Río de Janeiro – La Fiscalía brasileña presentó este lunes un recurso contra la decisión de un juez de primera instancia que en septiembre pasado se negó a abrirle un nuevo juicio por corrupción al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril del año pasado cumple una condena por el mismo delito.
El Ministerio Público Federal presentó su recurso ante el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (de segunda instancia) luego de que el juez séptimo federal de Sao Paulo, Ali Mazloum, considerara sin fundamento la petición de la Fiscalía para abrirle un juicio a Lula y a su hermano José Ferreira da Silva por supuestamente recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
La denuncia considerada como «inepta» y «sin justa causa» por el juez presentó cargos por el delito de «corrupción pasiva continuada» contra Lula, su hermano, el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último condenado ya por otros asuntos de corrupción.
La denuncia sostiene que el hermano de Lula, conocido popularmente como Frei Chico y un sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 un total de 1,13 millones de reales (unos 282.500 dólares) en pagos mensuales que oscilaban entre los 700 y los 1.200 dólares al cambio actual.
Esos pagos supuestamente formaban parte de un «paquete» de «ventajas indebidas» ofrecidas a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía.
Según un comunicado divulgado este lunes por la Fiscalía, el juez se negó a abrir proceso alegando, «en síntesis», que los crímenes imputados estarían prescritos» y que no hay pruebas de que Lula tenía conocimiento de los pagos que recibía su hermano.
En el recurso ante el tribunal de segunda instancia, los fiscales alegan que, «al contrario de los dicho por el juez, hay en el proceso diversas evidencias que sustentan las acusaciones, como, por ejemplo, los testimonios y los documentos que muestras que los pagos recibidos por Frei Chico estaban vinculados a diversos beneficios a Odebrecht», afirmó el Ministerio Público en su comunicado.
Los acusadores alegan que los crímenes no han prescrito y que Odebrecht recibió los beneficios entre 2003 y 2010, período del mandato de Lula.
Afirman igualmente que presentaron pruebas de que el expresidente «sabía de la mesada recibida por su hermano».
Lula cumple actualmente una pena de 8 años y 10 meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
El expresidente tiene otros procesos abiertos en la Justicia, también por asuntos relacionados con corrupción, pero se declara inocente en todos y se dice víctima de una «persecución judicial» que busca evitar su regreso al poder.
En el más reciente episodio de su embate con la Justicia, Lula rechazó a finales de septiembre la posibilidad ofrecida por los fiscales de salir de la cárcel bajo ciertas condiciones, al considerar que tanto su proceso como su condena son ilegítimos.
