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Lucha contra corrupción, otra deuda del gobierno saliente

Tegucigalpa – En el ocaso del gobierno de Xiomara Castro, que asumió el poder en enero de 2022 con promesas de refundación y erradicación de la corrupción, Honduras enfrenta un balance desalentador. A pesar de discursos iniciales cargados de esperanza, los avances en la lucha contra este flagelo han sido mínimos, dejando un legado de promesas incumplidas y escándalos persistentes.

La corrupción no sólo ha perdurado, sino que se ha adaptado y normalizado en instituciones públicas hondureñas.

El gobierno saliente, del Partido Libertad y Refundación (Libre), prometió mecanismos internacionales para combatirla, pero los resultados concretos brillan por su ausencia.

En sectores clave como salud, educación y seguridad, los efectos de la corrupción son devastadores, robando oportunidades a la población y a los más vulnerables.

De su lado, el gobierno hondureño pregona como logro contra la corrupción la marcha atrás de la denuncia del tratado de extradición con el gobierno de Estados Unidos, mismo que fue denunciado por la presidenta Xiomara Castro lo que ocasionó que las acciones de cooperación en este tema entraran en pausa.

La diputada Fátima Mena.

Mayor opacidad

La diputada Fátima Mena dijo a Proceso Digital que este gobierno termina su mandato con mayor opacidad.

“Por ejemplo, la derogación del decreto 116-2019 que era la ley del fondo departamental, que era uno de los requerimientos que en su momento tenía Naciones Unidas y que se venía exigiendo por parte de la ciudadanía desde hace mucho tiempo, pese a haber derogado la ley el presidente del Congreso Luis Redondo seguía ejecutando los recursos sin tener una ley especial, lo que trajo mayor opacidad o posibilidades de corrupción”, declaró la parlamentaria.

Resumió que la lucha contra la corrupción se resume a una promesa sin cumplir que afecta los aspectos de la vida política, económica y social del país.

Seguimos reprobando el acceso a fondo de la Cuenta del Milenio porque no logramos como país mejorar los indicadores de lucha contra la corrupción, refirió.

Externó que espera que el nuevo gobierno tome con mayor seriedad la lucha contra la corrupción.

Desde los sectores sociales ya se ha venido construyendo una estrategia para promover la transparencia y la rendición de cuentas con un enfoque preventivo, agregó.

Melissa Elvir, dirigente de sociedad civil.

Una deuda pendiente

De su parte, Melisa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), dijo a Proceso Digital, que la lucha contra la corrupción es una deuda pendiente en Honduras.

No se instaló la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el gobierno puede decir que no fue responsabilidad solo de su parte, pero lo cierto es que no se hicieron las cosas como son, al no cumplir las condiciones para la ejecución de este proceso.

También, es una deuda pendiente, apoyar a instituciones que se involucraron en los procesos de lucha contra la corrupción, por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública.

No se dio un apoyo genuino, no solamente con recursos económicos, sino de disponer de voluntad política para desarrollar algunos procesos.

“Cuando no se apoya al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desde la primera línea y en todo un periodo de gobierno, es una deuda pendiente”, zanjó.

Esperamos que el nuevo gobierno realmente pueda demostrar esa lucha contra la corrupción desde todos los ángulos y desde todos los poderes del Estado.

La CICIH, una promesa incumplida.

CICIH, una promesa incumplida

Una de las banderas principales del gobierno saliente fue la instalación de la CICIH. Prometida en la campaña de 2021 y reiterada en la toma de posesión, se estimaba en 100 días.

Sin embargo, transcurrieron cuatro años sin su materialización.

El Congreso Nacional falló en aprobar reformas necesarias en junio de 2025. Se requería una mayoría calificada de 86 votos, pero no se logró.

La CICIH se inspiró en la MACCIH, que operó hasta 2020 y reveló casos como Pandora.

Su no instalación deja un vacío en la lucha contra la impunidad en el país centroamericano.

El gobierno atribuye bloqueos a la oposición, pero críticos señalan falta de voluntad política.

Críticos como Gabriela Blen tildaron como «distractor populista» la presentación de un proyecto en el Congreso que no buscaba la instalación de la CICIH, pero se quería instalar en la colectividad que sí. Todo se resume a la falta de voluntad política, es la única razón por la que no se instaló la CICIH.

Acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio, otro de los retos del gobierno que asume.

El fracaso ante la Cuenta del Milenio

Honduras ha sido excluida repetidamente de fondos de la Cuenta del Milenio. En 2025, no calificó ni para el Pacto ni para el Programa Umbral.

Esto marca 16 años sin acceso, con reprobación constante en control de corrupción.

Durante los cuatro años de Castro, el país siempre falló en este indicador clave.

Un cambio metodológico en 2025 permitió elegibilidad al Umbral, pero no por méritos propios.

Honduras aprobó rendición de cuentas, pero reprobó corrupción con un percentil bajo.

El gobierno criticó la metodología como «sesgada», consultando grupos opositores.

Esto refleja deterioro institucional y falta de políticas efectivas.

Honduras ocupa posiciones bajas entre países evaluados, como el 24 de 28. Reprobó también eficacia gubernamental, Estado de Derecho y libertad de información, entre otros ítems.

El escándalo de Sedesol retrató la corrupción del gobierno de Castro.

“Chequevideo”

Un escándalo clave en 2025 involucró a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona fueron centro de acusaciones.

Un video filtrado muestra la transferencia de fondos públicos para campañas de Libre. Cheques por 100 mil lempiras cada uno para coordinaciones partidarias.

Incluyeron kits electorales con equipos de sonido y propaganda. La presidenta Castro ordenó investigaciones, prometiendo ser implacable.

El Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas todavía auditan transacciones, mostrando una dilatoria que terminará sin una acusación formal y menos una judicialización.

Cuéllar fue enviada de permiso temporal, manteniendo silencio absoluto, lo que no le importó y regresó incluso para hacer política y resultar nuevamente electa como diputada del Congreso Nacional.

Los fondos gestionados alcanzaron 37.5 millones de lempiras en Copán.

Los beneficiarios incluyeron allegados, como su niñera, con cheques sin controles.

Protestas de militantes de Libre denunciaron a Cuéllar por entorpecer el trabajo partidario. Libre pidió renuncias para preservar la ética partidaria.

Las investigaciones revelan irregularidades en 58 cheques por 5.1 millones, no entregados a beneficiarios. Los intermediarios vinculados a Cuéllar usaron solicitudes falsificadas.

Otros casos de corrupción en 2025

En 2025, la lucha anticorrupción mostró judicialización selectiva.

Captura del diputado Nelson Márquez por corrupción en Sedecoas.

Requerimientos contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (SPS) por 45.5 millones en contratos fraudulentos.

Antejuicio contra alcalde de Santa Rosa de Copán por malversación.

Intervención de propiedades del diputado Ricardo Elencoff por lavado de activos.

Estos casos afectan principalmente a opositores, generando dudas de imparcialidad. Se suma la falta de investigaciones a oficialistas, como el narcovideo de Carlos Zelaya.

El analista Germán Leitzelar (hijo).

Lucha contra corrupción se quedó en discurso

El analista Germán Leitzelar dijo a Proceso Digital que la lucha contra la corrupción del gobierno saliente solo quedó en un discurso.

Hubo muchos discursos empoderados y muy interesantes de parte del Fiscal General Johel Zelaya en el cual decía las cosas que los hondureños queremos escuchar, pero solo fueron discursos porque acciones reales nunca las vimos, dijo el analista.

Recordó que existió persecución, pero para la oposición política. Todo inició desde que se instauró a la fuerza a un presidente del Congreso Nacional que terminó eligiendo a un Fiscal General de una forma equivocada a través de una Comisión Permanente, dijo el letrado.

La no llegada de la CICIH nos demostró que todo fue discurso y demagogia, agregó.

“Si bien este es el momento de salida del gobierno o del oficialismo actual, esperamos de todo corazón que un gobierno entrante pueda sacudirse ese tipo de actitudes y que si va a haber persecución no sea selectiva”, acotó.

Un legado de desilusión

El gobierno saliente deja un panorama de escasos frutos en anticorrupción. Promesas como la CICIH languidecen en el tiempo.

El fracaso ante la Cuenta del Milenio resalta la reprobación en transparencia.

Escándalos como Sedesol ilustran la persistencia de prácticas corruptas, mientras la sociedad paga el precio con pobreza y desigualdad.

El próximo gobierno debe priorizar reformas integrales. Sin voluntad política, el ciclo continúa, alertaron los entrevistados por Proceso Digital.

Honduras necesita mecanismos independientes y fortalecimiento institucional. Solo así se romperá la normalización de la corrupción.

El futuro depende de acciones concretas, no discursos, concluyeron. (RO)

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