Tegucigalpa – Honduras lleva meses discutiendo una ley para reformar el sector eléctrico, pero no reúne aún los votos para aprobarla.
El debate legislativo expone un problema mayor: la ausencia de un responsable claro y con mandato real que garantice la implementación de cambios estructurales, es parte de la exposición de Sendas en una publicación de la organización dada a conocer este miércoles.
Sendas es una organización de la sociedad civil hondureña, creada hace un año con el propósito explícito de contribuir a la construcción de un mejor futuro para el país a partir de análisis rigurosos y propuestas de política pública.
La experiencia pasada lo demuestra
La Ley General de la Industria Eléctrica de 2014 incluyó elementos importantes, pero su ejecución quedó incompleta. Aprobar una norma, por sí sola, no reduce pérdidas, no profesionaliza juntas directivas ni hace viables nuevas empresas, es parte de la reflexión divulgada.
Para que la reforma funcione se requiere algo más que disposiciones legales: se necesita consenso nacional y liderazgo capaz de construirlo indica el documento.
(LEER) Escisión, combatir pérdidas y bajar tarifas: las claves de la reforma eléctrica
La reforma demanda alinear intereses y coordinar decisiones financieras, regulatorias, operativas y de inversión en una secuencia que haga viable el conjunto. Es una tarea compleja, pero plausible: países de la región alcanzaron transformaciones similares cuando contaron con conducción clara. En Guatemala (1996) y Panamá (1997) la reforma avanzó porque el Ejecutivo delegó autoridad y puso equipos con funciones definidas para llevar el proceso desde la ley hasta su ejecución.
Hoy la responsabilidad en Honduras está dispersa. El gerente de la ENEE y el comisionado presidente de la CREE cumplen roles centrales de administración y regulación; la Secretaría de Energía es una entidad pequeña sin peso político suficiente; y el ministro de Finanzas asume las consecuencias fiscales de una deuda creciente es parte del análisis de Sendas, entidad que en la práctica funciona como un centro de análisis que pone el foco en cuellos de botella estructurales, y hoy ha identificado la reforma del sector eléctrico como condición imprescindible para cambiar el rumbo del país.
Esa fragmentación impide que alguien concentre tiempo, autonomía y autoridad para conducir la transformación sin conflictos de interés.
Sector exige continuidad que institucionalidad no garantiza
Las gerencias de la ENEE duran, en promedio, menos de 20 meses, mientras que las licitaciones de generación pueden demorarse hasta siete años desde la convocatoria hasta la operación. La inversión en transmisión requerida —cerca de 900 millones de dólares en la próxima década— arrastra rezagos reportados desde 2008. Las pérdidas de energía superan el 38% y en 2025 costaron más de 500 millones de dólares; reducirlas exige medición, regularización, aplicación efectiva de la ley, tecnología, inversiones y presencia territorial sostenida.
La cooperación internacional puede acompañar la reforma, pero no dirigirla. Ese apoyo corre el riesgo de fragmentarse si no existe una contraparte nacional fuerte, con prioridades claras y responsables definidos. Por eso el país necesita una autoridad de implementación con mandato real: dedicación de tiempo completo, autonomía operativa, ausencia de conflicto de interés y rendición de cuentas directa ante el Presidente y el Congreso.
El perfil requerido depende menos de especialización técnica que de peso político, credibilidad y capacidad de decisión. El conocimiento técnico lo aporta un equipo; la autoridad para mover al Estado la debe tener quien lidere. Esa persona deberá ordenar prioridades, destrabar decisiones críticas, mantener coherencia entre frentes, corregir desvíos y rendir cuentas públicamente. Su tarea no es acumular poder, sino sostener el rumbo bajo presión, con integridad y sin intereses en el sector.
La publicación detalla que no se trata de buscar una figura providencial. El liderazgo debe traducirse en institucionalidad permanente: decisiones centrales fijadas en la ley, metas públicas, avances reportados y sanciones. Las reformas exitosas en la región —Chile, Colombia, Guatemala, Panamá— perduraron porque consolidaron arquitectura institucional capaz de sobrevivir a alternancias de gobierno.
La propuesta de un Comité de Conducción y una Unidad Técnica de Implementación adscrita a la Secretaría de la Presidencia reconoce la necesidad de coordinación desde el centro del gobierno, pero no garantiza autoridad ejecutiva. La ley puede crear espacios de coordinación; no asegura por sí sola la capacidad para implementar.
La primera prueba pública de que esta reforma será más que una ley será el nombramiento de quien asuma la responsabilidad de ejecutarla. El perfil y las potestades que se le otorguen revelarán si el Ejecutivo considera la transformación del sector eléctrico una prioridad real o un compromiso formal. (PD)
