Tegucigalpa – Las acciones de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, cruzaron el umbral de la ley en el ámbito administrativo y pusieron en precario el accionar la justicia, se deslinda de su renuncia ante el Congreso Nacional para evitar su destitución, tras reiteradas denuncias públicas de abusos y exceso en la ejecución de sus funciones.
– Ráquel Obando no respetó la carrera judicial y la meritocracia de los jueces para hacer los centenares de nombramientos que hizo, tachó la jueza Ana Cardona.
– La decisión anula los nombramientos, que incluye ascensos y traslados que hizo la expresidenta Ráquel Obando, y se le dio la facultad a Wagner Vallecillo para que se hicieran interinatos previo a la convocatoria a concursos para los cargos.
Este martes el pleno de la Suprema Corte decidió rescindir alrededor de 180 nombramientos que en los estertores de su presidencia hizo Ráquel Obando, quien a discreción, sin respetar la carrera judicial ni realizar los legales concursos nombró, ascendió y destituyó a jueces y otros funcionarios y empleados del Poder Judicial, según denuncias de líderes gremiales, expertos en la materia y las propias víctimas.
El magistrado Walter Miranda, en comunicación con Proceso Digital, declaró que el pleno decidió anular los nombramientos que se hicieron durante el mes de febrero a razón del decreto 10-2026 emanado del CN.
“Se sometió a votación, había dos propuestas y la propuesta de dejar sin valor y efectos estos nombramientos por la expresidenta fue la que ganó”, dijo.
También anunció que se facultó al presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, para que pueda contratar a estos empleados que se les canceló el contrato de manera interina para que este poder del Estado pueda funcionar de manera adecuada mientras se realiza una convocatoria a concurso para premiar la meritocracia.
Indicó que los empleados serán remitidos a una auditoría interna para determinar o no si sus nombramientos fueron irregulares.
Miranda pidió que la Supervisión General del Poder Judicial realice su trabajo, luego los empleados cancelados pueden presentar sus descargos al área de recursos humanos, serán remitidos a la comisión de disciplina para establecer sanción, también pueden acudir al Consejo de la Carrera Judicial y el recurso de amparo.
Nombramientos de familiares
La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Ana Cardona, le confió a Proceso Digital que la expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, nombró a cuatro parientes en los Juzgados de lo Civil.
Citó que los nombramientos los realizó desde que inició su gestión –en febrero de 2023– amparada en el decreto reformado que le daba amplios poderes para esas competencias, no obstante se establecía respetar los lineamientos ordenados en la Ley de la Carrera Judicial tomando en cuenta la meritocracia de los jueces, años de experiencia y el perfil profesional.
“Eso no lo respetó porque nunca sometió ninguna plaza a concurso para poder realizar de manera objetiva un nombramiento de jueces y magistrados, al final fue una reforma cuando se dio cuenta, lo que hizo fue nombrar de manera apresurada aproximadamente 180 jueces y magistrados”, dijo.
Cardona refirió que entre estos 180 nombramientos no se incluyen otros de personal auxiliar y administrativo que rondan los 280 expedientes.
Mencionó que en su caso ella fue degradada de un cargo en los Juzgados de Familia y fue trasladada al Juzgado de lo Civil.
“Fueron nombradas tres o cuatro en el Juzgado de lo Civil, hay una que era jueza de Paz nombrada hace dos años, ella es su sobrina política y recién con la reforma al decreto la asciende como jueza de Letras. También su hijo era su asistente, entre otros parientes que puso en el juzgado de San Pedro Sula”, detalló.
Sobre la denuncia de juicio político contra la magistrada Ráquel Obando y que no se culminó porque presentó su renuncia ante el Congreso Nacional, la jueza Cardona expresó que “entiendo que ahí hay otras situaciones que desconocemos y deben estar en la denuncia que no se terminó de leer, hay cosas que no sabemos, abusos que no salieron nunca a la luz”.
Abogó para que la gestión del presidente Wagner Vallecillo respete la carrera judicial, que someta las plazas vacantes a concursos para nombrar a jueces y magistrados por meritocracia, y no de forma “dedocrática” como lo hizo Ráquel Obando.
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Proceso de regularización
El magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz, explicó a Proceso Digital que la determinación del pleno de la CSJ no tiene nada que ver con cumplimiento o no de requisitos, lo que ocurrió fue un proceso de regularización de los acuerdos porque se ejecutaron en un periodo de transición del decreto que le restaba autorización a la presidenta y la Ley del Consejo de la Judicatura.
Señaló que el pleno determinó contrastar cada uno de los requisitos que tenían las personas que fueron nombrados en los cargos. La resolución no tiene como objetivo ver si se hicieron de manera arbitraria o ilegal, lo que busca es regularizar el tema y para ellos se tomaron dos decisiones: declarar la nulidad de los acuerdos, pero a la vez emitir un acuerdo interino para cada uno de ellos.
Díaz remarcó que a cada uno de los 180 casos se les hace un acuerdo interino y en los próximos días se convocará a un concurso para que las plazas se asignen de la forma más transparente.
Una comisión de magistrados estructurará el concurso una vez listo el protocolo, que luego será revisado por el pleno para su aprobación, desgranó.
Revisar las actuaciones de Ráquel Obando
La abogada Maribel Espinoza expresó su preocupación por el juicio político que iba a iniciar el CN contra la magistrada Ráquel Obando, pero que por razones desconocidas no se le practicó.
“El juicio político no es cualquier cosa, es una herramienta de excepcionalidad e implica en que en la denuncia deben contenerse hechos que configuren una violación grave a la Constitución de la República, un acto de negligencia grave y esos supuestos obligan al Congreso a seguir el proceso”, describió en plática con Proceso Digital.
Mencionó que el gobierno de Juan Orlando Hernández dejó establecido un reinado en la CSJ en el momento que declararon inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, pero a la par dejaron vivo un decreto y le daban poderes plenos a Rolando Argueta en ese momento y luego a Ráquel Obando después.
Citó que cuando fue diputada propuso eliminar ese decreto transitorio, pero como la que estaba en el poder era la nombrada por Libre, entonces se hizo caso omiso a la propuesta.
Caviló que si la expresidenta Ráquel Obando hizo nombramientos sin concursos lesionó derecho a otros aspirantes. “Si ella hizo nombramientos después que perdieron las elecciones para emplear personas con el ánimo de emplear militantes sin criterio de objetividad, pues definitivamente hay que revisar todo eso”, asistió.
“Lo que vemos son politiquerías porque no hay una seriedad ni hay intención de fortalecer las instituciones del Estado. Los entes del Estado se fortalecen cuando la ley es la norma que debe de primar en todo, no por conveniencias políticas”, puntualizó. PD
