La jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, a petición de la defensa del militar retirado, ordenó «arresto domiciliario en su propio domicilio con la custodia de agentes de la Policía Nacional Civil» y le limitó su libertad de locomoción hasta que concluya el proceso en su contra.
En su resolución, la jueza también impuso a Ríos Montt una fianza de 500,000 quetzales (unos 62,000 dólares) para garantizar que no evadirá la justicia, y le prohibió mantener cualquier tipo de comunicación con las personas que se encuentran ligadas al mismo proceso por el que será enjuiciado.
Flores consideró que «no existe peligro de fuga» de parte del sindicado, debido a que se presentó de forma voluntaria para colaborar con el esclarecimiento de los señalamientos que pesaban en su contra al día siguiente de haber perdido la inmunidad de que gozaba como legislador.
«Existe la valentía de haberse presentado y someterse al proceso penal días antes de perder la inmunidad», señaló la jueza, quien agregó que el anciano ex militar cumplirá 86 años en junio próximo, y que «según las expectativas de vida de nuestro país» en caso de ser hallado culpable no podrá purgar las penas que contempla la ley por los delitos de los que se le acusa.
La legislación guatemalteca contempla penas de 30 a 50 años de prisión por el delito de genocidio, y de 20 a 30 años por el de crímenes contra la humanidad.
«Los hechos cometidos son delitos horrendos, hechos deleznables», pero «vemos que existe ese sometimiento al proceso penal» de parte del sindicado, indicó la juzgadora.
«Es por esa circunstancia que estimo que en este caso no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad», agregó.
Sin embargo, la letrada ordenó iniciar un proceso penal en contra del ex Jefe de Estado de facto por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad al considerar que existen suficientes elementos probatorios de su responsabilidad en esos hechos perpetrados por el Ejército durante los 17 meses que gobernó el país.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre agosto de 1982 y marzo de 1983, compareció hoy ante Flores para escuchar las acusaciones que en su contra argumentó la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar respecto a las mismas cuando la jueza le concedió la oportunidad.
«Consideró que existen indicios racionales de criminalidad por su posible participación en los hechos que el Ministerio Público le atribuyó al inicio de la presente audiencia», indicó Flores.
