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Interponen acciones penales contra miembros de las FFAA por cierre de radio en Tocoa

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en el marco de Operación Tormenta de Fuego II presentó nueve requerimientos fiscales contra miembros de la Policía Nacional Municipal y las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH).

– Una treintena de agentes del orden procesados por violaciones de DDHH.

Según se informó, se solicitó se librara orden de captura a efecto que respondan por conductas ilícitas ante los tribunales de la República.

Los requerimientos fiscales fueron presentados contra dos altos mandos del Ejército, indica el informe de la Fiscalía.

Los imputados son: el comandante de la Base Naval, Manuel Antonio Peraza Rivera y Héctor Manuel Tercero López, por el delito contra los medios de comunicación, ya que ambos comandantes coartaron la libertad de expresión al cerrar “Radio Libertador” en el municipio de Tocoa, Colón en 2009, en el contexto de la crisis política del momento.

Asimismo, se presentó acusación en contra de Omar Francisco Barahona Meléndez por suponerlo responsable del delito de negación de asistencia familiar en perjuicio de su hijo menor, quien padece de parálisis cerebral infantil y epilepsia de difícil manejo, según dictamen de la Dirección de Medicina Forense.

De igual forma, se presentó requerimiento fiscal contra los policías municipales Ana Sidalia Martínez Gutiérrez, José Dalio Gómez Amaya, Allan Reinaldo Díaz Elvir y Carlos Alfredo Aguilar Campos por el delito de abuso de autoridad y lesiones en perjuicio de un ciudadano, quien se encontraba vendiendo productos en el centro de Tegucigalpa, la víctima fue golpeada por los policías municipales ya que el ofendido se resistió a ser despojado de la mercancía que vendía.

También por abuso de autoridad se procesó penalmente a otros dos policías municipales contra quienes existen órdenes de captura pendientes de ejecutar, según lo hechos investigados los uniformados golpearon con toletes a tres comerciantes en el centro de la capital provocando lesiones en sus cabezas y brazos.

Del mismo modo la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó acción penal contra   cuatro oficiales asignados en diferentes comandos de la Policía Nacional. A estas personas se les acusa por el delito de torturas y abuso de autoridad por un lado, mientras que uno de ellos quien tiene la condición de Comisario de Policía se le supone responsable del delito de torturas y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de cinco ofendidos.

Según lo detallado en el expediente de la Fiscalía de Derechos Humanos el 10 de marzo de 2016, en horas de la tarde se realizó un operativo en el Centro de Internamiento Renaciendo en Támara, cuando miembros de Seguridad del Estado agredieron físicamente a los menores internos, les rociaron gas lacrimógeno y polvo pimienta en la cara, hasta al punto que amarraron una bolsa negra en la cabeza de uno de los ofendidos en presencia del comisario a cargo del operativo.

Por otra parte, fue acusada ante los Tribunales de la República por el delito de abuso de autoridad y evasión, la directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) Geraldina Castejón en virtud de haber excarcelado a una privada de libertad acusada por Mendicidad Agravada.

Otra de las acciones está orientada a deducir responsabilidades penales a dos oficiales de la Policía Nacional por los delitos de cohecho y abuso de autoridad en perjuicio de un ofendido y la administración pública, ya que los ahora imputados en 2013 en la ciudad de Siguatepeque, solicitaron al dueño de una discoteca el permiso de operación del negocio, ante la solicitud el ofendido respondió que en días anteriores había entregado la documentación requerida a un efectivo policial apellido Arita, en ese sentido la víctima fue llevada a las celdas de la Jefatura Municipal de Siguatepeque donde, los ahora imputados le pidieron 10 mil lempiras al dueño de la discoteca a cambio de no remitirlo a la Fiscalía del Ministerio Público.

En el marco de Tormenta de Fuego II los fiscales de Derechos Humanos ejercieron la acción penal pública contra 11 agentes de la Policía Nacional por los delitos de detención ilegal, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y vejámenes en perjuicio del gremio magisterial.

Los hechos se suscitaron en 2011 cuando un grupo de maestros realizaban una manifestación pacífica a la altura del Colprosumah fue entonces cuando elementos uniformados procedieron a detener a 17 maestros sin causa justificada profiriéndoles malos tratos, los detenidos posteriormente fueron llevados a la jefatura metropolitana # 1 en donde permanecieron en condiciones indignas siendo a su vez víctimas de actos humillantes por parte de los policías.

Finalmente, se presentó el último requerimiento fiscal en contra del Coronel Nery Edgardo Arita Arita, del Batallón de Infantería Aerotransportado y la Sargento Primero de Infantería Nelly Xiomara Gonzáles Elvir, asignada al Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado, ello por negar el ingreso al Centro Penitenciario de un juez ejecutor nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para constatar que las autoridades de ese centro habían coartado la comunicación legal entre un privado de libertad y su apoderado legal. En virtud de lo anterior el Ministerio Púbico presentó la acusación por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

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