Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La figura del juicio político se ha estrenado en Honduras generando un revuelo entre las élites políticas y sociales del país acerca de la nueva reconfiguración política del poder a manos del bipartidismo que logró, en los comicios generales de noviembre de 2025, arrancar el poder y el control de la institucionalidad a la izquierda representada por Libertad y Refundación (Libre) a través del voto popular que les dio una catastrófica derrota. El pueblo en las urnas cerró filas en contra de Libre por su autoritarismo y abuso en el poder.
Libertad y Refundación intentó en 11 oportunidades aplicar la figura del juicio político contra determinados actores políticos, pero no obtuvo la mayoría calificada en el congreso nacional que estipula la ley. Libre no pudo lograr los consensos en un hemiciclo caracterizado por el caos y el autoritarismo de la junta directiva que persiguió, hostigó y amenazó a la oposición política sin que los actos de violación a sus derechos fueran investigados pese a las pruebas existentes.
La arrogancia de Libre en el poder y en el parlamento es recordada por los legisladores reelectos, quienes recuerdan los atropellos a que fueron sometidas las mujeres parlamentarias, las agresiones físicas a otros parlamentarios y la bomba molotov que afectó a una de las diputadas haciéndola perder la audición en uno de sus oídos en más de un 70 por ciento. Ninguno de estos hechos obtuvo justicia.
Se suma a ello las amenazas a los sectores que luchan contra la corrupción, a los medios de comunicación y el alineamiento hacia los poderes ejecutivo y judicial en contra del proceso electoral junto al Ministerio Público.
Hoy, dentro de esa reconfiguración del poder político en el país, las fuerzas representadas en el bipartidismo tienen amplia mayoría en el parlamento y han empezado a aplicar la figura del juicio político bajo esa vieja consigna de la izquierda: ni olvido, ni perdón.
La figura del juicio político se estrena así en contra de aquellos actores claves señalados por boicotear el proceso electoral y socavar la democracia. Los argumentos que sustentan estos hechos se pueden encontrar y han sido citados por los parlamentarios en los informes de observación electoral y la propia Declaratoria Final del Consejo Nacional Electoral sobre los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.
En esos informes y en la Declaratoria Final de las Elecciones, se detalla paso a paso los momentos del boicot a que fue sometido el proceso electoral desde los comicios primarios e internos de marzo de 2025 hasta las elecciones generales cuando se intentó evitar que hubiera declaratoria y se quiso, al margen de la ley, querer prolongar el plazo para la declaratoria oficial de los comicios y abrir así las puertas al continuismo en el poder de Libertad y Refundación.
Esos hechos fueron de tal magnitud que países como Estados Unidos anunciaron la suspensión de la visa a dos altos funcionarios electorales: Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La decisión se tomó por socavar la democracia al interferir en el conteo de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuesta a un clamor popular
Hoy ellos, junto a otras dos personas, enfrentan un juicio político aprobado en el parlamento y el cuál estará dirigido por una comisión especial que integran en su mayoría jóvenes mujeres parlamentarias que hacen su incursión por primera vez en el legislativo. La clase política representada en el bipartidismo concluye con la figura del juicio político el cumplimiento de una promesa de campaña demandada altamente por la ciudadanía.
Ese clamor responde precisamente a que la incertidumbre que vivió el país previo, durante y posterior a los comicios, no debe repetirse nuevamente. Honduras estuvo a punto de perder su democracia. Ahora que las aguas se han calmado, algunos sectores políticos han abogado porque la figura del juicio político no se aplique, que exista una especie de “olvido y perdón”, un hecho que indignó a la ciudadanía que hizo presión pública para que el parlamento hondureño le entrara a la ya temida figura del juicio político.
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El primero en ser destituido fue el fiscal general, Johel Zelaya, que no pudo en sus argumentaciones responder a preguntas claves relacionadas con la impunidad del Ministerio Público con los acontecimientos del 9 de marzo en las elecciones primarias e internas cuando se quiso boicotear el proceso con el turismo urbano a que fueron sometidas las maletas electorales. Zelaya deslindó de toda responsabilidad a los militares, responsables de la custodia de las maletas, desvió la investigación a otros hechos sin entrarle de lleno al meollo del asunto: quién o quiénes ordenaron el sabotaje de las primarias.
Tampoco pudo responder sobre la autenticidad de los audios en poder del Ministerio Público y las amenazas que hiciera a lo largo del proceso en contra de las dos consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, últimas que tuvieron que buscar refugio para evitar ser capturadas por la fiscalía para evitar que se diera la declaratoria de los comicios generales, según información en poder de las autoridades y por lo cual el fiscal Zelaya fue cuestionado durante la audiencia del juicio político.
Johel Zelaya no pudo explicar el rol de la fiscalía en la judicialización del proceso electoral, acciones que constan en los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea.
El estreno del juicio político en donde Johel Zelaya ha sido destituido como fiscal general ha sido cuestionado por algunos sectores por el procedimiento y sus implicaciones en el Estado de Derecho. Los legisladores han argumentado que la acción ha sido legal y que están acuerpados bajo los parámetros que rigen el Estado de Derecho. Se abre un debate jurídico y académico al respecto, que no ha logrado parar la decisión legislativa de pedir cuentas a todas aquellas piezas claves que jugaron en contra del proceso electoral.
Ochoa y Morazán, quisieron burlar la ley
En ese sentido, el consejero Marlon Ochoa del CNE y el magistrado, Mario Morazán, del TJE son citados por hechos relacionados con el proceso electoral, entre ellos, sus ausencias sin justificación de las sesiones de pleno para abordar temas relacionados con el cronograma electoral en la etapa más crítica del proceso.
La Declaratoria del CNE registra cómo el consejero Marlon Ochoa, no solo torpedeó el recuento de votos relacionados con las alcaldías, en especial la del Municipio del Distrito Central, al recular en una determinación tomada en pleno y enviar, de forma inconsulta, una propuesta al Congreso Nacional para que se extendiera el plazo de la declaratoria hasta concluir el conteo de votos en los niveles electivos de diputados y alcaldes.
La misma recogida por Proceso Digital indica que el consejero Ochoa, “remitió propuesta de iniciativa de ley dirigida al Congreso Nacional para ampliar el término de la declaratoria para los niveles electivos de Diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales. Debe resaltarse que esta propuesta se hace en medio de un contexto crítico, donde quien ejerce la titularidad del Poder Legislativo ha venido realizando manifestaciones escritas y comparecencias públicas excediendo sus facultades y atacando directamente a las consejeras y al proceso electoral, donde él no resulta electo”, destaca en su declaratoria el CNE.
“Otro elemento fundamental de ese contexto crítico es que, durante las últimas horas, ha convocado exclusivamente a diputados propietarios y suplentes de una bancada en calidad de pleno; ante lo cual, las otras bancadas realizaron convocatoria urgente para prevenir posibles acciones inconstitucionales e ilegales a realizar por un pleno constituido irregularmente para tomar decisiones contra el proceso electoral y las bases democráticas del país. Resulta evidente que no se dan las condiciones mínimas de certeza y seguridad jurídica para realizar solicitud alguna al Congreso Nacional y menos aún, encontrándonos en las últimas horas del plazo máximo otorgado al CNE para la emisión de la declaratoria, que no puede detenerse por la expectativa de una prórroga, que además de pretender que se remita tardíamente, se dirigiría a funcionarios que han sido sujetos activos de gran parte de los ataques al proceso, con condiciones adversas para aprobarse en sesión legalmente constituida en el Congreso Nacional”, agrega.
Esa cronología que detalla en su declaratoria final de los comicios generales el CNE se encuentra también en los informes de las misiones de observación electoral que estuvieron acompañando el proceso hasta su finalización, dado la crispación social que vivió la población hondureña.
En el caso del magistrado, Mario Morazán, se le señala también de actuar como Ochoa en el CNE: ausentándose sin justificación de las sesiones del pleno, retrasando procesos, acusando a sus compañeros por delitos varios ante el Ministerio Público y ejerciendo presiones en contra de la magistrada, Miriam Barahona, poniendo en duda su condición de salud y participación virtual de los plenos de magistrados del TJE. Barahona recién falleció y no pudo atender una operación por estar bajo un acoso judicial y de la fiscalía de manera permanente, según testimonio de sus familiares.
Los otros dos funcionarios electorales que serán llevados a juicio político son los magistrados suplentes del TJE, son Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, quienes incumplieron sus obligaciones legales al desacatar los llamados de la autoridad para incorporarse a las sesiones de pleno, retrasando así el cronograma electoral y poniendo en riesgo el desarrollo y culminación de las elecciones.
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Gutiérrez y Mejía se plegaron a las directrices del entonces partido en el poder, Libertad y Refundación, y de la presidencia del Congreso Nacional que rectoraba Luis Redondo junto a una Comisión Permanente que se atribuyó funciones mas allá de las otorgadas por ley. Esos abusos de la Comisión Permanente han llevado a su derogación que será ratificada en la próxima legislatura en vista que amerita de reforma constitucional.
Inicia así la aplicación del juicio político en Honduras, en medio de las controversias políticas, en donde su éxito o fracaso dependerá del uso que del mismo hagan los legisladores en la medida que sustenten con solidez sus argumentos para evitar que los riesgos democráticos del pasado se reediten bajo otras figuras y esquemas. (PD).
