Tegucigalpa – Mario Pérez, diputado del Partido Nacional (PN), considera que la aprobación de la Ley d Colaboración Eficaz, podría generar injusticias porque en su socialización y análisis no participan todos los sectores, sino partes interesadas “no es posible que solo participen fiscales, hay que incluir a los abogados privados”, externó.
El legislador por el departamento de Santa Bárbara, sostiene que se debe tener mucha cautela en el proceso de aprobación de la normativa porque ésta podría estar siendo inclinada a un sector y a su juicio todo órgano de investigación y acusador deben acceder a una herramienta consensuada que permita combatir las redes de corrupción.
“Lo que consideramos es que no se le ha dado un estudio y discusión amplia a una ley tan importante como esta”, dijo y señaló que quien representa a la bancada nacionalista que la ley la están haciendo unos fiscales reunidos con la comisión de diputados.
En ese sentido, el parlamentario, advirtió que la prueba testimonial es la más contaminada en un determinado caso, pues se puede echar mano de mentiras “ojo con esto, es peligroso porque los fiscales son una de las partes en un juicio; los defensores privados deberían participar en la discusión de una ley como esta”.
“Hay que darle mucho análisis con todos los cuidados del caso, para que no vayamos a discutir y aprobar una ley que sirva para propiciar injusticia y juicios contra inocentes”, exhortó y anunció que la bancada de su partido presentará una propuesta concreta evitando que la normativa en discusión no propicie injusticias en Honduras.
“Una de las cosas que vamos a proponer es que si alguien quiere convertirse en testigo protegido debe presentar o ayudar a obtener una prueba científica, para poder acusar a una o más personas», puntualizó diciendo el parlamentario del occidente de la nación.
La Ley de Colaboración Eficaz, fue proyecto de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuya propuesta está en el Congreso Nacional, desde el 2016, esperando su aprobación, la misma contempla mecanismos exclusivos para que, quienes deseen colaborar con la justicia a contrarrestar o erradicar la corrupción y el crimen organizado. JP
