntos que requieren «conformidad pública» deben debatirse en el Legislativo en presencia de al menos la mitad de los 85 diputados, pero no se llegó a ese mínimo, explicó a Efe la parlamentaria del opositor Partido Democrático Maldivo (MDP) Eva Abdulla.
El presidente del Legislativo, Abdulla Maseeh, declaró unilateralmente que la extensión del estado de emergencia no requería la presencia de la mitad de los diputados, «invocando las normas del Parlamento por encima de la Constitución», detalló Eva Abdulla.
«En una flagrante violación de la Constitución, el presidente (de la Cámara) se saltó la Constitución y en su lugar citó una regulación parlamentaria para cambiar arbitrariamente el quórum a 20», denunció el MDP en un comunicado, en el que insiste en que el estado de emergencia es «un asunto de conformidad pública».
Es por el ello que la formación opositora considera «ilegal» la decisión, tomada después de que ayer otra sesión extraordinaria no lograse aprobar la extensión por no contar con la presencia de 43 parlamentarios.
Al tachar de «nulo» el estado de emergencia, el MDP llamó al Gobierno a que libere a todas las personas arrestadas «arbitrariamente» durante las últimas dos semanas, entre ellas el jefe del Tribunal Supremo, Abdulla Saeed, y el exdictador Maumoon Abdul Gayoom.
Maldivas se encuentra sumido en una profunda crisis política e institucional desde que el 1 de febrero el Tribunal Supremo ordenó la anulación de las sentencias condenatorias a nueve opositores y rehabilitó en el cargo a doce diputados contrarios al Gobierno.
El presidente decidió no acatar el fallo y el 5 de febrero declaró el estado de emergencia durante 15 días asegurando que el Supremo y Gayoom habían orquestado un golpe de Estado para derrocarlo.
Saeed, Gayoom, otro magistrado del Supremo y otras cinco personas han sido detenidas y se encuentran en prisión.
En los últimos días se han sucedido varias maniobras de dudosa legalidad, como la decisión de los tres magistrados del Supremo que no están arrestados de revocar el fallo del 1 de febrero, que levantaba la condena, entre otros, al primer presidente elegido democráticamente en el país, Mohamed Nasheed, exiliado en Londres.
El exdirigente, condenado en 2015 a 13 años de prisión por la supuesta detención ilegal de un juez durante su mandato, salió hoy a declarar «ilegal» la prolongación del estado de emergencia y calificó de «inválidas» las decisiones tomadas por el remanente del Supremo.
La situación de Maldivas es seguida con atención por los países de la zona, especialmente por la India, cuyo Ministerio de Exteriores había manifestado antes de la decisión del Parlamento su esperanza de que Malé no ampliase la vigencia del estado de excepción, declarado finalmente prorrogado.
«Tras la revocación de la emergencia, debería permitirse a las instituciones democráticas, incluyendo la Justicia, funcionar independientemente y de manera justa y transparente, de acuerdo con la Constitución», apuntó el Gobierno de Nueva Delhi.
El archipiélago vive tensiones políticas desde que en 2012 una grave crisis política, con denuncias de golpe de Estado incluidas, desembocara en la salida del poder del presidente Mohamed Nasheed, quien se vio forzado a renunciar en medio de un motín policial tras haber ordenado el arresto de un magistrado.
