Tegucigalpa – En la actualidad resuena mucho entablar juicios políticos a funcionarios que no han cumplido con la Constitución, que han violentado la institucionalidad y que han puesto en peligro la democracia. ¿Qué tan viable y qué tan favorable es para la institucionalidad del país poner en práctica esta normativa?, los expertos en la materia señalaron que aplicar esta figura servirá como precedente para altos funcionarios, pero también la misma debe de ser bien consensuada poniendo de frente únicamente los intereses de Honduras.
– El artículo 234 de la Constitución de la República contempla la figura del juicio político, aplicable a los altos funcionarios que realicen actuaciones contrarias al interés nacional.
– No existe precedente de juicio político en Honduras. Lo que ocurrió en 2013 fue la destitución del fiscal Luis Rubí tras una intervención en el Ministerio Público.
La última puntada a este hilo que tejen muchos actores políticos, la pusieron las integrantes del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall. Ambas recordaron haber sido víctimas de una “campaña de odio y violencia sin límite”, y exigieron castigo para quienes atentaron contra la democracia de Honduras en las elecciones generales de 2025.
“Fuimos acosadas. Nosotras, las dos Consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, señaló la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la red social X, en un mensaje en el que pidió que los hechos no queden impunes.
Hall acusó al antiguo aparato oficialista liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), de actuar “de manera coordinada para impedir” la declaratoria final de las elecciones, que terminaron con la proclamación del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura como ganador tras un proceso marcado por solicitudes de recuento, y de querer “arrebatarle al pueblo“ la “democracia”.
Por su parte, Cossette López denunció además un bloqueo en los tribunales y dijo llevar “más de 105 días” sin respuesta a sus demandas de justicia ante el acoso que asegura haber sufrido, por lo que pidió la apertura de juicios políticos contra quienes, a su juicio, “instrumentalizaron la justicia con fines políticos”.
“Juicio político para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025”, afirmó la consejera López.
Muchos se decantan por aplicar el juicio político a la actual cabeza de la Fiscalía hondureña, Johel Zelaya; también para el consejero del CNE, Marlon Ochoa; al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
Sin embargo, los expertos y conocedores de la materia, recomiendan tener cautela con este procedimiento de juicio político, que podría generar revanchismos políticos, sin embargo muchos son del criterio que es importante para sentar precedentes en el país.
Para el primer fiscal de la República, Edmundo Orellana, existen las suficientes causales para aplicarle un juicio político al Fiscal General, Johel Zelaya.
“Es sumamente difícil hacer un planteamiento del juicio político, podría hacerse, por supuesto que sí. Creo que hay suficientes causas o méritos para justificar al menos que se comience el procedimiento, pero no creo que lo vayan a hacer, me parece que esto se va a resolver por otra vía”, avizoró Orellana.
Honduras cuenta con la ley que establece cuál es el procedimiento para el juicio político a altos funcionarios del Estado. Fue aprobado en enero de 2013.
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Artículo 234 de la Constitución: Procede el Juicio político contra el Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político.
Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, en los demás casos será por dos tercios de la cámara.
El Presidente de la República sólo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político.
La implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo.
El juicio político consta de dos etapas, la etapa investigativa que durará lo establecido en la Ley Especial que al efecto se emita y la etapa de discusión y votación que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.
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No habrá juicio político
El abogado Marlon Duarte observó que no se aplicará un juicio político a las máximas autoridades del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Planteó que si se quita al Fiscal General actual, el pueblo nacionalista presionará para que pongan alguien afín a ese instituto político. “Los que han estado en la Fiscalía tienen un corazón por determinado partido político, y eso no lo podemos negar”, dijo.
Ejemplificó que el Partido Nacional pone a su fiscal las exigencias serán que acuse a miembros del Partido Libre.
“Me parece que el presidente Nasry Asfura aspira a otros escenarios, en los que no se vea obligado a este tipo de extremos, y que el fiscal actual empuje casos sonados que concitan el interés de la población”, afirmó.
Se enfría el juicio político
Mientras, el candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, Olbin Sarmiento, abogó para que no se sigan instrumentalizando las instituciones para asuntos políticos.
“Si el gobierno actúa en este momento con esa rapidez y premura con el juicio político, estaría haciendo lo mismo que hizo el partido que le entregó la presidencia”, indicó.
Detalló que su reflexión no lleva implícita la prerrogativa para que no se aplique la figura del juicio político porque evidentemente sí existen las causales.
“El gobierno debe analizarlo, ver las consecuencias que rondan la aplicación del juicio político a personajes que ocupan altos cargos y que para muchos pusieron en riesgo la democracia del país”, externó.
Remató afirmando que “desde que finalizaron las elecciones a esta fecha, el tema se ha ido enfriando. Supongo que ha sido una decisión de gobierno, del presidente de decir que este no es el momento porque hay que enfocarse en solucionar problemas para ofrecer victorias tempranas”.
Proceder de Fiscal amerita un juicio político
El abogado Ivis Discua Barillas declaró a Proceso Digital que por el proceder del actual Fiscal General está obligado el Congreso Nacional a iniciar una acción de juicio político.
“Primero, para que sirva de ejemplo a los próximos que lleguen, que sepan que lo que defienden son los intereses de la sociedad, no los intereses particulares. Entonces, yo sí creo que deben sentar un precedente desde el Congreso Nacional”, hilvanó.
Confesó que “no sé si sería el momento más apropiado iniciar con un debate, donde se necesitan 86 votos para iniciar un juicio político”.
Los diputadostienen que consensuar con todas la bancada, ver cuál es el momento político, “creo que tal vez el momento no es el oportuno, habría que esperar a que se asienten las cosas, probablemente dentro de un mes o en más tiempo para proceder con esto”, apuntó.
Como es algo político, basta que haya 86 votos
A criterio del abogado Juan Carlos Barrientos, en conversación con Proceso Digital, un juicio político es para destituir a cualquier funcionario de los que ha nombrado el Congreso Nacional.
“Incluir al Fiscal General, las causas son diversas por ejemplo negligencia o haber cometido algún delito o en determinado momento no estar cumpliendo con su labor”, indicó.
Agregó que como es algo político basta únicamente que haya 86 diputados que voten y se procede a la destitución independientemente si existe o no la razón para ello, porque como se trata de algo político no es un juicio jurídico que tiene que tener pruebas, el objetivo único y fundamental es la destitución del funcionario.
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Enjuiciar a violadores de la Constitución
La abogada y exdiputada liberal, Maribel Espinoza advirtió que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen la obligación histórica de exigir desde el Congreso Nacional el enjuiciamiento de todos los funcionarios que hayan violentado la Constitución de la República.
Espinoza envió un mensaje directo tanto a la bancada del Partido Liberal como al pueblo hondureño, asegurando que mientras no existan sentencias ejemplares contra el abuso de poder y la corrupción, el país seguirá sumido en una profunda crisis institucional.
“Mientras no haya condenas reales contra quienes infraccionan la Constitución, Honduras va rumbo al colapso del Estado de derecho”, afirmó la exdiputada y subrayó que los partidos tradicionales no pueden seguir tolerando acuerdos de impunidad con el partido Libertad y Refundación (Libre).
En ese sentido, la exparlamentaria sostuvo que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal están en el deber de promover juicios políticos contra funcionarios, incluidos diputados y magistrados, por actos contrarios a la ley.
Finalmente, reiteró que, si no se actúa contra los responsables, se trataría de otra complicidad política y un nuevo acto de corrupción. “No voy a aceptar politiquerías. Si no hacen lo correcto, lo voy a denunciar”.
Desde el Ejecutivo lo ven con buenos ojos
Una de las que ha insistido en aplicar esta figura política es la vicepresidenta María Antonieta Mejía, quien desde que se desempeñaba como diputada levantó la bandera para aplicar el juicio político a los que llamó “enemigos de la democracia”.
La ahora designada presidencial, defendió que sostiene su postura para un eventual juicio político al Fiscal General, pero aclaró que ella no tiene la potestad porque le compete al pleno del Poder Legislativo.
“Me encantaría que en Honduras los cálculos políticos desaparecieran y dejáramos un precedente para fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho, y eso parte de dejar precedentes de todas aquellas actuaciones al margen de la ley y de utilizar las plataformas para persecución política y abuso del poder”, analizó.
Mejía insistió que no se pueden dejar pasar por alto las actuaciones del Fiscal Johel Zelaya, por lo que se debe castigarlo con el juicio político que es más un golpe moral por negligencia e incapacidad.
Enumeró que el fiscal Zelaya violentó el estado de derecho, la presunción de inocencia, fue contra la normativa y su propio reglamento, le quitó poderes al director de fiscales e hizo lo que quiso en el Ministerio Público.
¿Y Marlon Ochoa?
Mientras que el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, amenaza reiteradamente al consejero del CNE, Marlon Ochoa, con aplicarle un juicio político por atentar contra la democracia y retardar el pasado proceso electoral.
“Se necesitan 86 votos para reformas constitucionales y atención Marlon, 86 votos para Juicio político”, pronunció al enumerar varias de las reformas que planean discutir en el nuevo Congreso que comenzó el pasado 25 de enero.
Señaló que “Marlon Ochoa ha sido una persona que ha cometido delitos contra la democracia y a retardado el proceso electoral con el único objetivo de perjudicar las elecciones”.
La figura del juicio político no se ha aplicado como tal en Honduras. Lo que ocurrió en 2013 cuando se destituyó al entonces fiscal Luis Rubí, fue que en una interpelación ante el Congreso evidenció algunas falencias del Ministerio Público que llevaron a nombrar una comisión interventora que derivó en su dimisión. PD
