Por: Julio Raudales
¿Cuál es el rol fundamental del gobierno en la economía de un país que pretende el bienestar o la felicidad de sus súbditos?
Responder a esta pregunta ha sido la causa de acres discusiones políticas en los tres últimos siglos. Quienes alegan que la participación gubernamental debe ser ínfima o nula (liberales, minarquistas o anarquistas), encuentran sustento para su argumento en el trabajo seminal de un filosofo escocés, quien desde una cátedra de ética en la Universidad de Glasgow allá en las postrimerías del siglo XVIII, insistía en que el desarrollo de las naciones se basa en la continua búsqueda del beneficio propio de cada individuo que compone la sociedad y no en las nobles pretensiones de un Rey o un Parlamento.
“No es el deseo altruista de satisfacer el hambre lo que lleva al panadero a fabricar su producto, sino el afán egoísta de venderlo al precio más alto posible; tampoco es la compasión la que mueve al consumidor a comprar ese pan, sino su natural necesidad de satisfacer su apetito al costo más bajo, pero ambos en su ambición, alcanzan involuntariamente el máximo bienestar colectivo” decía Sir Adam Smith en su cátedra y así lo planteó en su famoso libro “Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones”.
La reacción a la propuesta de Smith no se hizo esperar. Fueron Marx y Engels quienes respondieron a los discípulos del creador de la ciencia económica con argumentos contundentes sobre lo que la falta de presencia de un estado omnisciente y portador de la voluntad colectiva produce en la sociedad. “Una organización social que no represente la dictadura del proletariado liberado del yugo opresor del capital no tiene lugar en la historia” argumentaron con tozudez casi religiosa los discípulos del Filósofo de Tréveris y con ello desencadenaron esta lucha de ideales, aunque también de armas, que se extiende aun al siglo XXI con y sin matices.
En esa batalla de las ideas han luchado Keynes contra Hayek y Ayn Rand, Robert Lucas contra Stiglitz y Krugman, más recientemente Piketty contra Acemoglu y tantos otros. ¿Quién tiene la razón? ¿Debemos tener un gobierno grande que vele por las necesidades de todos? O ¿Debemos dejar que sea la iniciativa privada quien utilizando sus incentivos, provea a la colectividad? ¿Hacia adonde mirar si buscamos con honestidad el bien público? Son las preguntas que los políticos inteligentes deben hacerse a la hora de asumir su responsabilidad al frente de una nación. La respuesta es la misma que daría con naturalidad cualquier científico social bien informado: Depende.
Si. Depende de la naturaleza y calidad de las instituciones que integran la sociedad, de la historia, de las organizaciones políticas, de lo que Acemoglu y Robinson llaman “coyunturas críticas” y sobre todo, de la fuerza que tenga la base social para responder a las propuestas de sus líderes. En la actualidad y después de más de 200 años de discusiones, hasta los mayores defensores del liberalismo aceptan la necesaria participación del gobierno en la economía al menos para tres cosas: equilibrar los mercados frente a externalidades, bienes públicos, monopolios y otras fallas, para estabilizarla ante los vaivenes del ciclo y sobre todo, para incentivar la inserción de los individuos que debido a su condición natural no están en los mercados, esto último significa en otras palabras: redistribuir los ingresos.
Es así como el Gobierno debería actuar como un “villano benefactor” que en teoría quite a los ricos para favorecer a los “desvalidos” y es por ello que existe lo que denominamos el Sistema Tributario y el Presupuesto Público. Esas son las armas que nuestro “Villano” debe utilizar con maestría y sobre todo con honradez. No es tarea fácil: ¿Cuánto le cuesta al país en su conjunto dicha intervención? Las autoridades deben ser muy sabias y honestas para evitar que esta “medicina” contra la desigualdad salga peor que la enfermedad.
Existen por supuesto, muchas técnicas para saber si el trabajo se realiza de manera adecuada. Recuerdo por ejemplo, que mediante un estudio contrafactual, utilizando instrumentos estadísticos avanzados, un equipo de economistas logramos en el 2003 calcular el impacto provocado por las medidas fiscales tomadas en aquel entonces por el gobierno. El resultado del estudio fueron una serie de recomendaciones que de haberse tomado, debían lograr que los cambios en el sistema impositivo afectaran lo menos posible a los pobres y el gasto proveniente de estos impuestos mejorara su bienestar.
El problema fue que las autoridades, como siempre, no tomaron en consideración nuestro dictamen y aunque las medidas resultaron solo “ligeramente regresivas”, los efectos posteriores sobre la pobreza, el desempleo y la inequidad saltan a la vista, los sufren ahora muchas familias que ven truncadas sus esperanzas debido a estas malas decisiones.
Tomaré algún espacio adicional en futuras entregas para referirme a los problemas que genera y seguirá causando el uso erróneo de los instrumentos de política del “villano benefactor”, a propósito de las medidas fiscales tomadas más recientemente.
