Tegucigalpa – El Ministerio Público manifestó este sábado su inconformidad por el cambio de medidas dictadas en las últimas horas a favor del extitular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo José Regalado Weizenblut en el caso Pandora.
Mediante un boletín, el Ministerio Público, cuestiona que 18 meses tardó la Corte Suprema de Justicias (CSJ) en resolver apelaciones al exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Jacobo Regalado, lo que derivó en que un juez decretara vencimiento de su prisión preventiva. “El Ministerio Público inconforme”, expresa la Fiscalía General en un amplio pronunciamiento.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), se notificó de la resolución del Juzgado Penal en Materia de Corrupción que conoce la causa VP-36-2018 denominado caso Pandora, mediante la cual declara “con lugar” el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva al exfuncionario, añade el escrito.
Y es que a juicio del Ministerio Público, Regalado fue favorecido con la medida de “arresto domiciliario mientras hace efectiva una caución hipotecaria de un bien inmueble valorado en nueve millones de lempiras, la presentación periódica al juzgado sampedrano y la prohibición de salir del país”.
Es por ello que la Fiscalía “se pronuncia en total desacuerdo, basando su inconformidad, en el hecho que a lo largo del proceso, las apelaciones tardaron 18 meses en ser resueltas a lo interno de la CSJ, no haciéndose un cómputo de esos retrasos promovidos por la defensa del imputado, lo que derivó en que no se pudiera celebrar juicio oral y público dentro de un término de casi dos años y medio.
Sumado a ello, el vencimiento de la prisión preventiva, tenía como fecha límite el 24 de enero de 2021, anticipándose, por tanto, el juez anticorrupción a resolver sobre la excarcelación en beneficio del exsecretario de Estado. Por consiguiente, la UFERCO ya presentó el respectivo recurso de apelación.
El caso Pandora, se presentó en 2018 en contra altos funcionarios públicos y personas naturales por su presunta participación en la sustracción más de 282 millones de lempiras y por lo que se les señaló de haber cometido delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos. JP
