Por: Leticia Salomón
Tegucigalpa.- En los últimos días, un diputado del Congreso hondureño, del partido Nacional para más señas, se sumó a otros diputados que han presentado iniciativas tan fuera de lugar, descabelladas o irracionales, como la de aumentarse el sueldo en un 100%;
solicitar a la Secretaría de Salud que mande un equipo especial a vacunar a los congresistas contra el AH1N1; citar la biblia para decir que Israel es el pueblo elegido de Dios; y tantas otras iniciativas que desafían la imaginación de cualquier interesado en descifrar el perfil, los rasgos intelectuales y el compromiso social de los representantes de la ciudadanía hondureña, también llamados “padres de la patria”, en una exaltación extrema de su condición de ungidos por el voto popular, profundamente cuestionados por el fraude de las elecciones de noviembre de 2017 y por las graves denuncias de corrupción generalizada en el uso y abuso de los subsidios otorgados y destinados, supuestamente, al beneficio de los más pobres y de las regiones de donde proceden.
Al diputado aludido se le ocurrió la brillante idea de mocionar para que se enseñe la biblia en las escuelas públicas y para ello se integraría una mesa de trabajo conformada por líderes de las diferentes iglesias y otros sectores, quienes tendrían la misión de proponer mecanismos para brindar consejería encaminada a inclusión de valores en los centros educativos públicos del país. Hace un poco menos de dos décadas se le ocurrió lo mismo a un diputado liberal, igual de conservador que este, para colocar la lectura obligatoria de la biblia en las escuelas y colegios públicos del país, lo que recibió el repudio colectivo, incluyendo a líderes de la iglesia católica, conscientes de que la religión es un ámbito de competencia privada.
Las cosas que pasan en el Congreso Nacional nos obligan a pensar que los diputados nuestros viven en una burbuja, alejada totalmente de las atribulaciones por las que pasan los hondureños por la crisis económica; del conocimiento mínimo de la diferencia entre los espacios público y privado; de la crisis política por fraude electoral y de la crisis ética por el nivel generalizado de la corrupción y la impunidad. Lejos de esa burbuja se encuentra la ubicación de nuestro país en los lugares más vergonzosos por la pobreza, corrupción, impunidad, inseguridad, desigualdad y competitividad que nos avergüenzan a los hondureños y que parecen no incomodar a los notables padres de la patria.
Algunas ideas se nos ocurren en relación con esta genialidad:
1. El Estado hondureño es y debe seguir siendo laico. Asegurar la condición laica es garantizar las preferencias religiosas de todos los hondureños, incluyendo a los que no tienen ninguna. Todos los hondureños tenemos el derecho constitucional a escoger una, otra o ninguna religión: el Estado no debe imponer a todos las preferencias religiosas de sus gobernantes porque excluye y margina a las demás. Demasiadas barbaridades se han cometido en el pasado para seguir aceptando imposiciones de esta naturaleza.
2. La religión pertenece al ámbito privado y no al ámbito público. La circunscripción de la religión al ámbito privado garantiza la libertad de escoger y la sustracción de esas preferencias del debate público porque la preferencia religiosa no se discute, se ejerce, y mal hacen muchos fundamentalistas al cuestionarlas creyendo que la suya es la mejor porque es la de ellos. También hacen muy mal los funcionarios y empleados intermedios y menores de las instituciones públicas de estar incluyendo invocaciones religiosas, cánticos, rezos, plegarias, cadenas, imágenes, saludos, firmas de correos electrónicos y otras acciones que atentan contra la propia Constitución en tanto afectan el derecho de los otros que tienen preferencias diferentes.
3. El sistema educativo está diseñado para impartir conocimientos y no para formar en valores religiosos. A las escuelas y colegios podemos cuestionarlas y presionarlas por la calidad de la educación que se imparte, pero no por el tipo de religión que se enseña, por la forma en que lo hace y menos por la intención con que lo hace. Esa no es competencia de la escuela, es competencia de la familia.
4. Colocar la atención de esta iniciativa en las escuelas y colegios públicos estigmatiza y discrimina a los que estudian en ellos. Legislar para que la enseñanza de la biblia se haga en los colegios públicos es asumir que los estudiantes de las escuelas privadas no lo necesitan porque sus valores son los suficientemente fuertes para evitar la violencia y todo tipo de actividad delictiva. Indagar sobre la procedencia educativa de todos los corruptos, narcotraficantes, violadores y ladrones de nuestros recursos serviría para echar por la borda esa diferenciación absurda que pregona que los que estudian en escuelas privadas son los buenos y los que estudian en escuelas públicas son los malos.
5. El punto central de la discusión no es ni debe ser la importancia de los valores en general y de los valores religiosos en particular, sino a quien corresponde esa tarea. Y esta no es competencia del Estado ni se inserta en el ámbito público. Es un asunto de la familia a quien le toca escoger los valores que espera inculcar en sus hijos y es a ella a quien le toca decidir si acude o no a una iglesia para que le ayude con esa tarea. No le toca al Estado imponer la tarea de formar en valores y mucho menos dejar esta tarea en manos de profesores que se educaron para impartir conocimientos y no para promover valores religiosos ya que esta es una competencia de las iglesias.
6. Ni iglesias ni fuerzas armadas. Darle espacio y facultades a las iglesias para participar directamente en la formación de valores religiosos en escuelas públicas es tan nefasto como permitir que las fuerzas armadas hagan lo propio con la formación de “guardianes de la patria” orientada a niños procedentes de barrios y colonias pobres a quienes sustraen por un día de las miserables condiciones sociales y económicas en que viven y consideran que eso basta para justificar la ausencia de Estado para proveerles lo mínimo de acuerdo a la propia Constitución de la República.
¡Basta ya de seguir permitiendo la intromisión de las iglesias en asuntos públicos, y basta ya de que diputados irresponsables sigan pensando en legislar para resolver los problemas del país con ayuda celestial, cuando lo que se necesita es utilizar los recursos terrenales del Estado con transparencia, racionalidad y responsabilidad! Las preferencias religiosas son competencia exclusiva del ámbito privado: colocarlas en el ámbito público es exponerlas al debate innecesario de si Dios existe o no existe y si este es liberal, nacionalista o de otro partido; si es blanco, negro o de cualquier otro color de piel; si es hondureño o si es extranjero; si está a favor o en contra de la pedofilia; si está con los poderosos o con los indefensos; si aprueba o desaprueba el fundamentalismo religioso o el pago obligatorio del diezmo… Debate innecesario para el creyente ya que después de todo, como dice Facundo Cabral: “A veces yo me pregunto para qué me pregunto tanto, si pregunte o no pregunte el mundo sigue andando”…
