Tegucigalpa – Las autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), le solicitaron al Congreso Nacional efectuar un trabajo más efectivo en su misión de contribuir a la permanente depuración de la Policía.
La institución creada hace más de un mes y que tiene como propósito velar por un buen funcionamiento y evaluación de los agentes del orden el país, se reunieron con miembros de las Comisiones legislativas de Seguridad y Presupuesto del Congreso Nacional, a fin de plantear la revisión del marco jurídico que dio vida a la institución.
La reunión sirvió también para que los congresistas conocieran las necesidades presupuestarias de la DIECP, en vista que la asignación de 30 millones que se estableció en el decreto de creación, no permiten cubrir todos los programas y proyectos que se ejecutarán en el marco del mandato legal que dieron los legisladores a la recién creada institución.
El Director Nacional de la DIECP, Óscar Manuel Arita, y el Director Nacional Ajunto, Eduardo Villanueva, expusieron a los legisladores las barreras jurídicas que se han encontrado en el contexto del decreto legislativo 198-2011 y las enmiendas que es necesario hacer para darle a la DIECP un poder más determinante en las resoluciones que adopte.
La DIECP es un ente desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, encargado de investigar los delitos y faltas cometidas por miembros de la carrera policial, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público, así como de vigilar permanentemente la conducta de estos, con la finalidad de implementar y ejecutar procesos constantes de depuración policial.
En el caso de la DIECP, explicaron que se presenta una legislación dispersa y contradictoria, sin cuya armonización podrían volverse ineficaces y carentes de efectividad las funciones de investigación y evaluación que le han sido encomendadas a la DIECP para separar aquellos miembros de la policía encontrados en la comisión de determinada falta o delito.
“En otras palabras sino se hacen las correcciones necesarias en la legislación, ocurriría lo que ya ocurrió en el pasado, o sea, serían separados los malos policías, pero luego de algún tiempo podrían regresar al servicio, con lo cual se provocaría una burla a los anhelos de la población hondureña y se generaría un desperdicio de recursos humanos y materiales”, señalaron en su exposición.
Investigación de patrimonio familiar
Asimismo, se planteó que se contemple la posibilidad de otorgar a la DIECP facultades para extender los estudios socioeconómicos y patrimoniales que se harán a los policías, también a las personas del grupo familiar del servidor policial investigado o evaluado, en vista que existen muchas formas de encubrir los bienes y el dinero adquirido de forma ilícita, una de la más común es traspasarlos a familiares y amigos.
Además se propuso legislar para que el procedimiento de defensa del servidor policial que señala la Ley de la Administración Pública no sea aplicable a la DIECP, por existir en la Ley Orgánica de la Policía un procedimiento similar y ambos conducen a la vía de lo Contencioso Administrativo, lo cual resulta redundante.
La reunión sirvió también para que los congresistas conocieran las necesidades presupuestarias de la DIECP, en vista que la asignación de 30 millones que se estableció en el decreto de creación, no permiten cubrir todos los programas y proyectos que se ejecutarán en el marco del mandato legal que dieron los legisladores a la recién creada institución.
El Director Nacional de la DIECP, Óscar Manuel Arita, y el Director Nacional Ajunto, Eduardo Villanueva, expusieron a los legisladores las barreras jurídicas que se han encontrado en el contexto del decreto legislativo 198-2011 y las enmiendas que es necesario hacer para darle a la DIECP un poder más determinante en las resoluciones que adopte.
La DIECP es un ente desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, encargado de investigar los delitos y faltas cometidas por miembros de la carrera policial, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio Público, así como de vigilar permanentemente la conducta de estos, con la finalidad de implementar y ejecutar procesos constantes de depuración policial.
En el caso de la DIECP, explicaron que se presenta una legislación dispersa y contradictoria, sin cuya armonización podrían volverse ineficaces y carentes de efectividad las funciones de investigación y evaluación que le han sido encomendadas a la DIECP para separar aquellos miembros de la policía encontrados en la comisión de determinada falta o delito.
“En otras palabras sino se hacen las correcciones necesarias en la legislación, ocurriría lo que ya ocurrió en el pasado, o sea, serían separados los malos policías, pero luego de algún tiempo podrían regresar al servicio, con lo cual se provocaría una burla a los anhelos de la población hondureña y se generaría un desperdicio de recursos humanos y materiales”, señalaron en su exposición.
Investigación de patrimonio familiar
Asimismo, se planteó que se contemple la posibilidad de otorgar a la DIECP facultades para extender los estudios socioeconómicos y patrimoniales que se harán a los policías, también a las personas del grupo familiar del servidor policial investigado o evaluado, en vista que existen muchas formas de encubrir los bienes y el dinero adquirido de forma ilícita, una de la más común es traspasarlos a familiares y amigos.
Además se propuso legislar para que el procedimiento de defensa del servidor policial que señala la Ley de la Administración Pública no sea aplicable a la DIECP, por existir en la Ley Orgánica de la Policía un procedimiento similar y ambos conducen a la vía de lo Contencioso Administrativo, lo cual resulta redundante.
