Lima – El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afrontará un segundo proceso de destitución por el Congreso de su país, que aprobó hoy una moción para debatir el cese del mandatario por su «incapacidad moral» a raíz su vinculación con la constructora brasileña Odebrecht en los últimos 14 años.
Kuczynski, elegido en 2016 para gobernar hasta el 2021, se presentará nuevamente ante el pleno del Parlamento, en un plazo máximo de diez días, para defenderse del «pedido de vacancia» (como se conoce en Perú al proceso) por «permanente incapacidad moral», como ya hizo con éxito hace apenas tres meses.
El pedido de destitución responde a las asesorías financieras que Kuczynski hizo para Odebrecht por 782.000 dólares entre 2004 y 2007, a través de su empresa Westfield Capital cuando era administrada por su socio chileno Gerardo Sepúlveda.
En esa época, Kuczynski era ministro del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), denunciado a su vez por presuntamente recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht.
Precisamente hoy, Kuczynski respondió a un interrogatorio del fiscal Hamilton Castro sobre el presunto soborno a Toledo para adjudicar la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur a Odebrecht en 2004.
Tras la diligencia, el jefe de Estado escribió, en Twitter, que no tiene «nada que ocultar» y que está «dispuesto a declarar con total transparencia ante las instancias correspondientes».
Mañana, el mandatario también declarará en la comisión Lava Jato del Congreso que investiga las denuncias de corrupción contra funcionarios peruanos vinculados a Odebrecht y otras empresas brasileñas.
El pedido de destitución presidencial también se basa en 140 transferencias bancarias en cuentas de Kuczynski que presuntamente lo involucran con Odebrecht, Westfield y First Capital, la consultora de Sepúlveda, según un reporte que el Banco de Crédito del Perú (BCP) entregó a la Fiscalía peruana.
Asimismo, Odebrecht entregó un aporte de 300.000 dólares a la campaña electoral de Kuczynski en 2011, comicios en los que ganó Ollanta Humala (2011-2016), según la declaración del exdirectivo de la compañía en Perú, Jorge Barata, a fiscales peruanos.
Durante el pleno de hoy, la moción de vacancia recibió el respaldo de 87 congresistas, mientras que 15 votaron en contra y 15 se abstuvieron.
El legislador opositor César Villanueva, promotor de la vacancia, afirmó que «no estamos causando el caos, (pues) el caos ya está dado» y recomendó resolver el pedido lo más pronto posible.
Su colega del izquierdista Frente Amplio, Wilbert Rozas, declaró que «quien miente y roba tiene incapacidad moral» y que el proceso iniciado por el Congreso responde al control político a la máxima autoridad del país.
Rozas señaló que «la lealtad», pedida por el Ejecutivo, «no tiene que ser con el grupo corrupto, con la camarilla, sino con el pueblo y la Constitución por la que han jurado».
Por su parte, la legisladora oficialista y primera ministra, Mercedes Aráoz, pidió que «que la venganza del indulto no se realice», en alusión al rechazo en varios grupos políticos por el indulto otorgado por Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori.
Aráoz añadió que «la moción de vacancia no está fundamentada adecuadamente» debido a que se reiteran hechos de la vacancia anterior.
En el mismo sentido, el portavoz de la bancada oficialista Gilbert Violeta, declaró que el verdadero motivo del pedido de vacancia es el indulto a Fujimori, otorgado por Kuczynski días después de salvarse de un primer intento del Congreso por destituirlo en diciembre pasado.
«Que no nos engañen, el tema de fondo es el indulto a Fujimori», afirmó Violeta y se preguntó si «el partido fujimorista Fuerza Popular se va a plegar a las personas que generan una lucha política contra el indulto» al exmandatario.
El parlamentario aseguró que los promotores de la vacancia tienen «una clara vocación de llevar el Parlamento hacia un camino dictatorial, en una suerte de dictadura parlamentaria».
El jefe de Estado se salvó de un primer pedido de destitución en diciembre con la abstención del legislador Kenji Fujimori y otros nueve colegas disidentes del fujimorismo, y días después le otorgó el indulto humanitario al expresidente Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de cárcel.
