“El tiempo dirá si esta vez la promesa anticorrupción fue solo otro eslogan de campaña o si, por primera vez, el poder político se atreverá a someterse a un escrutinio que no controla. Porque si la CICIH vuelve a quedarse en el discurso, Honduras no solo habrá perdido una oportunidad histórica: habrá confirmado que la corrupción sigue siendo una política de Estado.”
Cada gobierno que llega al poder en Honduras crea sus propios programas y políticas para combatir la corrupción, pero al final estos terminan siendo ineficaces o sirviendo para encubrir a los grandes ladrones de cuello blanco, mediante argucias jurídicas, reformas espurias y maniobras dentro del ya corroído sistema de justicia hondureño.
En 2016, durante su primer mandato, Juan Orlando Hernández accedió a crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), orillado por la creciente presión ciudadana y por el movimiento de las antorchas, que exigía castigo para los responsables del multimillonario saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La MACCIH tuvo una vida corta. En 2020 fue cerrada tras la decisión del gobierno de Hernández de no renovar el convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA). Las razones fueron múltiples, pero la principal fue que la Misión le pisaba peligrosamente los talones a varios funcionarios implicados en graves actos de corrupción.
La salida de la MACCIH fue un duro golpe para la lucha contra la corrupción en el país y generó un profundo sentimiento de frustración ciudadana. Sin embargo, también reactivó la demanda social de crear un mecanismo internacional independiente que permitiera enfrentar las redes de corrupción enquistadas en el aparato estatal, similar al que operó con relativo éxito en la vecina Guatemala.
En ese contexto, durante las elecciones de 2021 los hondureños eligieron a Xiomara Castro con un mandato claro: instalar una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). En su discurso de toma de posesión, la entonces presidenta se comprometió a que la CICIH estaría en funcionamiento dentro de sus primeros 100 días de gobierno.
Pero los días pasaron, luego los meses y finalmente los años. Las excusas se volvieron recurrentes y la promesa se fue diluyendo. Esa dilación terminó convirtiéndose en una de las principales razones por las que los hondureños dieron la espalda, de forma humillante, a las aspiraciones continuistas del partido Libertad y Refundación (Libre).
Con la asunción de un nuevo gobierno, la expectativa de retomar la creación de una misión internacional anticorrupción se ha reavivado, sobre todo tras salir a la luz el saqueo en el Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), desde donde se desviaron fondos públicos para enriquecer a un grupo de diputados del oficialismo y financiar la campaña política del partido en el poder.
El caso de SEDESOL y otros que inevitablemente irán surgiendo conforme el periodismo hondureño y la ciudadanía accedan a información que el gobierno de Xiomara Castro mantuvo reservada, en abierta contradicción con su promesa de transparencia, seguirá exponiendo el monumental latrocinio de la administración saliente. Esto aumentará la presión sobre el nuevo gobierno para retomar la creación de un mecanismo verdaderamente independiente que enfrente al monstruo de la corrupción.
A nivel interno, resulta prácticamente imposible que haya avances sustantivos en esta lucha, que según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) le cuesta al país más de 50,000 millones de lempiras anuales. Las razones son evidentes: el sistema de justicia continúa secuestrado por las cúpulas partidarias interesadas en perpetuar la impunidad.
El actual Ministerio Público, dirigido por un activista y militante político como Johel Zelaya, difícilmente se atreverá a emprender una cruzada anticorrupción que lleve a la cárcel a los responsables de los saqueos cometidos por todos los gobiernos, y en especial por miembros de su propio partido. A ello se suma una Corte Suprema de Justicia cooptada por la administración saliente.
De hecho, en círculos políticos se comenta que ya existe un acuerdo partidario para mantener a Johel Zelaya en su cargo y blindarlo de un juicio político que ha cobrado fuerza en el Congreso, debido a sus actuaciones sesgadas y partidarias durante el pasado proceso electoral, en el que jugó un papel clave para boicotear y descarrilar las elecciones, en consonancia con el plan de Manuel Zelaya Rosales.
Lo que genera particular preocupación es que la administración nacionalista de Nasry Asfura no haya hablado con claridad sobre los pasos iniciales para traer la CICIH a Honduras, ni haya incluido el tema entre sus primeras acciones de gobierno, pese a que fue una promesa explícita de campaña.
Por el contrario, el Ejecutivo ha derivado el tema hacia la creación de una Ley de Transparencia, Anticorrupción y Antisoborno, que sería impulsada por la Procuraduría General de la República, actualmente dirigida por el abogado Dagoberto Aspra, exjefe de investigación del CNA.
Aspra goza de una reconocida reputación en la lucha anticorrupción y tiene la capacidad de liderar esa iniciativa. No obstante, la lucha contra la corrupción va mucho más allá de una ley en la que el propio gobierno termine siendo juez y parte.
A mi juicio, se requieren acciones mucho más profundas: una reforma integral al sistema de justicia, la aprobación de la postergada Ley de Colaboración Eficaz y el inicio serio de conversaciones con la ONU para retomar las tareas pendientes que permitan, eventualmente, la creación de la CICIH.
Los primeros mensajes de la administración entrante no generan entusiasmo ni esperanza. Sin embargo, aún es prematuro afirmar que Nasry Asfura incumplirá un compromiso cuya ausencia fue determinante para la estrepitosa derrota del partido Libre.
El tiempo dirá si esta vez la promesa anticorrupción fue solo otro eslogan de campaña o si, por primera vez, el poder político se atreverá a someterse a un escrutinio que no controla. Porque si la CICIH vuelve a quedarse en el discurso, Honduras no solo habrá perdido una oportunidad histórica: habrá confirmado que la corrupción sigue siendo una política de Estado.
