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La economía de la corrupción

Por: Julio Raudales

Tegucigalpa.- La sociedad hondureña ha sido debidamente entretenida durante los últimos días.

¡No nos podemos quejar! Si bien no hay pan, al menos hemos tenido circo.

Extasiados, los catrachos de todas las edades y estatus hemos presenciado la captura y sometimiento a la vindicta de personalidades relevantes del mundo de la política y de los negocios implicadas en delitos de soborno, extorsión y malversación. ¡Y faltan más! Ya pululan en las redes sociales los nombres y supuestos hechos delictivos de muchos y muchas. ¡Pronto sabremos si sí o si no!

Pero, más allá de los rumores y conatos de escándalos que han saturado los diarios, telenoticieros y redes, debemos convenir en que la corrupción tiene un fuerte impacto en la ya turbulenta vida de la gente y quizás valga la pena preguntarse y reflexionar de forma rigurosa, cual es el efecto que los actos de corrupción y sobre todo la impunidad de ellos tiene en la economía: Cómo afecta a las finanzas públicas, a la distribución de la riqueza y a la libre competencia entre empresas. ¡En fin! ¿Cuánto más pobre es Honduras debido a éstos terribles vicios del comportamiento público?

Entre las prácticas corruptas más habituales se encuentra la utilización de un cargo público para beneficio propio. Quienes buscan enriquecerse a costa de un puesto de responsabilidad pública, provocan un sobreprecio en las obras y servicios públicos. Ese sobreprecio, desgraciadamente es pagado por los ciudadanos, dado que repercute en un mayor coste para las administraciones públicas. Por otra parte, las decisiones corruptas provocan que se ignoren las normas de calidad y seguridad de muchos servicios e instalaciones que deberán ponerse a disposición de la ciudadanía.

Otro claro ejemplo, es la construcción de grandes obras que se financian de forma injustificada que suponen enormes costes para el erario y que no generan ningún beneficio social ni ninguna rentabilidad económica. Estas decisiones, no solo provocan impactos negativos en las cuentas públicas, si no que pueden perjudicar al medio ambiente. ¿Hemos evaluado el costo social de una obra que no tiene mayor significancia social, en relación a su costo de oportunidad?


En un sistema económico eficiente, es fundamental que haya libre competencia, es decir, muchas empresas que ofrezcan sus bienes y servicios a muchos demandantes. Otro de los lastres que supone la corrupción es que perturba ésta libertad, lo cual provoca graves ineficiencias económicas, sobrecostes y reduce la efectividad de las políticas económicas.

En la adjudicación de obras y servicios públicos siempre ganará el empresario que tenga el favor del político corrupto. Esto implica que los empresarios no competirán en igualdad de condiciones a la hora de acudir a un concurso de obra o serviciopúblico.

La corrupción además, lastra gravemente la imagen de un país, ahuyentando la inversión. El hecho de vivir en un país cuyas leyes no garantizan una seguridad mínima y una competencia justa a las empresas, hace que muchas compañías, por razones éticas y de seguridad en sus propios negocios, decidan no operar causando un grave detrimento en la inversión.

Una de las nefastas consecuencias de la corrupción es que se generan cantidades de dinero opacas. El dinero de los sobornos se oculta al fisco y se desvía a paraísos fiscales. Esto provoca que haya una caída de la recaudación, originando una mayor carga para los contribuyentes.

¿Qué podemos hacer frente a la corrupción? ¿Cómo evitar que la sociedad y la economía se resientan por culpa de estas prácticas ilegales e inmorales? Si bien la MACCIH es un excelente principio, creo que debemos ahondar en la consolidación de una cultura de transparencia y la educación de los ciudadanos en valores que les enseñe a repudiarla.

Por otra parte, desde el punto de vista de la empresa privada es muy positivo contar con un código ético bien definido, hacer que este código se cumpla y no quede en papel mojado. Es importante que toda empresa cuente con un equipo de compliance, es decir, abogados especializados en la prevención, detección y vigilancia de delitos en el seno de las organizaciones empresariales.

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