Cualquier esfuerzo que se haga desde la política por sacar a Honduras del marasmo en que se encuentra, será inútil si persiste la falta de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y si la incertidumbre sigue siendo el pan nuestro de cada día para la vida de la gente que cada cuatro años confía su voto a gentes sin mérito ni apego a los mínimos valores de honestidad y eficacia.
Esto cuenta principalmente para cuatro elementos fundamentales que deben ser el objetivo primigenio de cualquier administración, sea del color que sea: el respeto irrestricto a la vida, a la propiedad privada, a los contratos establecidos de forma espontánea por los privados, sea entre ellos o con el estado y, no menos importante, la capacidad de ese estado para hacer que las leyes que dicta y acuerdos a los que llegue con la ciudadanía se cumplan de forma cabal.
Lamentablemente, lo que sucede con cada vez mayor fuerza, es el deterioro moral de quienes llegan al poder. Terrible es observar cómo, de forma sistemática, la cultura de desconocimiento al mandato popular se va entronizando en el país.
Hace apenas cuatro meses, la mayoría de la gente comía ansias debido a la terrible convicción de que las autoridades elegidas en 2021 lastraban con descaro el proceso democrático. Para muchos, aquel peligro inminente traía consigo desasosiego y enojo. La impotencia ciudadana era evidente. El actuar de regímenes vecinos como el de Nicaragua y Venezuela, nos hacían pensar en un futuro oscuro y distópico para la generación de empleo, inversión y buen aprovechamiento de los recursos naturales y humanos con que el país cuenta.
Aupados por las pocas organizaciones con credibilidad con que el país aún cuenta, instancias como la Iglesia, asociaciones comunales, gremios, universidades y otras, la gente salió a caminar con fe y esperanza de que ese clamor atemorizara a quienes pretendían quebrantar los acuerdos ciudadanos e imponer por la fuerza sus designios.
Para muchos de los políticos de la oposición de entonces, la democracia, equilibrio de poderes y respeto a los acuerdos era lo primigenio. Sabían que la única forma de intentar amedrentar al gobierno de LIBRE era denunciar a su coordinador, candidata presidencial y demás adláteres como violadores de los principios fundamentales de la convivencia, anunciando a los posibles votantes, que, a su retorno al poder, las cosas serían completamente distintas.
La gente confió en ellos. Castigó con severidad al partido de gobierno y con convicción volvió a entregar el poder al bipartidismo tradicional. Pese a los más de 100 años de engaños y latrocinio, la gente pensó que en el fondo, era preferible confiar en las promesas de restauración de la clase política, que mantener en el poder a una caterva de neófitos dedicados principalmente a odiar, causar anarquía y, por demás, seguir robando y engañando.
La pregunta a estos pocos meses vista, es si los políticos tradicionales aprendieron la lección. Parece que no.
La muestra clara es que, empresas e individuos que se acercaron al sistema judicial buscando amparo ante atropellos cometidos y han ganado sus respectivos contenciosos, lo que obtienen como respuesta del ejecutivo para el cumplimiento de las sentencias, es un no rotundo, denotando entonces claramente, como el poder envilece los sentidos de quien lo detenta.
Hace apenas cuatro meses, los mismos que hoy se niegan a cumplir con la ley y los acuerdos, clamaban aterrorizados ante la posibilidad de que la democracia feneciera en el país. Eso justamente y no otras cosas son las que nos tienen de bruces y como eternos referentes de inseguridad y miseria.
Alguien debe levantar la voz y exigir que haya un genuino cambio de actitud. Si esto no sucede, en cuatro años, o quizás menos, lo estaremos lamentando.
Debe quedar claro para gobierno y oposición: la raíz de todos los males sociales es un estado que no cumple sus acuerdos y se ufana de ese incumplimiento una vez en el poder.
