Cada año, el Estado hondureño transfiere USD 586 millones a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). No como inversión. No como modernización. Como respiración artificial a un sistema que acumula una deuda total de USD 4,438 millones —uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública del país. Mientras tanto, el 35% de la energía generada se pierde: robada, regalada o simplemente desperdiciada. Son L 50 millones diarios que nadie cobra.
Esto no es una falla técnica. Es una decisión política que se ha tomado cada mañana durante décadas: la decisión de no decidir.
Los datos son contundentes y verificados contra fuentes oficiales del Estado. No hay margen para el debate de buena fe sobre si hay un problema. El debate real —el urgente— es si esta administración tendrá la voluntad de resolverlo.
La reforma está modelada. La hoja de ruta existe. La ley lo manda desde 2014.
Un análisis riguroso proyecta USD 3,615 millones en ahorro fiscal acumulado a diez años si se ejecuta una reforma estructural completa: separación real de generación, transmisión y distribución; operador privado bajo regulación fuerte; tarifas sociales protegidas. El contrario también está modelado: la inacción eleva el costo fiscal un 25% adicional en la próxima década. No hay escenario neutral. Cada mes sin reforma es una transferencia de recursos que debería ir a salud y educación.
Frente a esto, la ciudadanía tiene derecho a exigir más que discursos.
Exige que el Presidente convoque a todos los sectores —no para pedir permiso, sino para repartir responsabilidad. Exige un líder técnico de la reforma con mandato presidencial formal y KPIs públicos desde el día uno. Exige un portal de pérdidas en tiempo real para que cualquier hondureño pueda ver si el sistema mejora o si le están mintiendo. Exige convocatorias de rendición de cuentas cada dos meses, con el Ejecutivo, el sector privado, la academia y la sociedad civil sentados en la misma mesa.
Pero la exigencia no puede ser solo al gobierno.
El sector privado que se beneficia de contratos de generación debe estar dispuesto a renegociar condiciones inequitativas. Los sindicatos deben entender que defender el status quo de la ENEE no es defender a los trabajadores —es defender un sistema que los condena junto al resto del país. Los medios de comunicación, incluido este espacio, tienen la responsabilidad de sostener el tema más allá del ciclo noticioso. Y cada ciudadano que hace una conexión ilegal, que acepta un medidor adulterado, que mira hacia otro lado, es parte del problema.
La crisis energética de Honduras no es un accidente. Es el resultado acumulado de complicidades compartidas.
La reforma estructural es técnicamente factible, fiscalmente impostergable y, si hay liderazgo real, políticamente viable. Solo requiere tres cosas: decisión, secuencia y disciplina. Lo que no admite es más tiempo.
La pregunta no es si Honduras puede transformar su sector eléctrico. La pregunta es si quienes gobiernan hoy están dispuestos a pagar el costo político de hacerlo. Y si no lo están, que lo digan claro.
