La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en un nuevo informe «la grave escalada de la represión» en Nicaragua en forma de detención de precandidatos a cargos públicos, defensoras de Derechos Humanos y periodistas independientes.
La CIDH ha manfiestado así su «enérgica condena» por la actuación de las autoridades «en los últimos días» en referencia a la detención de varias figuras de la oposición con vistas a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, el último de ellos el exministro de Educación Humberto Belli.
La Comisión se ha referido a la «detención y criminalización» de los precandidatos Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y ha enumerado a una serie de líderes «y lideresas políticos y personas defensoras de Derechos Humanos» detenidos entre el 8 y el 14 de junio.
«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», ha señalado el organismo internacional en un comunicado.
Estos casos, menos el de Cristiana Chamorro, se amparan en supuestos actos tendientes a «menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».
Además, la CIDH denuncia el «empleo desproporcionado de la fuerza» por parte de los agentes que han realizado las detenciones y la irrupción en sus domicilios «sin mediar orden judicial».
De varios de los detenidos no se tiene noticia desde hace más de diez días y estarían en aislamiento y sin posibilidad de contactar con sus representantes legales.
«Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho», sostiene la CIDH, que cifra en al menos 328 los fallecidos como consecuencia de acciones de las fuerzas de seguridad y en más de 2.000 las personas heridas.
Hay más de 100.000 personas que han emigrado a otros países y son más de 1.600 las personas privadas de libertad ilegal y arbitrariamente, de las que 124 permanecen privadas de libertad.
