Durante décadas América Latina trató el narcotráfico como un problema policial. Hoy el desafío es más profundo: economías criminales que, poco a poco, han logrado infiltrarse en las estructuras del poder político.
En Miami, la reciente Cumbre Hemisférica contra el Narcotráfico Escudo de las Américas fue presentada como un nuevo esfuerzo de cooperación regional. Lo que los discursos oficiales dejaron en segundo plano es que la cumbre tuvo también una dimensión explícitamente militar: se estableció una coalición anti-cartel con participación de fuerzas armadas de diecisiete países, concebida para operar con poder duro. Detrás de esa arquitectura se percibía, sin embargo, una inquietud más profunda: la creciente vulnerabilidad de los Estados frente a organizaciones criminales que hoy operan con una lógica abiertamente transnacional.
Llama la atención una ausencia difícil de ignorar. México, Colombia y Brasil —países con un peso decisivo en las dinámicas regionales del narcotráfico— no estuvieron en el encuentro. En el caso de Colombia, la versión oficial es que fue invitada, pero declinó asistir; en los otros dos, la exclusión refleja fracturas políticas e ideológicas que atraviesan el continente y que inevitablemente se trasladan a los espacios de cooperación regional.
El problema ya no puede entenderse únicamente como tráfico de drogas. En muchas zonas de América Latina el narcotráfico se ha integrado en redes más complejas del crimen organizado transnacional. Estas estructuras movilizan significativos flujos de capital, controlan corredores territoriales estratégicos y, con frecuencia, terminan infiltrándose en la vida política.
Lo cierto es que el narcotráfico dejó hace tiempo de ser una actividad criminal periférica para convertirse en una forma de poder que, en distintos países, ha penetrado las estructuras mismas del Estado.
El caso hondureño ilustra con particular claridad hasta qué punto esa penetración puede ser sistemática. Los procesos judiciales en Estados Unidos —que condujeron primero a la condena por narcotráfico de Tony Hernández y posteriormente a la extradición y juicio del expresidente Juan Orlando Hernández— expusieron un grado de infiltración institucional que difícilmente puede reducirse a simples episodios de corrupción aislada.
En ese contexto, los tratados de extradición adquirieron un peso particular. En Honduras, este mecanismo terminó siendo uno de los pocos instrumentos capaces de romper redes de protección política que operaron durante años dentro del propio aparato estatal. No es casual que el tema haya generado tensiones tan agudas. En 2024, el gobierno de LIBRE notificó la denuncia del tratado con Estados Unidos. Lo que siguió resultó revelador: días después, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y vicepresidente del Congreso, reconoció públicamente haber recibido una oferta de financiamiento de campaña por parte de narcotraficantes y terminó renunciando a su cargo. La presión —interna e internacional— obligó finalmente a revertir la denuncia.
La experiencia internacional ofrece lecciones concretas. En Italia, el Estado respondió fortaleciendo fiscalías especializadas, ampliando los mecanismos de confiscación de activos criminales y consolidando redes de cooperación judicial. En Colombia, antes de la actual gobierno, el debilitamiento de los grandes carteles fue posible gracias a una combinación sostenida de inteligencia financiera y cooperación internacional. México, en cambio, ilustra el riesgo contrario: cuando las economías criminales consolidan control territorial, el desafío deja de ser policial y se convierte en una disputa directa por el ejercicio de la autoridad pública.
Para Honduras, el camino no admite atajos ni declaraciones de intención. Implica, en primer lugar, restaurar y blindar los mecanismos de cooperación judicial internacional —comenzando por el tratado de extradición— como condición mínima de credibilidad. Exige también fortalecer una fiscalía con autonomía real, dotada de recursos y protegida de interferencias políticas, capaz de perseguir no solo a operadores menores sino a quienes financian y protegen las redes desde arriba.
Y requiere, de manera urgente, construir inteligencia financiera que permita rastrear y confiscar los activos del crimen organizado: sin golpear la economía del narcotráfico, toda victoria policial es cosmética.
La historia reciente de América Latina demuestra que este proceso rara vez ocurre de forma abrupta. Se trata más bien de una erosión lenta y acumulativa que prospera allí donde las instituciones se debilitan o donde la política decide mirar hacia otro lado.
Estas redes transnacionales no buscan destruir al Estado. Con frecuencia prefieren algo más útil: un Estado lo suficientemente fuerte para garantizar estabilidad, pero lo bastante débil para no obstaculizar sus negocios.
Ese equilibrio —tan frágil como funcional— es el terreno donde el narcotráfico deja de ser un fenómeno criminal para convertirse en una forma de poder.
