El juez Octavo Local penal de Managua, Celso Urbina, dictó su sentencia poco antes de la medianoche del jueves contra el director de La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, y el jefe de redacción de este diario, Eduardo Enríquez, en una sala de audiencias que funciona en el edificio de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua.
La querella fue presentada contra los ejecutivos del periódico nicaragüense el 21 de diciembre del año pasado por cinco mujeres, miembros de los CPC, quienes consideraron que una nota publicada por La Prensa el 20 de diciembre dañó su honorabilidad.
Las mujeres que presentaron la acusación son María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez, Teresa del Socorro Muñoz y Rosel Lazo Pérez.
Los CPC son organismos que dirigentes de la oposición han considerado como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS) que existieron en la década de los años 80, para controlar a los ciudadanos.
Las fuentes señalan que la nota fue escrita después que miembros de la seguridad personal del presidente Daniel Ortega golpearon al periodista de este diario Jorge Loásiga, cuando éste trataba de entrevistar al embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli.
Esa nota fue titulada «CPC con licencia para dar golpizas», pero la defensa del diario enfatizó que en la publicación no aparecieron los nombres de las mujeres que presentaron la querella, lo que debe ser un requisito fundamental para las injurias y calumnias.
En una nota que hoy publica La Prensa se señala que desde que comenzó el juicio el diario denunció una serie de irregularidades por parte del sistema judicial, entre las que destacan «la terquedad del juez Urbina de mantenerse en el juicio a pesar de las recusaciones interpuesta» por la defensora de los acusados, Helga Asher.
El diario también afirma que durante el juicio «se demostró que el Frente Sandinista de Liberación Nacional estuvo detrás de la querella en todo momento, transportando a las querellantes en vehículos del partido y enviando como acusador a un abogado empleado de la bancada sandinista».
«El Poder Judicial está sentado aquí en el banquillo de los acusados, no nosotros. Nosotros estamos sentados, pero con dignidad. El Poder Judicial no tiene dignidad aquí en Nicaragua», declaró Chamorro Cardenal, tras la lectura del fallo.
Según la legislación nicaragüense, la pena por el delito de injurias puede ser una multa de mas de 25.000 córdobas (1.304 dólares).
Fuentes del periódico informaron hoy a Acan-Efe de que Asher prepara un escrito de apelación contra la sentencia del juez Urbina, para lo cual tiene tres días, a partir del próximo martes.
