Tegucigalpa – En más de dos décadas, pocos son los casos de investigación que han terminado en sentencias condenatorias por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que ahora, en tiempo récord, se apresta a investigar a más de 700 parlamentarios, ex parlamentarios, que de 2006 al 2018 han usado cientos de miles de recursos monetarios en subsidios públicos.
La determinación obedece al mandato del Congreso Nacional tras la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, conocida como “pacto de impunidad” en la cual establece que el TSC debe auditar los fondos recibidos en subsidios por parte de los diputados y que en caso de encontrar irregularidades tienen hasta tres años para dilucidarlas y definir si las mismas caen en sanciones administrativas, civiles o penales.
De los más de 700 parlamentarios y ex parlamentarios que serán objeto de auditorías se encuentra el actual presidente-magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez, quien fue parlamentario liberal por el departamento de El Paraíso y asegura que administró los subsidios con transparencia “y ahí están los recibos”.
De esta forma, los auditores del TSC deberán investigar a su jefe y hacerlo en un tiempo récord, pues los congresistas estiman que esas investigaciones exprés deben hacerse en promedio de 90 días, por cada grupo que escoja, y para ello han dado al tribunal 45 millones de lempiras como presupuesto adicional, mismo que le servirá para contratar 25 auditores y conformar una Unidad Especial que hasta ahora no tenían.
Finanzas envía primeros datos
Para no perder el tiempo y que la investigación comience cuanto antes, la Secretaría de Finanzas envió ya al TSC un disco compacto de las primeras liquidaciones del Fondo Departamental, uno de los tantos subsidios públicos que el Congreso entrega a los diputados.
La información corresponde a los años 2012 al 2017. También Finanzas envió otro compacto que comprende parte de la información que la UFECIC-MACCIH obtuvo para investigar el funcionamiento del caso “Red de Diputados” por el cual se empezó a investigar y acusar a cinco ex parlamentarios que presuntamente habrían desviado recursos por más de ocho millones de lempiras por medio de una ONG los que fueron a dar a cuentas particulares de los ex legisladores, según reveló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
De acuerdo con la Misión, al escudriñar en los archivos de la Secretaría de Finanzas encontraron cajas y cajas de información y en ellas descubrieron que la red de cinco diputados se extendió a más de 60, y que en ella estaban diputados actuales, ex legisladores, funcionarios públicos y ex funcionarios públicos. Estos diputados habrían manejado recursos por más de 60 millones de dólares, un poco más de 1,300 millones de lempiras, según cálculos preliminares hechos por la MACCIH.
El pacto
Los primeros cinco diputados del anterior Congreso fueron acusados, pero una reforma hecha a la Ley Orgánica del Presupuesto los tiene hoy en libertad, pues la jueza natural, Alma Consuelo Guzmán, que llevaba el caso, optó por archivar el mismo y enviarlo al TSC, valiéndose de la reforma. Así el TSC tiene tres años para investigar a los ex parlamentarios.
La acción fue denunciada por la MACCIH como un “pacto de impunidad” y estableció mediante un video que la reforma aprobada en el Parlamento fue alterada, pero los congresistas actuales buscaron enmendar ese “error” por medio de una fe de erratas y ordenaron al TSC acelerar las investigaciones a los más de 700 diputados y ex diputados de 2006 al 2018.
El TSC por lo general toma un promedio de 6 años para concluir una investigación, y otros cuatro para las audiencias de descargo y desvanecimiento de casos. En todo ese tiempo, ha pasado una década, misma que coincide con el sobreseimiento de casos, según investigaciones hechas al respecto por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
Pero ahora el TSC tiene que vencer su propio récord y hacer en uno o tres meses, las auditorías a fondos públicos que vía subsidios han recibido más de 700 diputados. Son las paradojas a las que se enfrenta ahora el TSC.
Al respecto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en uno de sus últimos comunicados indicó que el anuncio del TSC de que iniciará las auditorias, tras aprobar un reglamento en el cual crea una Unidad Especial, es una muestra que el ente contralor no está preparado para ejercitar la dimensión de la investigación que significa seguir la pista al dinero público que usaron en subsidios más de 700 diputados en casi 13 años. Ese tipo de investigaciones no se hace en tres meses, advirtió el CNA.
Tiempos paralelos
El Ministerio Público, la ASJ y el CNA interpusieron recursos de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional del Poder Judicial en contra de la reforma a la Ley del Presupuesto, pero la misma aún no ha sido admitida y entre tanto el llamado “pacto de impunidad” y su fe de erratas, sigue vigente, los diputados implicados en la “Red de Diputados”, libres y el resto a la espera de la solvencia del TSC una vez que concluyan sus investigaciones.
Investigaciones que serán evacuadas en un corto tiempo, seguido de otros tres años de gracia para disolver dudas, mientras otras de enriquecimiento ilícito que procesa también el TSC cabalgan lentamente entre ex funcionarios público, policías y militares en retiro, por aquello del debido proceso y la presunción de inocencia. Los tiempos paralelos no corren igual para el tribunal de cuentas.
