«Vamos a seguir, esto es una lucha que hemos decidido llevar hasta el final, es una lucha que hemos asumido con mucha seriedad, con mucha firmeza», indicó a Efe el portavoz del grupo, Lorent Saleh, coordinador nacional de la agrupación opositora Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU).
Los huelguistas, que reclaman la presencia de Insulza en el país, aseguraron que el secretario general les comunicó que ha solicitado al Gobierno de Venezuela permiso para viajar a Caracas.
El grupo solicita, además, la liberación de 27 supuestos presos políticos, entre los que se encuentran los diputados electos Biaggio Pilieri, procesado por malversación en un caso en que se debe repetir el juicio por orden del Tribunal Supremo, y José Sánchez «Mazuco», encausado por homicidio.
Insulza expresó ayer su preocupación por la prolongación de la huelga de hambre que comenzaron nueve jóvenes y hoy secundan catorce, después de que los estudiantes amenazaran con radicalizar su acción y de mantener una reunión con representantes de los huelguistas.
«Agradecemos y celebramos que el señor José Miguel Insulza haya hecho un pronunciamiento oficial donde le pide al Gobierno venezolano que le otorgue el permiso para venir al país, pero nosotros creemos que debe asumir una postura más fuerte frente a violaciones de derechos humanos», afirmó.
Saleh subrayó que la presencia de Insulza no supondría la suspensión de la huelga de hambre, ya que reclaman la liberación de quienes ellos denominan como presos políticos. «Eso es una deuda que Insulza tiene con nosotros», dijo.
No obstante, pidió a la comunidad internacional que se pronuncie, «que no sean cómplices de los crímenes de este Gobierno», y al Gobierno de España que pida a Caracas el permiso para que Insulza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingresen a Venezuela.
«Nosotros pedimos que sea España uno de los países que pida al Gobierno venezolano que deje entrar a la CIDH o en su caso al señor José Miguel Insulza», afirmó.
«Igual que Insulza sobrevoló Tegucigalpa defendiendo a un presidente nosotros pedimos que haga eso, o más, para defender los derechos de un pueblo», indicó, en alusión al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en junio de 2009, país que entonces visitó Insulza con el mandato para ello del Consejo de Seguridad de la OEA.
Saleh consideró un éxito que se haya cumplido otra de las reivindicaciones del grupo, que era la atención médica y aplicación de una medida de prisión domiciliaria a la jueza María Lourdes Afiuni, detenida hace trece meses y procesada por la presunta puesta en libertad irregular de un empresario acusado estafa al Estado.
