El involucramiento de la fuerza armada del estado como soporte de la acción política de los gobiernos es una tentación muy fuerte. Esta se da primariamente en los casos en que un gobierno está intentando hacer crecer sus capacidades o se encuentra bajo amenazas crecientes. Tener a la mano un recurso organizado, comprometido con la obediencia a la autoridad, con importantes capacidades ejecutivas y posiblemente con un alto capital social, incita el deseo de los gobernantes de utilizarlo para sus fines. El riesgo es que, al hacer uso de este para estos menesteres, se puede contaminar y afectar tanto sus intereses institucionales como los públicos. Es importante estudiar cómo se han dado estos casos para derivar lecciones e intentar prevenirlos.
Los estados antiguos no hacían distinción entre el militar y el civil. El ciudadano romano tenía la condición de soldado de forma automática y los mandos militares se alternaban con los civiles en una carrera de liderazgo. El estado medieval era militar en su naturaleza, ya que la naturaleza original del servicio feudal por el cual se asignaban tierras era el de las armas.
Con el origen de la modernidad, se fue independizando la esfera civil de la militar. Los británicos fueron los primeros en clasificar claramente la exclusión de la esfera militar del ámbito político (después de haber tenido un gobierno militar bajo la república inglesa de 1649-60), definiendo claramente que el ejército solo podía existir bajo autoridad parlamentaria, prohibiendo al ejecutivo levantar tropas sin su autoridad. Los Estados Unidos heredaron estos principios y los aplicaron a su constitución, agregando además la ley de Posse Comitatus (1879) prohibiendo el uso del ejército en el cumplimiento de legislación interna.
En nuestro país, hasta el gobierno del presidente Gálvez se inició la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Anterior a esto, las mismas no tenían un carácter profesional ni un escalafón, y más bien eran brazos armados del gobierno de turno. El primer acto de político se dio desde casi su nacimiento, al asignarle a sus oficiales todas las comandancias regionales previo a las elecciones de 1954, con la obligación de arbitrar el proceso electoral. Aunque garantizó que este proceso electoral se llevara en relativa paz y limitando el fraude y abusos, introdujo un componente partidario en la organización.
La irrupción de las Fuerzas Armadas en la política como actor primario se observó al dar un golpe de estado en 1956, el cual fue apoyado por buena parte de la sociedad. Su función tutelar quedó establecida en la constitución de 1957, por lo cual la legitimidad del gobierno quedaba dependiente de su beneplácito. El proceso culminó de forma trágica con el golpe de estado de 1963. Estos procesos se vieron en diferentes países, con gobiernos de cualquier tendencia ideológica que se apoyaran en la militarización del estado. Tanto la caída de Jacobo Árbenz y Miguel Ydigoras en Guatemala (los dos militares de carrera), Isabel Perón en Argentina y Juan Bordaberry en Uruguay (ambos en 1976), y la de Salvador Allende en Chile en 1973, fueron precedidas por un progresivo crecimiento en la participación (o aceptación de la tutela) militar en el gobierno. Estos son casos espectaculares, pero en muchos otros se ha afectado el respeto institucional y las capacidades de los ejércitos al traerlos a la política.
Todos los actores (incluyendo los militares) coincidían en que este no era el manejo correcto de la república. Iniciando en 1978, se inició el proceso de constitucionalizar el gobierno y gradualmente ir creando un papel a las Fuerzas Armadas de acuerdo con una sociedad democrática. Se fue reformando a lo largo del tiempo la función de manejar el poder ejecutivo, política exterior, comunicaciones y seguridad pública. Para mediados de la primera década del siglo, el proceso había concluido con éxito y las Fuerzas Armadas habían alcanzado un mayor grado de profesionalismo y un casi unánime respeto de la sociedad.
Los embates que nos vinieron desde esas fechas fueron revertiendo este proceso. Acciones que han tomado los diferentes gobiernos desde entonces de apoyarse en la legitimidad o recursos de las Fuerzas Armadas para fines distintos a los constitucionales, han tenido una justificación de resolver un problema inmediato o de dar cubierta a su agenda particular, a expensas del interés nacional permanente. Durante la ultima década se llego al extremo de utilizar los recursos de defensa nacional en legitimar un régimen (y su doppelganger: represión política), causando un daño severo a su efectividad y legitimidad institucional. Es importante para la salud del estado, la sociedad y las mismas Fuerzas Armadas, lograr que esta situación se revierta y se evite a futuro. Es necesario que ocupen su rol constitucional, alejadas del sectarismo al que las inducen los ambiciosos y los imprudentes.
