San Salvador – El secretario de Prensa del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, criticó este jueves en sus redes sociales a la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Ángelica Cárcamo, por su acercamiento a organismos internacionales para denunciar supuestos ataques contra el gremio.
«En lugar de ejercer su rol y luchar con firmeza por los derechos de los periodistas frente a sus empleadores, la presidenta de @apeselsalvador (APES), de pobre e intrascendente trayectoria por cierto, ahora se dedica a las relaciones públicas con organismos internacionales», publicó el funcionario en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.
Estas publicaciones se dan a pocas horas de que la APES, junto a representantes de diversos medios salvadoreños, exponga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de la libertad de expresión en el país centroamericano.
Sanabria respondió también a los señalamientos hechos por Cárcamo de que como funcionario «se dedica a atacar a periodistas, bloquearlos y promover discursos de odio».
«Ahora resulta que por ser servidor público uno no puede cuestionar, criticar u opinar sobre el papel de un medio o de un periodista, aunque este tenga EVIDENTEMENTE un papel más cercano al activismo político», agregó.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a mediados de noviembre un informe en el que se identificó como «principales responsables de violaciones relacionadas al derecho de la libertad de expresión y de prensa» al presidente Nayib Bukele, Sanabria y al jefe de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA), Federico Anliker.
El documento señala que, valiéndose de sus cargos, han «amedrentado» y «denigrado» el trabajo de los periodistas, «pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos».
La APES registró en los primeros cuatro meses 2020 al menos 54 denuncias de atropellos a los periodistas, de las que 34 se computaron durante la emergencia por la pandemia de la covid-19.
En los doce meses de 2019 la organización registró 77 casos, una media de 6,4 denuncias por mes, mientras que entre enero y abril de 2020 se registró un promedio mensual de 13,5.
Los datos de la APES señalan que los principales «agresores» son el Gobierno (23 casos) mediante «instituciones públicas, funcionarios y empleados públicos», le siguen la Policía Nacional Civil (10) y Fuerza Armada (5).
