Indultos y sobreseimientos no cierran una etapa. La exponen. Permiten ver hasta qué punto una sociedad puede acostumbrarse a convivir con aquello que la degradó. La infamia no está solo en la resolución jurídica, sino en el proceso previo mediante el cual lo inadmisible deja de parecerlo. No porque haya sido debatido ni resuelto, sino porque se repite hasta perder toda necesidad de justificación. En ese punto, la indignación pasa a verse como exceso y la resignación como una forma de madurez.
Honduras no es la excepción. Es una expresión de una tendencia más amplia: el uso de los instrumentos del Estado de derecho en favor de quienes debían someterse a ellos. Nadie quiere para su país el término narcoestado. Nadie quiere que fiscales de la principal potencia del mundo utilicen esa palabra ante un jurado federal para describir la deriva de un régimen. Pero ese término no surge por azar. Es el resultado de decisiones concretas, adoptadas por personas concretas, en momentos concretos.
El desfalco al Seguro Social —266 millones de dólares convertidos en pastillas de harina mientras los asegurados aguardaban tratamiento— no fue una abstracción. Tampoco lo fueron los hospitales móviles: 1,200 millones de lempiras entregados en cuarenta y ocho horas a una empresa sin capacidad real en plena pandemia. Ni la liquidación de la MACCIH cuando comenzaba a incomodar. Ni la habilitación de una reelección incompatible con la Constitución, que terminó con su principal beneficiario ante tribunales en Nueva York. Nada de esto fue accidental. Fue una secuencia de decisiones políticas, administrativas y morales.
El indulto en Estados Unidos y los sobreseimientos que aquí se administran con lenguaje técnico pertenecen al mismo problema. Pueden cumplir formalidades y alegar legalidad. Pero la legalidad, por sí sola, no corrige una desviación ética. Cuando el recurso jurídico protege a quienes gobernaron en alianza con estructuras criminales, o a quienes utilizaron el poder para evitar rendir cuentas, la ley deja de operar como garantía de justicia.
El problema no empieza ni termina en la cima del poder. La captura del Estado no es una obra individual. Requiere ejecución, silencios y acuerdos. Requiere al funcionario que firma sin cuestionar, al empresario que paga sin denunciar y al ciudadano que se repliega porque considera inútil intervenir. La impunidad en la cúspide depende de esa cadena.
El problema también se instala en la rutina. En el funcionario que no se percibe como corrupto, sino como eficiente. En quien aprueba lo irregular porque “así funciona”. Pero el cargo público no es una delegación para obedecer sin criterio. Es una responsabilidad que exige discernimiento. Existe un límite que ninguna instrucción debería traspasar. Decir no. Renunciar antes de firmar lo indebido. Negarse antes de formar parte del mecanismo. Quien no lo hace difícilmente puede presentarse después como ajeno al resultado.
Esa responsabilidad no se limita al aparato estatal. El empresario al que se le exige un porcentaje para destrabar un contrato entiende el mecanismo en el que participa. Si paga sin denunciar, lo sostiene. El cohecho no existe solo en quien lo exige, sino también en quien lo acepta como condición de operación.
La impunidad no se reduce a expedientes. Se sostiene en hábitos. En la normalización de prácticas irregulares. En la idea repetida de que nada cambia y de que todo se resuelve fuera de los canales formales. Frente a eso, exigir protección para quien denuncia, reclamar instituciones que investiguen sin cálculo y sostener una memoria pública precisa no son gestos secundarios. Son condiciones básicas de funcionamiento.
La política conserva una instancia que no depende de tribunales ni de decisiones administrativas. Cada cuatro años, el ciudadano decide. Si la corrupción no se sanciona, si las investigaciones no avanzan y si los acuerdos de impunidad se repiten, el votante actúa. No siempre por entusiasmo, ni siquiera por expectativa, sino por una decisión más elemental: retirar el consentimiento.
La impunidad puede ganar causas, expedientes y coyunturas. Lo que no puede controlar indefinidamente es el tiempo político de una sociedad que decide no olvidar. Y el tiempo, a diferencia de ciertos tribunales y de ciertos gobiernos, no concede indulto.
