Un breve examen al comportamiento de la gente en nuestro país y del ser humano en general, deja clara una verdad que a veces incomoda a muchos: la mayoría de las actividades económicas que dan bienestar a las personas las hacen y distribuyen los privados y no el estado.
Los alimentos, la vivienda y el vestuario, por ejemplo, son las necesidades básicas que debemos resolver para subsistir y son bienes que producen y demandan personas que actúan como entes individuales asociados de manera espontánea para buscar su bienestar. Cómo esas tres, la gran mayoría de cosas que requerimos para vivir bien no requieren del estado para ser producidas.
El mayor problema económico que enfrentan las personas que día a día buscan mejorar sus condiciones de vida, es la imposibilidad que muchos tienen para integrarse, de manera eficiente, en actividades que les provean de mejores ingresos dadas sus capacidades.
Estudios especializados revelan que las personas que trabajan en empresas bien organizadas reciben una mayor compensación o retorno por sus actividades que aquellos que no pueden acceder a un entorno adecuado para producir más y a un costo bajo.
Debe quedar claro que el término “sector privado” no se refiere únicamente a las empresas o a empresarios sino al accionar de millones de trabajadores, emprendedores e ideas, que al interactuar generan, con mayor o menor eficacia, la riqueza que busca satisfacer las necesidades materiales de la inmensa mayoría de las familias. También se debe aclarar que lo público no es lo mismo que lo estatal.
En síntesis: la prosperidad de los hondureños depende exclusivamente de la facilidad que tengan para organizarse y producir de manera eficiente con el menor estorbo posible.
¿Y cómo se pueden identificar y evadir estos “estorbos”?
Lo primero es que la gente internalice una realidad en la que a pocos les gusta pensar: el mayor óbice a la generación de riqueza para una sociedad es la acción estatal. Un sistema tributario confiscatorio, una burocracia elefantiásica y lenta, un gobierno que propicie la corrupción y, sobre todo, unos valores que propendan a incentivar el colectivismo son los peores enemigos de la prosperidad.
Es decir, cuando el gobierno se propone ayudar a que la producción se incremente, el resultado es justamente el contrario. Mayor presencia estatal generará sin duda más pobreza, desintegración social y violencia.
Sin embargo, a pesar de que toda la evidencia apunta hacia esa realidad, muy pocas personas están dispuestas a aceptarla como válida. Somos una sociedad impenitentemente estatista.
El mejor ejemplo de lo apuntado es el actual proceso de reforma que el país pretende para resolver el problema energético. Por más evidente que sea, nadie quiere aceptar que la solución a la precariedad que enfrenta el sector desde hace casi 40 años no pasa por el estado.
El estado no resolverá el problema eléctrico porque el estado es el problema.
La actual administración llegó al poder en enero pasado envuelta en un halo de respaldo del y al sector privado. Sin embargo, de la palabra a la acción el trecho es bastante amplio. La evidencia más clara es la persistencia de sus líderes en asegurar por todos los medios de que disponen, que el proceso de reforma en la prestación de servicios de electricidad que el Congreso Nacional está discutiendo, no implica la privatización de la ENEE.
El problema es más que retórico; es un asunto de principios. Empecemos por decir que es ilógico pensar que alguien quiera privatizar una empresa que en estos momentos tiene un capital negativo equivalente al 5% del PIB hondureño. Aquí no se trata de discutir si hay que vender la ENEE, nadie la querrá comprar. El asunto es cómo lograr que en el país haya una provisión accesible, estable y barata de energía para todos.
Pero a los personeros del gobierno les da “canillera” hablar de soluciones privadas en los servicios de energía. Le tienen miedo a la palabreja, es decir, en la práctica, les avergüenza respaldar al sector privado pese a que en el discurso se autoproclaman amigables a la inversión.
Esa inconsecuencia puede ser el primer anuncio de un nuevo fracaso. El país requiere de una nueva forma de ver las cosas y solo cuando lo que se dice y se piensa es igual a lo que se hace es que las cosas pueden cambiar. Todavía están a tiempo. El sector energía será el factor que haga fracasar a esta administración si no hace las cosas de forma consecuente.
Pero el fracaso del país pasa por un tema aun más delicado. Es un asunto de valores, de principios y de tener valentía para buscar el cambio de paradigma con verdadera voluntad.
