Tegucigalpa – Eduardo Enrique Reina, ministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), se pronunció este miércoles sobre el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El canciller hondureño reaccionó tras la presentación de un proyecto legislativo de reforma al artículo 232 constitucional para que la CICIH pueda ejercer investigación y requerir una vez que sea instalada en Honduras, el mismo fue presentado por la diputada de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Hortensia Zelaya.
“Otra acción fehaciente de la decidida voluntad política del Estado de Honduras y del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para el establecimiento de la CICIH en Honduras”, dice inicialmente la publicación del diplomático en sus cuentas oficiales de redes sociales.
En ese sentido, refirió que ahora la iniciativa ahora está en manos de los diputados del Congreso Nacional, ante la gran iniciativa del pueblo hondureño. Lo anterior, como respuesta a la publicación en que la diputada Zelaya Castro, dice que su proyecto busca combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.
La CICIH es una petición de la actual presidenta de Honduras al Organismo de las Naciones Unidas (ONU), el proceso se encuentra en etapa de negociación y en espera de firmar un memorándum de entendimiento entre las partes, una vez que esto ocurra la comisión internacional podrá instalarse.
Artículo 232 de la Constitución de la República:
El Ministerio Público es el organismo profesional especializado, responsable de la presentación, defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado y libre de toda injerencia político sectario.
El Ministerio Público goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y presupuestaria, al efecto en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual hasta completar el tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes. El Poder Ejecutivo acreditará trimestralmente anticipado, las partidas presupuestarias correspondientes.
Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercitada por la Procuraduría General de la República y a las acciones que correspondan en su caso los particulares. Así mismo tiene el Ministerio público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. JP
