Moisés Naím advirtió en El fin del poder que “la democracia no desaparece de golpe; primero se vacía por dentro.” Esa frase retrata con precisión lo que vivió Honduras a finales de 2025: un vaciamiento sistemático de sus instituciones, ejecutado desde adentro, por quienes habían jurado defenderlas.
Lo que ocurrió con la Comisión Permanente instalada en el Congreso Nacional no fue una interpretación creativa de la Constitución. Fue un acto deliberado de concentración de poder. Su acto más grave fue la elección interina del Fiscal General de la República — una atribución que no le correspondía, que ningún artículo de la Carta Magna contemplaba — pero que se ejecutó con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. No se trataba de llenar un vacío institucional. Se trataba de completar un rompecabezas: con los órganos electorales bajo boicot, con el Congreso dominado por Libertad y Refundación y con el Poder Judicial permeado, solo faltaba la fiscalía. El Ministerio Público era la última pieza.
El mismo Naím observa que el poder moderno es más fácil de obtener, pero también más fácil de perder. Lo que el partido en el poder no calculó fue esa segunda parte. Las elecciones del 30 de noviembre cambiaron el tablero. El juicio político al Fiscal General, el juicio político al consejero Marlon Ochoa, y la renuncia de la expresidenta de la Corte Suprema no son episodios aislados. Son las consecuencias de haber estirado la institucionalidad hasta el punto de quiebre.
Pero que el poder cambie de manos no significa que la justicia haya llegado. La ciudadanía tiene razón en exigir algo más que un cambio de protagonistas. Exige consecuencias. Exige que los actos cometidos al margen de la Constitución sean investigados y sancionados. No como venganza política, sino como precedente democrático.
Porque en Honduras, como en demasiados países de la región, la impunidad no es un accidente del sistema. Es, con frecuencia, el sistema mismo. Cada vez que un abuso de poder queda sin consecuencias, se envía un mensaje que resuena más fuerte que cualquier discurso: que las reglas no aplican para quienes tienen el poder suficiente para romperlas.
El Ministerio Público ha dado un primer paso al citar a los miembros de esa Comisión. Es necesario, pero insuficiente si no va acompañado de un proceso transparente y blindado contra interferencias. La ciudadanía no pide teatro jurídico. Pide justicia real.
Honduras tiene ante sí la oportunidad de demostrar que sus instituciones son capaces de autocorregirse. Que ningún partido ni mayoría circunstancial está por encima de la ley. El daño causado a la institucionalidad es profundo y documentable. Reconstruir esa confianza toma años. Destruirla toma meses. Y dejarla impune la destruye para siempre.
La democracia hondureña no puede seguir pagando el precio de su propia impunidad.
