Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Siguiendo la lógica de las “cajas chicas” presentadas en sus últimas investigaciones por la MACCIH y la UFECIC del Ministerio Público, en la estrategia de estafa y saqueo de fondos públicos nos falta conocer dos nuevos casos: la bóveda del patrón y el arca de impunidad.
Las “cajas chicas” son eso, jugosos confites que endulzan paladares pero seguro el país tiene mucha carne aún para construir emporios de impunidad.
Las últimas dos cajas chicas, la de la ex primera dama y la del hermano del ex presidente Lobo Sosa, son apenas una aproximación al delito, si así lo comprueban los tribunales que juzgarán estos hechos. En la caja chica de la dama la decisión la tomará un juzgado anticorrupción, cuyos integrantes han tenido que sortear una serie de amenazas e intimidaciones, incluyendo acoso laboral tanto en la academia como en la llamada inspectoría de tribunales. Se han enfrentado a una estrategia feroz de intimidación y persecución que no trasciende públicamente pero ya se maneja en sectores claves del poder y la comunidad internacional. Ellos saben quiénes son los acosadores y a qué intereses responden.
El otro caso, la caja chica del hermano, el juzgamiento lo hará un juez natural o ad hoc en la figura de un magistrado de la suprema corte de justicia—denunciado ante la Fiscalía General por el CNA por presunta corrupción—y la tendencia de los fallos de estos tribunales se centra en archivar, exonerar, dilatar y a algunos implicados—como los pandoros—casi que los tiene con una carta de libertad. La juez que llevó este caso en su sentencia deja el sabor que hubo delito, pero no culpables. La ley aquí aplicó en su mayoría para los de pies descalzos. Recomendable leer esa resolución para ver la impartición de justicia.
Y en el caso de la caja chica del hermano, es probable que por ser adultos mayores los implicados, nunca pisen una cárcel si se les halla culpables. A lo más que aspirarán será a un arresto domiciliario, y quizá, a una sanción moral de la gente.
Independientemente de cómo fallen los tribunales, los casos judicializados por la UFECIC/MP y la MACCIH, han puesto al descubierto una modalidad de operación del latrocinio que desde hace décadas se ha venido haciendo en este país, y aunque guste o no, ha evidenciado también a las elites políticas, algunos de sus líderes y el uso que hicieron de los partidos políticos para jugar con el hambre al desviar a sus bolsillos particulares recursos destinados para las zonas ubicados en el corredor seco de Honduras, donde todos los años se reportan sequías, pérdidas de cultivos o inundaciones extremas. La gente se queda sin recursos para trabajar, y por ende, para comer. Toca entonces emigrar, iniciar un éxodo que duele en un país que le roba las oportunidades.
Y ese es el “quit” del asunto: que la corrupción también mata y está orillando a nuestra gente a buscar opciones desesperadas. Da igual morir aquí o allá en la ruta del migrante, total, el riesgo casi siempre es el mismo: las maras criminales o las maras criminales políticas.
El nuevo vocero de la MACCIH, Luiz Antonio Guimarães Marrey, dijo en la presentación del caso “Caja chica del hermano”, que cada indicio por ellos investigado ha sido probado, que los testigos contaron con detalle cómo se dieron los movimientos y que si eso no es un hecho criminoso y criminal de una red de presuntos delincuentes, qué le digan entonces qué es. La modalidad, dijo, configura toda la doctrina de un delito.
De momento, el gobierno del ex presidente Lobo Sosa ha salido duramente golpeado, su entorno familiar aún más. El ex mandatario tuitea sobre el derecho de presunción de inocencia, aboga por un debido proceso y recuerda a cada instante la declaración universal de los derechos humanos. Nuevos elementos deberá sumar a la estrategia mediática en defensa de los suyos.
Todo mundo dice que la familia Lobo Sosa es acaudalada, que tiene recursos de sobra para vivir bien junto a sus generaciones presentes y futuras. Aparte, el ex presidente Lobo Sosa cae bien en muchos sectores de izquierda y de derecha, son cautelosos al referirse a él.
Pero en este último caso, si son tan acaudalados como se asegura, y si se prueba que son culpables, uno se pregunta: ¿Por qué, con fondos públicos se pagaba la seguridad (11 efectivos) al hermano del presidente si no era funcionario? ¿Alguna amenaza sobre él o es la sensación que da el poder de presumir lo que no es correcto? ¿Cuál es el papel del ex ministro y ahora diputado al Parlacen en este embrollo? ¿Hizo lo que dicen que hizo y porqué lo hizo sabiendo que no era correcto? Son muchas dudas que los tribunales deberán dirimir.
De acuerdo al Latinobarómetro, 71 por ciento de los hondureños prefiere quedarse callado ante los delitos de corrupción, aun conociéndolos. No terminan de entender que la corrupción mata. Comparto la demanda del ex presidente Lobo de presunción de inocencia y del debido proceso, pero también le recuerdo una premisa fundamental de los derechos humanos: el derecho a la Verdad y a la reparación de las víctimas. Mientras, esperemos cuándo revienta la bóveda del patrón y el arca de la impunidad. Aún no tocamos fondo.
