Tegucigalpa.- Recientemente el diario hondureño La Tribuna, publicó un artículo titulado “Europa busca su autonomía tecnológica frente a EE.UU.”, en el cual comienza planteando que: “La UE solía pensar en China cuando hablaba de reducir su dependencia tecnológica del extranjero, pero desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca el objetivo es emanciparse de las grandes tecnológicas estadounidenses”, ya que según un informe de la Comisión Europea de 2023: “Más del 80% de los productos, servicios, infraestructuras y de propiedad intelectual relacionados con el ámbito digital de la UE dependen de países extranjeros” (La Tribuna, 06/02/2026, pág. 6).
¿Logrará la Unión Europea (UE) alcanzar su soberanía digital? En el artículo aludido se plantea que “salir de la órbita de las grandes tecnológicas estadounidenses —Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft— parece una misión imposible”, aunque ello no impide que se haga el intento por conseguirlo.
La comisaria europea de Asuntos Digitales, Henna Virkkunen, afirma que: “Durante el último año, todo el mundo ha tomado conciencia de la importancia de no depender de un solo país o de una sola empresa para ciertas tecnologías muy críticas”, especialmente debido a que: “Estas dependencias puede utilizarse como armas contra nosotros” (Ídem).
La soberanía digital es la capacidad de un Estado, una región o una comunidad para controlar y proteger su propio espacio digital: la infraestructura física (servidores, cables, centros de datos), las capas tecnológicas (software, estándares, plataformas) y los datos (propiedad, flujos y uso). Esta capacidad no es sólo técnica: implica poder normativo y capacidad de aplicar y hacer respetar leyes y derechos en el entorno digital, desde la protección de datos personales hasta la vigilancia y la seguridad nacional.
Su importancia es múltiple y concreta. Primero, preserva la seguridad y la resiliencia: depender de proveedores o infraestructuras externas incrementa la vulnerabilidad ante cortes, sanciones extraterritoriales o intervenciones de actores extranjeros. Segundo, protege derechos y valores democráticos: si los datos y las plataformas que mediatizan la vida pública quedan fuera del alcance efectivo de la ley local, se reduce la capacidad de garantizar privacidad, transparencia y rendición de cuentas. Tercero, es un requisito para la autonomía económica y la competitividad: industrias claves (salud, defensa, energía, finanzas) necesitan entornos digitales confiables y adaptados a las normas y necesidades locales para innovar y competir. Finalmente, la soberanía digital permite aplicar políticas públicas coherentes (por ejemplo en gestión de datos públicos, inteligencia artificial o servicios en la nube) sin quedar a merced de decisiones externas.
Según el artículo aludido, países como Francia y Alemania están adoptando iniciativas y poniendo en práctica acciones que apuntan en la dirección de alcanzar mayor soberanía digital respecto a Estados Unidos, aunque no se menciona nada relativo a la dependencia tecnológica de China Continental.
Incluso en el terreno de la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), desde hace algún tiempo está empeñado en la creación de un euro digital, “que decenas de economistas, entre ellos Thomas Piketty, consideran una “garantía esencial de la soberanía” europea, según una carta abierta publicada en enero” (Ídem).
A pesar de lo anterior, pensadores como Zach Meyers, del ‘think tank’ CERRE, con sede en Bruselas, “cree que la Unión Europea aún debe definir mejor qué entiende por “soberanía tecnológica”, ya que a su juicio “la estrategia más eficaz no consiste necesariamente en reducir el uso de tecnologías estadounidenses, sino en “reforzarse en los segmentos de la cadena de valor en los que Estados Unidos depende de Europa, por ejemplo, en maquinaria o componentes necesarios para fabricar chips” (Ídem).
La Unión Europea impulsa la soberanía digital por razones estratégicas y prácticas. Históricamente, el mercado de servicios en la nube y muchas infraestructuras digitales ha estado dominado por proveedores no europeos; eso crea dependencia tecnológica y económica que la UE considera poco deseable desde la perspectiva de la seguridad, la protección de datos y la capacidad normativa. Por ello la UE promueve iniciativas para construir alternativas interoperables y seguras (por ejemplo el impulso a infraestructuras federadas y al proyecto Gaia-X como marco de referencia para compartir datos y servicios con control europeo). Al mismo tiempo, la agenda regulatoria de la Comisión —con instrumentos como la brújula digital 2030— busca combinar objetivos de adopción tecnológica con garantías de soberanía y control sobre datos e infraestructura.
A ese impulso se suma la preocupación por los riesgos emergentes: la expansión de la inteligencia artificial y la concentración de modelos y plataformas en manos de unos pocos proveedores externos han llevado a la Comisión a diseñar estrategias para reducir dependencias en IA y asegurar que las soluciones críticas cumplan normas europeas de seguridad y derechos fundamentales. En la práctica, esto se traduce en una mezcla de regulación rigurosa (protección de datos, obligación de responsables de plataformas), apoyo a capacidades industriales y financieras para crear alternativas locales, y la búsqueda de acuerdos internacionales que respeten la primacía del marco legal europeo.
La búsqueda de soberanía digital por parte de la UE responde a la necesidad de proteger la seguridad, la democracia y la competitividad económica en un mundo donde la infraestructura digital condiciona el poder real. No se trata necesariamente de un aislacionismo tecnológico, sino de intentar equilibrar la apertura del mercado con la capacidad de garantizar que las reglas, los derechos y los activos estratégicos permanezcan bajo control efectivo europeo; es un esfuerzo por convertir la digitalización en una fuente de autonomía y resiliencia, no en una vulnerabilidad.
En resumen, La soberanía digital es hoy una condición básica para la seguridad, la autonomía económica y la protección de derechos en la era digital. El esfuerzo de la Unión Europea por alcanzarla combina regulación, inversión y cooperación: regula para proteger valores y derechos, financia y apoya la creación de capacidades tecnológicas propias, y negocia reglas internacionales que reconozcan sus estándares.
La meta final no es levantar barreras permanentes sino garantizar que la apertura global vaya acompañada de capacidades y marcos jurídicos que permitan a la sociedad europea decidir quién controla la infraestructura, cómo se usan los datos y qué límites rigen tecnologías críticas. En definitiva, la soberanía digital busca transformar la dependencia tecnológica en una base de resiliencia, innovación responsable y soberanía democrática.
