Tegucigalpa – Tras reunirse con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la academia y del sector empresarial, los miembros de la comisión de dictamen del proyecto de decreto contra las campañas y mensajes de odio y discriminación en Internet, aclararon que la ley no es para regular redes sociales.
En conferencia de prensa, la comisión explicó que con la ley se crea un consejo consultivo integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Superior Universitario y otras organizaciones de la sociedad civil.
#EncuestaPD????¿Se deben regular las redes sociales bajo la premisa que arguye el @Congreso_HND en torno a campañas de desprestigio y odio?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 6 de febrero de 2018
Aclararon que el comité consultivo no regulará nada, solo atenderá las denuncias que presenten los afectados, pero no se incluye ninguna iniciativa para regular o controlar redes sociales o páginas de Internet.
Los miembros de la comisión de dictamen Gerardo Martínez Pineda, Johana Bermúdez Lacayo y Nelson Javier Vásquez Euceda, detallaron que la persona que se sienta agraviada y perjudicada por ese tipo de delitos cibernéticos como campañas de odio, discriminación, clonación de páginas, suplantación de identidad, fraude financiero por Internet, pornografía o cualquier otro delito ya tipificado en el nuevo Código Penal van a poder acudir a la Comisión Nacional de Ciberseguridad donde se les va a atender.
La Comisión Nacional de Ciberseguridad estará integrada por las secretarías de Seguridad, Defensa, Finanzas, Conatel, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Banco Central de Honduras (BCH), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección de Marina Mercante, entre otras.
En la reunión participaron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Asociación Nacional de Industriales (Andi), Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y ONG.
El presidente de la comisión de dictamen, Gerardo Martínez, enfatizó que el espíritu de la ley es crear la Comisión Nacional de Ciberseguridad, para poder dar respuesta a todos los usuarios y a toda la ciudadanía en lo que respecta a los delitos cibernéticos.
Martínez reveló que hay bastante anuencia de parte del Cohep y las cámaras de comercio para con esta ley pues con lo que se está creando se va a llegar al origen del problema y se van a eliminar esos perfiles falsos porque lo que se quiere es una Honduras más justa y en paz y la responsabilidad de los diputados y el Congreso Nacional se deben al pueblo.
Aseguró que la ley no se está dictaminando a la carrera sino que se está socializando con medios de comunicación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ONG, operadores de IP como Tigo, Claro y Hondutel, sociedad civil, empresarios, ONG y todos los sectores involucrados porque el objetivo es enriquecer la ley y dejarla de la mejor manera.
Reiteró que la aplicación de la ley “va a hacer por denuncia del perjudicado y no de oficio y tampoco vamos a regularle a nadie lo que va a poner en sus redes sociales porque es responsabilidad de cada quien lo que va a poner en redes sociales, aquí no hay ley mordaza, aquí tampoco estamos coartando garantías constitucionales a nadie, más bien como lo establecen los pactos internacionales de derechos humanos, nuestro compromiso como gobierno es darle seguridad a la ciudadanía y al pueblo que es a quien nos debemos”.
Aclaró que en el marco de la ley no se están imponiendo penas sino algunas sanciones administrativas que va a imponer el ente que se está creando, pero las penas ya están tipificadas en el nuevo Código Penal.
Explicó que para la aplicación de las sanciones administrativas se va a trabajar en un reglamento al tiempo que reiteró que “nosotros no podemos ni vamos a regular las redes sociales, lo que va a suceder es que la persona afectada va a acudir a interponer la denuncia y en 24 horas la publicación va a ser bajada de las redes sociales y posteriormente viene la investigación con personas especialistas que van a darle seguimiento a la denuncia y van a llegar hasta el origen de donde se inició el delito cibernético”.
