México – México ha quedado a la espera de los tiempos de la Justicia para saber si prospera una impugnación de las últimas elecciones presentada por la izquierda, que usa unos argumentos jurídicos que, según expertos, son difíciles de probar.
La petición para invalidar las elecciones del 1 de julio fue presentada la noche del jueves por la coalición izquierdista que postuló como candidato a Andrés Manuel López Obrador, quien también intentó llegar a la residencia presidencial de Los Pinos en los comicios de 2006.
El legajo con la documentación quedó en manos del Instituto Federal Electoral (IFE), que la semana próxima lo hará llegar al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se pronuncie antes del 6 de septiembre.
El TEPJF, máximo órgano jurisdiccional en materia de comicios en México, tiene que resolver el «juicio de inconformidad» presentado por la izquierda a más tardar el 31 de agosto, con el fin de que se pueda llevar a cabo la declaración del presidente electo a más tardar el 6 de septiembre próximo.
«Todavía falta muchísimo tiempo. Tenemos prisa y por eso vamos a caminar despacio», afirmó hoy López Obrador en una entrevista radial que ofreció a una emisora de su estado natal de Tabasco, adonde llegó después de anunciar anoche que impugnaría la votación.
El líder de la izquierda mexicana señaló que todavía se está en el «proceso inicial» y evitó pronunciarse sobre la confianza que tiene en las actuaciones del tribunal electoral, aunque, añadió, «hay veces que la fuerza de la opinión pública contribuye, ayuda».
Los comicios presidenciales del 1 de julio, según el escrutinio oficial, fueron ganados por el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, con el 38,21 por ciento de los votos, seguido de López Obrador, con el 31,59 por ciento.
La izquierda mexicana sostiene que Peña Nieto obtuvo la victoria por la compra de unos cinco millones de votos, por distintos medios, entre otras irregularidades que ha denunciado y de las que asegura contar con pruebas.
«Estamos probando que no hubo voto libre porque se compraron millones de votos», afirmó hoy López Obrador, un argumento en línea con las denuncias que ha hecho desde el día de la votación.
El PRI, cuya victoria en las urnas ha sido puesta en duda por la izquierda, considera que tales acusaciones son una «aberración».
«Por supuesto que el PRI no compró 5 millones de votos, es una aberración esa acusación», afirmó hoy en declaraciones a la emisora Radio Red Luis Videgaray, quien fue el jefe de la campaña del candidato del PRI.
Videgaray también consideró aberrantes otros argumentos esgrimidos por la izquierda sobre un supuesto favoritismo de los medios de comunicación a favor de Peña Nieto, o la influencia que pudieron tener las encuestas de opinión.
La compra de votos ha marcado la historia electoral de este país, pero, según los expertos, es difícil utilizar ese recurso para invalidar unos comicios y, además, sería tan complicado demostrarlo que implicaría un proceso de muchos meses.
El extitular de la fiscalía de delitos electorales, José Luis Vargas, dijo a Efe que aunque en el pasado se han anulado algunas elecciones locales, la Constitución establece claramente que la invalidez de unos comicios presidenciales solo se puede dar cuando hay «violaciones mayúsculas» del código electoral.
Y esa norma establece que sólo se puede anular una elección presidencial cuando haya «irregularidades graves» o no se haya instalado el 25 por ciento de las mesas electorales.
Pero la alianza izquierdista encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha utilizado esa senda que marcan el artículo 99 de la Constitución y la ley electoral, y se ha amparado en el artículo 41 de la Carta Magna, que establece, entre otras cosas, que las elecciones deben ser «libres, auténticas y periódicas».
«Se están yendo por eso porque no tienen nada», agregó Vargas. «Nos están vendiendo un cuento que el PRD sabe que no existe y que es imposible porque además no han acreditado nada de lo que han dicho», añadió.
El legajo con la documentación quedó en manos del Instituto Federal Electoral (IFE), que la semana próxima lo hará llegar al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se pronuncie antes del 6 de septiembre.
El TEPJF, máximo órgano jurisdiccional en materia de comicios en México, tiene que resolver el «juicio de inconformidad» presentado por la izquierda a más tardar el 31 de agosto, con el fin de que se pueda llevar a cabo la declaración del presidente electo a más tardar el 6 de septiembre próximo.
«Todavía falta muchísimo tiempo. Tenemos prisa y por eso vamos a caminar despacio», afirmó hoy López Obrador en una entrevista radial que ofreció a una emisora de su estado natal de Tabasco, adonde llegó después de anunciar anoche que impugnaría la votación.
El líder de la izquierda mexicana señaló que todavía se está en el «proceso inicial» y evitó pronunciarse sobre la confianza que tiene en las actuaciones del tribunal electoral, aunque, añadió, «hay veces que la fuerza de la opinión pública contribuye, ayuda».
Los comicios presidenciales del 1 de julio, según el escrutinio oficial, fueron ganados por el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, con el 38,21 por ciento de los votos, seguido de López Obrador, con el 31,59 por ciento.
La izquierda mexicana sostiene que Peña Nieto obtuvo la victoria por la compra de unos cinco millones de votos, por distintos medios, entre otras irregularidades que ha denunciado y de las que asegura contar con pruebas.
«Estamos probando que no hubo voto libre porque se compraron millones de votos», afirmó hoy López Obrador, un argumento en línea con las denuncias que ha hecho desde el día de la votación.
El PRI, cuya victoria en las urnas ha sido puesta en duda por la izquierda, considera que tales acusaciones son una «aberración».
«Por supuesto que el PRI no compró 5 millones de votos, es una aberración esa acusación», afirmó hoy en declaraciones a la emisora Radio Red Luis Videgaray, quien fue el jefe de la campaña del candidato del PRI.
Videgaray también consideró aberrantes otros argumentos esgrimidos por la izquierda sobre un supuesto favoritismo de los medios de comunicación a favor de Peña Nieto, o la influencia que pudieron tener las encuestas de opinión.
La compra de votos ha marcado la historia electoral de este país, pero, según los expertos, es difícil utilizar ese recurso para invalidar unos comicios y, además, sería tan complicado demostrarlo que implicaría un proceso de muchos meses.
El extitular de la fiscalía de delitos electorales, José Luis Vargas, dijo a Efe que aunque en el pasado se han anulado algunas elecciones locales, la Constitución establece claramente que la invalidez de unos comicios presidenciales solo se puede dar cuando hay «violaciones mayúsculas» del código electoral.
Y esa norma establece que sólo se puede anular una elección presidencial cuando haya «irregularidades graves» o no se haya instalado el 25 por ciento de las mesas electorales.
Pero la alianza izquierdista encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha utilizado esa senda que marcan el artículo 99 de la Constitución y la ley electoral, y se ha amparado en el artículo 41 de la Carta Magna, que establece, entre otras cosas, que las elecciones deben ser «libres, auténticas y periódicas».
«Se están yendo por eso porque no tienen nada», agregó Vargas. «Nos están vendiendo un cuento que el PRD sabe que no existe y que es imposible porque además no han acreditado nada de lo que han dicho», añadió.
