Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Por Lilian Bonilla) – Las disparidades salariales dentro del Estado no son nuevas, pero siguen revelando un desorden profundo. El caso más evidente: instituciones públicas quebradas donde un conserje o un conductor puede ganar más de 50 mil lempiras, mientras profesionales con maestría en otras dependencias oficiales apenas se acercan —o ni siquiera alcanzan— esa cifra.
– Una política salarial adecuada está estrechamente vinculada con el ordenamiento de las finanzas públicas y el desempeño macroeconómico: OIT
– Un conserje, un conductor de vehículos que gana más que un profesional con maestría, un director de división que gana más que el presidente de la República: la desigualdad salarial en el Estado.
– Pese a la narrativa del gobierno de achicar su aparato estatal, el presupuesto 2026 tendrá un incremento de 14 mil millones de lempiras en relación con el aprobado en 2025.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que una política salarial coherente es clave para el orden fiscal y el desempeño macroeconómico. En Honduras, esa coherencia está lejos de alcanzarse.
Las distorsiones son tan marcadas que, en algunos entes, un director de división supera el salario del propio presidente de la República. Y aunque el gobierno sostiene que busca “achicar” el aparato estatal, el presupuesto 2026 crecerá en 14 mil millones de lempiras respecto al aprobado en 2025.
La escena se repite en varias instituciones. No es un caso aislado, sino un síntoma de un problema estructural que erosiona la eficiencia del Estado y presiona las finanzas públicas.
Uno de los ejemplos más señalados es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). A pesar de su crisis financiera, mantiene estructuras salariales que desafían la realidad económica del país. Con solo una revisión del portal de transparencia muestra la realidad directores de división con ingresos superiores a los 120 mil lempiras mensuales, mientras profesionales altamente calificados en otras áreas del gobierno reciben mucho menos.
Estas brechas no solo evidencian desigualdad. También revelan un Estado sin reglas claras, sin criterios técnicos y sin una política salarial que responda al interés público. Un Estado donde el desorden se vuelve norma y la sostenibilidad fiscal, una meta cada vez más lejana.
La escena no es aislada. Se repite, con matices, en varias entidades públicas y refleja una de las distorsiones más profundas del aparato estatal hondureño.
Un sistema sin orden ni coherencia
El problema no se limita a una institución. El sistema salarial del sector público en Honduras arrastra un histórico desorden caracterizado por escalas diferenciadas, bonos discrecionales y beneficios que no siempre responden a criterios técnicos, de desempeño o competencias.
Esta falta de uniformidad ha generado brechas internas difíciles de justificar. En muchos casos, funcionarios que realizan tareas similares reciben remuneraciones radicalmente distintas, dependiendo de la institución donde laboran o de factores políticos más que profesionales.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, sostuvo en entrevista con Proceso Digital, que este escenario refleja la ausencia de una política salarial integral. A su juicio, mientras el Gobierno habla de orden fiscal, también debería ordenar la estructura de remuneraciones.
Castillo advierte que, en varias instituciones, especialmente descentralizadas, se han aprobado incrementos “abruptos” y en algunos casos “estratosféricos”, incluso para personal sin las competencias requeridas. “Sin una ley uniforme de salarios, las distorsiones seguirán profundizándose”, señaló.
Entre élites salariales y desigualdad
El sistema actual también ha dado lugar a lo que analistas denominan “élites salariales” dentro del sector público. Instituciones como el Banco Central de Honduras (BCH), el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CHBS), entre los más notables, presentan niveles salariales significativamente superiores al promedio del resto de la administración pública, incluso superando con creces el salario de los presidentes de los tres poderes del Estado.
Esto genera inequidades difíciles de justificar, especialmente cuando profesionales con formación similar reciben remuneraciones muy distintas por funciones comparables.
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Crece la planilla y la presión fiscal
El impacto del modelo actual en el Gobierno de contrataciones y despidos cada cuatro años sin tomar en cuenta carrera administrativa no solo es ético o administrativo, sino también fiscal. Entre 2021 y 2025, durante la administración del izquierdista partido Libre y presidida por Xiomara Castro, la nómina estatal creció un 44 %, alcanzando cerca de 110 mil millones de lempiras.
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En entrevista con Proceso Digital, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Henry Rodríguez, advierte que este crecimiento responde no solo a ajustes salariales, sino también a la expansión del aparato estatal sin controles claros.
“El problema no es sólo cuánto se paga, sino cómo se asignan los puestos. La Ley de Servicio Civil es obsoleta y no cubre los cargos de confianza, lo que permite nombramientos sin criterios técnicos”, explicó.
En sus declaraciones, Rodríguez insiste en que Honduras necesita una normativa moderna basada en la meritocracia, que defina perfiles, competencias y escalas salariales. De lo contrario, asegura, persistirá la discrecionalidad en la contratación y el pago de salarios.
La masa salarial, un “tormento” para la economía
El economista Julio Raudales, académico y con experiencia en la administración pública, coincide en que la situación ha alcanzado niveles críticos. A su juicio, la masa salarial del Estado se ha convertido en un “tormento” para la economía nacional.
Raudales advierte que mientras la mayoría de los empleados públicos percibe ingresos por debajo de sus competencias, existe un grupo reducido de funcionarios con salarios desproporcionados. Haciendo mención a las instituciones de “elite” refirió que, al menos una veintena de cargos dentro de la estructura estatal reciben ingresos que oscilan entre 200 mil y 340 mil lempiras mensuales.
El incremento constante en la planilla, sumado a la creación de nuevas instituciones en los últimos 10 a 15 años, ha limitado la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, mejorar servicios públicos y apostar por la tecnología, subrayó.
Ajustes sin reforma estructural
En la actual administración del presidente Nasry Asfura, se han impulsado medidas orientadas a reducir el tamaño del Estado mediante la fusión o cierre de instituciones. Sin embargo, los expertos coinciden en que estos esfuerzos serán insuficientes si no se acompaña de una reforma estructural del sistema salarial.
Rodríguez advierte que, sin reglas claras, el ciclo se repite: despidos seguidos de nuevas contrataciones, muchas veces por afinidad política. “El desorden se mantiene porque no existe una normativa que obligue a cumplir criterios técnicos”, apuntó.
La deuda pendiente: modernizar el Servicio Civil
Uno de los principales vacíos es la falta de modernización del sistema de Servicio Civil. La ausencia de un modelo basado en mérito ha debilitado la profesionalización del Estado y ha abierto espacio a contrataciones discrecionales.
Además, la rotación constante de personal técnico genera ineficiencias. Cada cambio de gobierno implica una nueva curva de aprendizaje, lo que retrasa procesos y afecta la ejecución presupuestaria.
Castillo coincide en que esta situación debilita la institucionalidad y afecta la sostenibilidad fiscal. “No se puede hablar de eficiencia del gasto si no hay coherencia en la política salarial”, sostiene.
¿Reforma posible?
El consenso entre los expertos es que Honduras necesita una política salarial unificada, acompañada de una reforma profunda al Servicio Civil que establezca escalas claras, criterios de mérito y mecanismos de transparencia.
Sin embargo, los desafíos son tanto técnicos como políticos. Intereses sindicales, estructuras consolidadas y la falta de voluntad política han frenado intentos anteriores de reforma.
Aun así, los especialistas coinciden en que no es imposible. “El país ya tiene ejemplos de sistemas escalafonados que funcionan. Lo que falta es decisión para llevar ese modelo al resto del Estado”, concluyó Rodríguez.
Mientras tanto, la realidad sigue mostrando contrastes difíciles de ignorar: en un mismo Estado conviven salarios que premian la preparación… y otros que evidencian un sistema que, lejos de ordenar, profundiza la desigualdad.
Según la Organización Internacional del Trabajo OIT (Políticas salariales, incluidos los salarios vitales/Ginebra 2024), las políticas salariales deben equilibrar las necesidades de los trabajadores y sus familias con los factores económicos, con el fin de garantizar un nivel de vida digno sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.
Sin embargo, en contextos como el hondureño, este equilibrio suele romperse. El informe en mención también advierte que una política salarial adecuada está estrechamente vinculada con el ordenamiento de las finanzas públicas y el desempeño macroeconómico, ya que contribuye a una distribución más equitativa del ingreso, fortalece la demanda interna y reduce la pobreza laboral. LB
