Justicia hondureña se dilata en favor de poderosos

Tegucigalpa – Muy bien lo dijo Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Sus palabras cogen auge hoy en Honduras, país ubicado en el corazón de América, donde la aplicación de la ley se dilata y adquiere matices de impunidad, un cáncer que carcome la sociedad y las instituciones públicas.  
 

Para muestra un botón: el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, se presentó en las últimas horas a la audiencia de declaración de imputados, sin embargo esta no pudo realizarse porque los abogados del ex funcionario interpusieron escritos basados en ley para posponer la cita judicial.
 
Enrique-Flores-LanzaEsto ha pasado con el ex hombre fuerte de la administración Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en los últimos cinco años. Flores Lanza está acusado por malversar fondos públicos en el caso conocido como “El Carretillazo”, que también salpica a una veintena de ex funcionarios de la gestión del Poder Ciudadano.
 
Una abogada penalista consultada por Proceso Digital, dijo que es el único caso que conoce en la historia de Honduras que un imputado no ha podido presentarse a la audiencia de declaración de imputados en un quinquenio.
 
Explicó que las dilaciones en un juicio pueden ser atribuidas al juzgado, al Tribunal o a la defensa del imputado, según sea el caso.
 
“Me parece que en el caso específico de Flores Lanza, quien hace uso correcto de los recursos que la ley le asiste, gana tiempo e impunidad.
 
Quizás espera el momento oportuno que su caso sea traspasado a otro juez afín a su persona y éste le ofrezca un trato más especial, totalmente diferente a las condiciones planteadas en este momento”, detalló la togada.
 
A renglón seguido, explicó que muchas veces tiene que ver con la astucia de la defensa para alargar los procesos con fines meramente estratégicos, aunque también criticó a la Corte Suprema de Justicia porque muchas veces demoran en resolver los recursos interpuestos por el cuerpo de abogados del imputado.
 
En tanto, la lectura de sentencia para el subcomisario de policía, Normando Rafael Lozano López, acusado por lavado de activos, también se tuvo que reprogramar para octubre próximo, debido a que la juez goza de licencia por maternidad.
 
“En el caso de las enfermedades, la ley permite que se pospongan las audiencias y en eso no le veo mayor problema”, dijo la abogada penalista, al tiempo que agregó que cuando una jueza sabe que va de licencia por maternidad “perfectamente pudo haber dejada firmada la sentencia”.
 
Ley permite todas estas tácticas dilatorias
 
Mario-Diaz-presidente-de-CJEl presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, Mario Díaz, justificó que la ley otorga determinados recursos legales a los intervinientes en el proceso penal. “Éstos pueden valerse de múltiples opciones cuando sientan que sus derechos no están siendo debidamente tutelados por el órganos judicial”, explicó.
 
Díaz reconoció que le corresponde al juez determinar si los recursos están basados en ley o si el interés es darle largas al proceso judicial.
 
A la consulta del porqué los juicios contra ciudadanos comunes y corrientes siguen su curso normal, el profesional del derecho mencionó que “eso se debe a la calidad de defensas que tienen estas personas procesadas”.
 
Refirió que “muchos jueces que litigan de una manera diferente a las que lo hacen otros, ¿en qué sentido? En que buscan todos los mecanismos que la ley le permite para poder establecer sus estrategias de defensa, muchas veces tiene que ver con esto”.
 
carretillazoEl presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, evitó referirse al caso específico del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien tiene cinco años de visitar los juzgados, pero sin poder someterse a la audiencia de imputados (primer paso en un juicio) en el caso conocido como “El Carretillazo”.
 
“En este caso no me puedo pronunciar porque eventualmente puede llegar a conocimiento nuestro, no me puedo pronunciar en este caso particular ya que puede ir a parar al Tribunal de Sentencia y si me pronuncio tendría que apartarme de conocerlo”, aseveró.
 
Justificó que cuando los casos judiciales son mediáticos “el juez se enfrenta a distintos medios de presión, aquí no sólo se enfrenta al propio imputado, si no mucho al público que está pendiente del mismo e incluso a medios de comunicación.
 
Consecuentemente la conducta del juez será diferente si se trata de un delito menor, es decir el juez debe tener mayor sentido de responsabilidad para determinadas situaciones”.
 
Puntualizó que el alargamiento de juicios en Honduras es normal porque están enmarcadas en el Código Procesal Penal.
 
“Es una práctica normal de los tribunales y le puedo decir que nuestro Código Procesal Penal ha venido a disminuir esos períodos dilatados, ahora los juicios no se tardan tanto en comparación hasta hace unos años”, concluyó.
 
Viejo sistema inquisitivo empieza a develar sus consecuencias
 
Para el analista nacional Raúl Pineda Alvarado, el retardo de los juicios se presenta por el exceso de trabajo que tienen los jueces originados por la reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal que ha propiciado un aumento en el número de casos a juzgar y no se han incrementado los jueces para impartir justicia.
 
“Otro fenómeno que se da es el juego del gato y el ratón, la administración de justicia se convierte en una amenaza para impresionar o amedrentar a determinados sectores, en los que aparte de la infracción penal se encuentra el ingrediente político”, arguyó.
 
Otro de los puntos que destacó Pineda Alvarado es la falta de motivación de los jueces en torno a las enormes exigencias formales que les piden para emitir las sentencias, lo que determina que el trabajo para ellos es ciertamente agobiante.
 
“La contrarreforma procesal que se hizo en 2013, en la que se cambió el sistema que antes era garantista y permitía que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla… ahora volvimos al viejo sistema inquisitivo que está empezando a develar sus consecuencias negativas derivando en que la administración de justicia, que sistémicamente ha sido bastante lenta, hoy aumente la mora judicial, el hacinamiento en centros penales y el descrédito en el trabajo de jueces y magistrados”, detalló el también profesional del derecho.
 
Pineda Alvarado remarcó que cuando hay retardo en la justicia se le causa daño a la sociedad y a la propia legitimidad del Poder Judicial.
 
“Hay que salir de estos temas cuanto antes, castigar al que hay que castigar y absolver al que se debe absolver porque si no se convierte en caldo de cultivo de rencores y venganzas que pudieran aflorarse en determinados momentos cuando haya cambio político en la ostentación del poder”. 
 

 

Inaudito
 
La semana anterior el presidente Juan Orlando Hernández criticó el desempeño de algunos operadores de justicia y refirió que “es inaudito que pasen cinco años, nueve años y no se produzca justicia, eso no hay forma de explicarlo”.
 
Así reaccionó el gobernante Hernández luego de sostener una reunión con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y miembros de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional que conoció un informe de la Fiscalía sobre 13 casos emblemáticos de corrupción ocurridos en los últimos 10 años, la mayoría de estos en total impunidad.
 
En tanto, en la presente semana las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura anunciaron que “tampoco les temblará la mano” para destituir o suspender a jueces involucrados en el retardo de justicia.
 
“Vamos a ser contundentes como lo hemos sido hasta ahora porque desde el inicio nos comprometimos con el pueblo hondureño de dejarle la mejor justicia y no vamos a descuidar estos casos”, apuntó siempre en base al informe de la Comisión Multipartidaria.
 
De su lado, otro miembro del Consejo de la Judicatura, Francisco Quiroz, dijo que vienen auditorías a nivel nacional. “Queremos saber qué está pasando en todas las judicaturas a nivel nacional, queremos que bajen las moras (judiciales) y este es el momento”, indicó.
 

“En los próximos días tendremos informes de los jueces que han estado retardando los fallos judiciales”, manifestó al tiempo que agregó que hay casos que algunas audiencias se programan para dentro de uno o dos años, lo que se traduce en retardo de justicia.

 

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