Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El 30 de junio de 2026, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, presentaron el informe “Blindaje de la Verdad Histórica”, que detalla en forma cronológica lo acontecido antes, durante y posterior al proceso electoral del 30 de noviembre cuando los hondureños acudieron a las urnas a elegir un nuevo presidente, alcaldes y diputados. El informe recoge el boicot al proceso y en él detallan el rol que jugaron los militares, en especial su entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general ahora en retiro Roosevelt Hernández.
El 6 de julio, días después de conocido el informe, el general en retiro Hernández aparece en una reunión en una casa particular en el departamento de Olancho acuerpado por líderes locales del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), entre ellos el exalcalde de Catacamas y actual diputado, Marco Ramiro Lobo, y el alcalde de Santa María del Real, Carlos Augusto Galeano Romero, según reportes de la prensa local de la zona. Fue un almuerzo y encuentro “entre amigos”.
Roosevelt Hernández reaparece luego que el informe de las consejeras López y Hall—quienes gozan de una licencia para ocupar cargos diplomáticos—lo señala de ser parte de los actores que jugaron a entorpecer y boicotear el proceso electoral desde los comicios primarios hasta las elecciones generales de noviembre de 2025. Hernández vacó en su cargo en diciembre de 2025 y jugó hasta el último momento a tratar de descalificar el proceso.
Su rol desafiante e inquisidor hacia las autoridades del CNE se mantuvo hasta el final, la incertidumbre era permanente y fue hasta que el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Héctor Benjamín Valerio, declarara que iban a respetar el resultado de las elecciones y la declaratoria del CNE que la calma retornó entre la ciudadanía, que cuestionaba las posiciones de Roosevelt Hernández.
Entre los grupos políticos afines a Libertad y Refundación se indica que el general en retiro Hernández ha mostrado interés por la política en ese partido y estiman que su aparición en Olancho pueda ser parte de ese acercamiento a las cúpulas de ese partido que tienen el control de la institución política y medir fuerzas y reacciones en Libre en caso de aceptar correr por un cargo popular a futuro. El informe presentado por las consejeras López y Hall pone en aprietos el papel jugado por quien fuera uno de los hombres fuertes de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Los abusos castrenses paso a paso
El Informe “Blindaje de la Verdad Histórica” del proceso electoral hondureño destaca el papel que contrario a su función constitucional jugaron las Fuerzas Armadas al frente del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, desde los comicios primarios de marzo de 2025 hasta las elecciones generales de noviembre de ese año.
En marzo de 2025, el CNE se vio sometido a fuertes presiones y críticas por el turismo efectuado con varias maletas electorales en dos de las principales ciudades del país: Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, en el norte. Varias maletas electorales no llegaron a importantes centros de votación, otras lo hicieron con enormes retrasos en el caso de San Pedro Sula, pero en la capital hondureña aparecieron casi seis u ochos horas después de abiertos los centros de votación, luego que las autoridades del CNE recuperaran las maletas y las llevaron a los centros de votación. Enormes filas de los electores que esperaron horas para ejercer su sufragio salvaron los comicios primarios y salvaron, a su vez, a la democracia.
En esta crisis el papel de las Fuerzas Armadas fue deplorable y así lo consigna en su informe el CNE. “Los análisis efectuados coinciden en señalar que la logística electoral constituye uno de los pilares fundamentales para la protección de la voluntad popular. Cuando esta cadena se ve afectada, las consecuencias repercuten directamente sobre la legitimidad del proceso electoral y sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas”.
“Lo sucedido el 9 de marzo de 2025, fue mucho más que un problema logístico, constituyó un ataque directo a la estabilidad democrática. La negativa de las FFAA a permitir la entrega oportuna de las maletas electorales y kits tecnológicos en decenas de centros de votación no solo retrasó la apertura de las juntas, sino que amenazó la realización misma de las elecciones primarias, generando un ambiente de caos y desconfianza. Esa actuación, documentada en auditorías forenses, evidenció un patrón de interferencia militar que buscaba desestabilizar el proceso electoral y poner en entredicho la capacidad del CNE de garantizar elecciones libres”, señala el informe.
El daño —destaca— se profundizó cuando el MP, en lugar de investigar la obstrucción militar, optó por citar y presionar a las consejeras, trasladando la responsabilidad de la crisis a las autoridades civiles del CNE. A más de un año de esos hechos, y pese a lo que establece el artículo 40 de la Ley del MP, que obliga a archivar o desistir causas que no avanzan, los casos permanecen abiertos sin resolución, prolongando la incertidumbre y exponiendo a las consejeras a una persecución institucional sin fundamento. Esta omisión procesal constituye una forma de hostigamiento jurídico que erosiona la autonomía del órgano electoral.
“El resultado fue un doble golpe a la democracia hondureña: Por un lado, la interferencia militar que vulneró la logística electoral y puso en riesgo la celebración de las elecciones primarias. Por otro, la presión política y judicial que debilitó la seguridad jurídica de las autoridades del CNE y afectó la confianza ciudadana en la institución”, señala el informe al referirse al proceso electoral primario.
No obedecen mujeres, dijo el general
El artículo 272 de la Constitución de la República establece que las FFAA son una institución de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante, que se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Asimismo, establece que deben garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso y que el Presidente (a) de la República pondrá a las FFAA a disposición del CNE, desde un mes (1) antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas.
Lo anterior implica una subordinación funcional temporal al órgano electoral, en lo que respecta a temas de seguridad y logística electoral. “Es decir, que la Presidencia de la República conserva el mando político-militar general, pero no puede interferir en decisiones técnicas o logísticas electorales, pues las FFAA en lo relativo al proceso electoral, deben obedecer únicamente las instrucciones del CNE”.
Así lo hacen ver las consejeras en el informe del CNE, pero las Fuerzas Armadas y con ellas el general (r) Hernández siguieron desconociendo ese rol y la autoridad. Si las elecciones primarias fueron un desafío castrense a la autoridad conformada en el CNE, las elecciones generales constituyeron otro capítulo más grave de desobediencia castrense.
La puesta a disposición no es una facultad discrecional—advierte el informe–, es el contenido de una disposición constitucional que implica que las FFAAA actúan bajo la autoridad funcional del CNE en todo lo relativo al proceso electoral. Por ello, cualquier desobediencia o interferencia de autoridad distinta al CNE en el ámbito electoral durante ese período, constituiría una violación de su autonomía, independencia y facultades constitucionales y una transgresión del principio de neutralidad militar.
“No obstante, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) manifestó a ambas consejeras que no estaban a disposición de una mujer representante de un Partido Político. No fueron solamente palabras, sus hechos fueron contundentes cuando incumplió su deber en las Elecciones Primarias, no brindó la información al Pleno sobre los centros de votación donde se retrasó la llegada del material electoral, no hizo nada para impedir que el transporte de esos centros de votación se mantuviera por horas parqueado en distintos puntos de la ciudad. Lo sucedido quedó registrado en las pericias presentadas por las consejeras ante el MP el 10 de abril de 2025, sin que haya existido consecuencia penal alguna a ningún miembro de las FFAA, como se describe posteriormente”.
En el marco de las Elecciones Generales, “el exjefe del EMC insistió en que no se encontraban a disposición del CNE y realizó acciones tendientes a intimidar y lo más grave: usurpar funciones del CNE”, acota el documento elaborado por el Consejo Nacional Electoral.
Asimismo, agrega, “sin contar con fundamento legal ni autorización alguna, miembros de FFAA extralimitándose en sus funciones pretendían acceder a información sobre los procesos de contratación que hacía el CNE, sin dejar en ese tiempo de brindar declaraciones públicas sobre el proceso electoral de forma inconsulta desconociendo el carácter no deliberante que la Constitución establece y actuando en sintonía con el gobierno que estaba en el poder”.
“Uno de los acontecimientos más graves sucedió el 23 de octubre de 2025 donde, en reunión sostenida entre las FFAA y el CNE, el exjefe del EMC llegó al extremo de solicitar verbalmente al Pleno, acceso (fotografía) de las actas del nivel electivo presidencial el día de las elecciones, para hacer un conteo paralelo en las FFAA. Esta solicitud excedió cualquier límite de solicitud de un jefe del EMC, que claramente intentaba sobrepasar las atribuciones constitucionales de las FFAA y usurpar funciones electorales”.
A su petición, la consejera-presidenta del CNE, Ana Paola Hall, manifestó al general Roosevelt Hernández que planteara por escrito lo solicitado, adelantándole que esa petición excedía la labor constitucional de las FFAA en Elecciones y que, desde ese momento, le advertía que su postura era que no lo permitiría.
Si bien las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 lograron celebrarse, el precedente sobre el rol de los militares y de Roosevelt Hernández, dejó de acuerdo con las consejeras López y Hall, “una herida profunda, se demostró que actores externos podían amenazar la continuidad del sistema electoral, comprometer la independencia del CNE y poner en riesgo la soberanía popular”.
“El daño no fue solo operativo, sino institucional y democrático, pues se socavó la credibilidad del CNE, se debilitó la confianza ciudadana y se puso en entredicho la capacidad del Estado para garantizar elecciones auténticas”.
En términos históricos, “lo ocurrido representa un punto crítico de vulnerabilidad democrática: el órgano rector de las elecciones fue sometido a presiones militares y judiciales que lo despojaron de la fortaleza que la Constitución le confiere. El país estuvo al borde de una crisis electoral que pudo haber impedido la celebración de las elecciones generales, y esa amenaza sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la institucionalidad cuando se permite la intromisión de poderes fácticos en el proceso democrático”, destaca entre algunos de sus puntos concluyentes el informe que recoge una cronología sobre el boicot a las elecciones.
El general Roosevelt Hernández llevó a las Fuerzas Armadas a un punto crítico que generó desconfianza acerca de su rol institucional, mientras el MP sigue sin terminar de cerrar qué pasó en los comicios primarios y porqué la cúpula castrense que lideró Roosevelt Hernández quedó indemne. Hernández tiene causa abierta en la Fiscalía, no por los abusos cometidos que recoge en forma detallada el informe del CNE, sino por amenazas hacia la libertad de expresión por denuncias entabladas por los periodistas.
En su escalada contra la prensa y medios de comunicación, Hernández les acusó de ser “sicarios de la verdad”, lanzó amenazas veladas contra la integridad de algunos, pero luego pidió disculpas públicas, mientras usaba los medios de las fuerzas armadas para acusar a la prensa de ser “aliada” del crimen organizado por cuestionar el rol castrense en el proceso electoral.
Hoy, que el informe del CNE retrata el rol castrense en el proceso electoral, el general en retiro Roosevelt Hernández aparece en un “almuerzo de amigos” políticos bajo el paraguas de Libre, un partido que hecho gobierno le nombró ministro de Defensa, como reconocimiento al trabajo partidario al cesar como miembro activo castrense. (PD)
