Jueces salvadoreños piden a cuerpos de seguridad no acatar «órdenes ilegales»

San Salvador – Los magistrados y jueces del órgano Judicial de El Salvador exhortaron este viernes a los miembros de la Policía y Ejército a «desobedecer ordenes inconstitucionales o ilegales» ante la decisión del presidente del país, Nayib Bukele, de que no acatar un fallo del Supremo en el que le ordena frenar las detenciones y confinamientos «forzosos».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a Bukele que suspenda las detenciones y confinamiento «forzoso» de las personas que supuestamente se saltan la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por el Ejecutiva para detener la propagación del COVID-19.

«Exhortamos a los miembros de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y cualquier otro funcionario o autoridad, abstenerse de obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales», señala un comunicado difundido por empleados del área de prensa del órgano Judicial.

Señalaron que dichas ordenes ilegales incluyen «detenciones ilegitimas, uso desproporcionado de la fuerza o cualquier abuso de sus facultades».

De igual forma, pidieron al mandatario y a sus funcionarios «acatar de forma inmediata las decisiones judiciales, especialmente las emitidas por la Sala de lo Constitucional».

Los jueces también llamaron al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, a vigilar el cumplimiento de las medidas dictadas por el tribunal constitucional.

De igual forma, se mostraron preocupados «frente a la reiterada inobservancia de las normas que rigen la independencia judicial por parte de la Presidencia de la República» y recordaron que la Sala de lo Constitucional es «la máxima autoridad para la interpretación y aplicación» de la Carta Magna.

CONFLICTOS ENTRE ÓRGANOS

Bukele mantiene una tensa relación con los órganos Judicial y Legislativo a raíz varias decisiones sobre el combate al COVID-19, lo que ha generado que organismos internacionales y nacionales de derechos humanos pongan especial atención a esta situación.

El episodio más reciente de este conflicto se dio la noche del jueves antes de la ampliación del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus por quince días.

Los dos principales partidos, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), buscaban incluir en el decreto de ampliación medidas para cumplir la sentencia de la Sala.

No obstante, el Parlamento se inclinó a prorrogar el decreto anterior sin modificaciones ante la amenaza de Bukele de vetarlo.

En la madrugada, los diputados aprobaron una ley que busca, según los legisladores, garantizar los derechos humanos de las personas confinadas por el Gobierno en centros de contención.

Bukele advirtió desde su cuenta de Twitter que esta normativa será vetada.

El mandatario irrumpió el 9 de febrero pasado en la sede del Congreso con soldados y policías armados con fusiles de asalto, acción que ha reconocido fue para presionar por fondos para la seguridad.

Los diputados catalogaron la acción como un «intento de golpe de Estado».

Mientras, las diferencias con el Supremo comenzaron la noche del 15 de abril, luego de que los jueces constitucionales recordaron su orden de frenar las detenciones y delegar a Tobar para supervisar su cumplimiento.

«Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», publicó Bukele en sus redes sociales.

La prohibición de «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria», estaría vigente hasta que la Asamblea Legislativa emita una ley para regular estas acciones.

Diferentes organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado a Bukele a acatar las resoluciones judiciales.

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