Tegucigalpa.– El 2009 fue un parteaguas en la historia política y democrática de Honduras, la ruptura del orden constitucional fue la mayor fisura política registrada en el nuevo siglo y milenio, pero los orígenes de esta crisis no son nuevos, responden a patrones comunes de vieja y nueva data en donde se modifican los escenarios y sus actores, pero no las causas.
Desde el retorno formal a la democracia a inicios de los años ochenta, las crisis políticas han sido una constante en donde el patrón común ha sido la cultura de los pactos, las negociaciones bajo la mesa y los parches a la Constitución, sumado a la sordera de la clase política para enrumbar las necesarias reformas políticas y electorales que amerita el país. La democracia hondureña, según el Latinobarómetro, lejos de robustecerse, se debilita.
#EncuestaPD????A propósito de conmemorarse 10 años de la crisis política de 2009 que acabó con el derrocamiento de Mel Zelaya, ¿en la actualidad es el momento más fuerte del Partido Libre?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 28 de junio de 2019
La sensación de continuar en el poder es un hilo común de estas crisis, que empezaron a ahondarse después de la ruptura del orden constitucional en el 2009 con la salida forzada del poder del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, que al amparo de los acuerdos políticos logró conformar un nuevo partido político que es Libertad y Refundación (LIBRE), entre otros acuerdos alcanzados.
Pero la joven democracia hondureña, tutelada bajo el paraguas de Estados Unidos, principal aval para poner fin a los gobiernos militares, tuvo su primera crisis en 1985, duró tres meses y obedeció a la intención del extinto ex presidente de la república, el liberal Roberto Suazo Córdova, de querer imponer un candidato a lo interno de su partido para las elecciones presidenciales, generando una división interna que se extrapoló al también Partido Nacional, en la oposición.
Suazo Córdova quería como candidato presidencial al también extinto Oscar Mejía Arellano, en tanto desde el Congreso Nacional—dominado por los liberales- su presidente, Efraín Bú Girón, mostraba también aspiraciones presidenciales por el liberalismo y ello generó una confrontación de poderes que llevó al poder Legislativo a destituir al presidente del Poder Judicial, acción que fue vetada por el poder Ejecutivo por considerarla inconstitucional y ordenó entonces la captura del presidente de la Corte Suprema de Justicia que había nombrado el Congreso Nacional.
El Partido Liberal tenía el control de los tres poderes del Estado, y en esa pugna interna los poderes ejecutivo y judicial se hicieron un nudo contra el poder legislativo. La crisis alcanza tales dimensiones que lleva a las fuerzas sociales, empresariales, religiosas, civiles y políticas a buscar mecanismos para evitar que la democracia, recién estrenada, se viniera al suelo.
Es en los cuarteles de las fuerzas armadas donde finalmente se llega a un consenso y se suscribe un Acta de Compromiso que entre los principales acuerdos destacaba: a) la realización de elecciones simultáneas el 24 de noviembre de 1985 tanto para autoridades supremas como para escoger los dirigentes de los partidos políticos, b) creación, por única vez, de la llamada Opción B, en la cual se acuerda que en un mismo partido político puedan participar varios candidatos presidenciales y al finalizar el escrutinio, cada organización política sumará los votos por sus respectivos candidatos, mientras que en el interior de cada partido ganará el candidato que logre la mayoría de los sufragios.
De 1985 al 2009
En esa Acta de Compromiso, se dan otra serie de cosas como el reparto del poder judicial y los órganos electorales. Así lo indica el libro “Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central” , presentado por el IUDPAS-UNAH y el Instituto Nacional Demócrata.
A esta crisis de 1985 sucedieron otras de menor escala, entre ellas la negativa para inscribir la candidatura del entonces candidato nacionalista, Ricardo Maduro, que enfrentó obstáculos a lo interno y externo de su partido para ser inscrito como presidenciable. En ambas crisis de la democracia, el principal protagonista fue el bipartidismo político. La mini crisis con la candidatura del Ricardo Maduro fue en 1999-2000. Tanto en la crisis de 1985 como en la de 1999, un rol protagónico lo tuvo el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), ahora Tribunal Supremo Electoral y en breve Consejo Nacional Electoral (CNE), según los nuevos acuerdos políticos partidarios.
Además de los roles cuestionados que tuvo en la crisis de 1985 y 1999-200º que tuvo el TNE, otro elemento en común fue el uso de la papeleta electoral con figuras o personas. En la de 1985 se usó en la papeleta la figura del llamado león del liberalismo Modesto Rodas Alvarado y en la de 2000, Ricardo Maduro, fue sustituido en la papeleta por Luis Cosenza, pues el TNE no le permitía participar cuestionando su nacionalidad.
La otra crisis la marca el 2009 con la salida forzada del poder de Manuel Zelaya, nuevamente los poderes del Estado entran en crisis a tal grado que ésta ha sido considerada la más fuerte y profunda al colapsar el sistema político de partidos políticos.
La salida de Zelaya, el aislamiento internacional del país al ser aplicada la Carta Democrática de la OEA que la expulsa del concierto de naciones, la censura de la ONU y otros elementos llevan a intensas negociaciones en las cuales Manuel Zelaya cede su no retorno a cambio de un partido político y otras prebendas orientadas a restaurar una democracia frágil y una institucionalidad desgastada y deteriorada.
Libre entra al juego político y en las últimas dos contiendas electorales rompe el bipartidismo político y el país avanza hacia la configuración de un tripartidismo (PN, Pl y Libre), en medio de un multipartidismo, que a larga deja las grandes decisiones en el tripartidismo que se sigue caracterizando por los vicios de la clase política del pasado: el pactismo, los acuerdos bajo la mesa y el reparto de cuotas de poder.
Patrones comunes de las crisis
Pero la democracia hondureña no termina de superar sus peligros. Nuevas crisis institucionales se avecinaban con el golpe institucional otorgado al poder judicial en diciembre de 2012 al destituir el congreso nacional a la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial. Luego entra la polémica por la figura de la reelección presidencial que permite la continuidad en el poder del actual presidente, Juan Orlando Hernández, tras una elección que reaviva nuevamente una fractura social arrastrada desde el golpe de estado de 2009.
La crisis político electoral de noviembre de 2017 se sigue arrastrando hasta nuestros días, donde la confianza en las instituciones presenta fuertes déficit, la calidad de la democracia sigue siendo cuestionada y el nuevo mandato del presidente Hernández y el Partido Nacional, en el poder, enfrenta tormentas políticas vinculadas a otros problemas en la escena pública más allá de lo político: la corrupción y el narcotráfico.
Previo a las elecciones de 2017, una crisis social sacude el país con la llamada marcha de los indignados o de las antorchas a raíz de las denuncias de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, se instala en el país la MACCIH y con ello una oleada de casos de corrupción de alto impacto que golpea a las élites políticas del tripartidismo, con énfasis en el partido en el poder por llevar tres periodos consecutivos, generando fuertes estornudos que llevan a las elites políticas a impulsar reformas legales y leyes orientadas al blindaje .
Todos estos hechos han generado un clima de incertidumbre política en el país, cuyas crisis han tenido entre sus patrones comunes—según el libro del IUDPAS-UNAH y el NDI–: a) el presidencialismo-personalismo-
Otro patrón común es: c) el centralismo, como consecuencia del estilo de negociación imperante en el cual los poderes Ejecutivo y Legislativo determinan financiera y políticamente los asuntos claves, d) la persistencia del poder militar dentro de los asuntos civiles, al seguir siendo el centro de consulta durante la crisis y determinar hacia quién o dónde inclinan la balanza, e) visión clientelar del Estado en búsqueda de lealtades militantes más que en criterios propios de la meritocracia.
La crisis políticas e institucionales en el país reflejan también que estas son cíclicas, con los mismos actores, es decir, los partidos políticos y sus élites políticas, evidenciando el agotamiento de un modelo que lejos de fortalecer la institucionalidad, la está erosionando y debilitando.
