Tegucigalpa – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), describió en un informe la situación de los derechos humanos en Honduras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, en el que vierte una serie de recomendaciones al gobierno hondureño tras exponer enormes falencias en esta materia en el país centroamericano.
Durante el período del informe se registraron pocos avances en procesos importantes para la protección de derechos humanos, como la implementación del Decreto núm. 18-2024, relativo a la protección de reservas forestales afectadas por daños ambientales, la instalación de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán, la reforma de la Ley General del Ambiente y la aprobación de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Internacionales con las Víctimas de la Implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1993).
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La situación de los derechos humanos en Honduras estuvo marcada, principalmente, por la celebración de elecciones generales, las primeras en cuatro décadas en celebrarse bajo un estado de excepción, que fue decretado en diciembre de 2022.
Persisten violaciones y restricciones indebidas de derechos humanos, tales como las garantías procesales y las libertades de expresión, reunión, asociación y circulación. También se registraron discursos polarizados en medios de comunicación y redes sociales, así como violencia electoral, incluidas amenazas y campañas de desprestigio contra mujeres candidatas o en funciones.
La ACNUDH además documentó la muerte violenta de tres candidatos a alcaldías corporaciones municipales y la de un candidato a diputado en los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro.
Recomendaciones
Antes los anteriores escenarios que contravienen el respeto de los derechos humanos en Honduras, las Naciones Unidas, recomendó:
a) Adoptar una estrategia integral de seguridad ciudadana, con liderazgo civil, basada en la prevención e investigación criminal, que incorpore controles internos y supervisión independiente, incluida la judicial, de las fuerzas policiales y militares, conforme a las normas internacionales de derechos humanos;
b) Dejar sin efecto el estado de excepción vigente y asegurar que las declaraciones de estado de excepción y la suspensión de derechos sean excepcionales y cumplan estrictamente con el derecho internacional de los derechos humanos;
c) Reformar el marco legal electoral para incluir un proceso de nominación de consejeros del Consejo Nacional Electoral y de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con base en criterios de independencia, capacidad, idoneidad y no de militancia partidaria;
d) Aprobar una Guía de Procedimientos Policiales que incorpore los estándares internacionales de derechos humanos en la actuación policial, incluido el fortalecimiento de la rendición de cuentas;
e) Adoptar con urgencia un plan integral de reforma penitenciaria, que establezca el traspaso progresivo de la gestión penitenciaria a autoridades civiles y que garantice la clasificación de las personas privadas de libertad conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos;
f) Adoptar una política de persecución penal estratégica que asegure la investigación criminal rápida y oportuna de violaciones y abusos de derechos humanos e incremente los recursos humanos; y asignar recursos financieros para las fiscalías especializadas y la Agencia Técnica de Investigación Criminal;
g) Tipificar la desaparición forzada como delito autónomo en el Código Penal, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, y adoptar un protocolo específico para la investigación y búsqueda de personas que no involucre a las fuerzas policiales;
h) Garantizar la autonomía financiera del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes —mecanismo nacional de prevención— para asegurar su funcionamiento operativo y el cumplimiento de sus funciones de supervisión;
i) Implementar un protocolo de manejo confidencial de información sobre personas beneficiarias del Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que incluya auditorías internas regulares, mecanismos de denuncia de filtraciones y sanciones;
j) Establecer oficinas regionales de la Dirección General del Sistema de Protección en zonas de alto riesgo, con personal capacitado y recursos adecuados, coordinación interinstitucional activa y mecanismos de consulta con personas beneficiarias para definir medidas de protección adaptadas al contexto local;
k) Adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las resoluciones judiciales relacionadas con medidas de protección se reflejen en tiempo real en el sistema informático de registro y control de casos NACMIS entre el Poder Judicial y los cuerpos de seguridad;
l) Aprobar el protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos;
m) Adoptar un nuevo marco normativo que garantice el pluralismo informativo y permita a los medios comunitarios el acceso equitativo al espectro radioeléctrico, así como condiciones adecuadas para su sostenibilidad;
n) Adoptar y aplicar las reformas pendientes del marco normativo e institucional ambiental, incluida la Ley General del Ambiente y los reglamentos del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales, sobre la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas, y el control y la supervisión efectivos de licencias ambientales y de concesiones mineras para prevenir impactos ambientales, sociales y culturales;
o) Unificar el registro catastral del Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario; p) Aprobar el Decreto Ejecutivo por el que se establece la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán;
q) Derogar el Decreto Ejecutivo núm. 93-2021 sobre desalojos preventivos, o realizar las modificaciones necesarias que aseguren su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos;
r) Asignar recursos suficientes al Instituto Nacional Agrario para la delimitación, demarcación, titulación y saneamiento efectivo de los territorios de Pueblos Indígenas y afrohondureños con su plena participación y consulta; s) Tomar debidamente en cuenta e implementar las recomendaciones y reparaciones acordadas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidas las relacionadas con los derechos de los Pueblos Indígenas y afrohondureños.
DDHH en Honduras
Desde su adopción en diciembre de 2022, el estado de excepción ha sido prorrogado en 24 ocasiones y se ha ampliado su cobertura al 76 % del territorio nacional. Ninguno de los ocho decretos ejecutivos de prórroga aprobados en 2025 fue ratificado por el Congreso Nacional, señaló ACNUDH en su informe.
El Sistema Nacional Penitenciario continuó en estado de emergencia bajo administración militar y no se presentó ningún plan de traspaso progresivo hacia autoridades civiles, como está estipulado en el decreto por el que dicho estado de emergencia se había declarado, destaca el informe.
Asimismo, subraya que persisten serias deficiencias en la investigación y en la persecución penal de casos relacionados con violaciones y abusos de derechos humanos. Las investigaciones de algunos de estos casos siguen siendo realizadas por diversas fiscalías especializadas, sin coordinación efectiva entre ellas. Esto ha traído como resultado demoras injustificadas en la presentación de imputaciones, investigaciones no exhaustivas, la revictimización y la impunidad para los responsables. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de cinco personas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en 2020, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó en enero de 2025 la acusación por asociación terrorista y otros delitos contra 16 presuntos responsables de una estructura criminal. En paralelo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos continúa investigando la posible responsabilidad de actores estatales.
Las personas defensoras de derechos humanos siguen siendo víctimas de asesinatos amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y criminalización por parte de actores estatales y no estatales, agregó el organismo internacional.
A diez años de su creación, el Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Sistema Nacional de Protección) sigue enfrentando desafíos importantes para la prevención y protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Durante 2025 se han seguido dando casos de obstrucción a la cobertura periodística, limitaciones al acceso a la información oficial y la falta de reconocimiento legal para medios comunitarios, subraya el escrito.
A pesar de la disminución registrada en los últimos años, persisten altos niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad en el país, señaló ACNUDH.
Persisten desafíos estructurales para garantizar el acceso a la tierra de las comunidades campesinas, condición esencial para superar la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria.
La Oficina documentó la ejecución de nueve desalojos forzosos contra personas de comunidades campesinas y Pueblos Indígenas y afrohondureños (ocho a solicitud del Estado y uno ejecutado por particulares) a nivel nacional, en los cuales se registró la destrucción de viviendas y enseres personales en siete casos, y de cultivos en al menos uno.
Pese a haberse cumplido diez años de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no ha avanzado en su cumplimiento ni en el saneamiento de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, así como de otras comunidades garífunas. (RO)
