Santiago de Chile– Un incendio en un cité de la capital chilena sacó nuevamente a la luz las peligrosas e infrahumanas condiciones en las que viven hacinadas miles de familias inmigrantes, que en busca de mejores condiciones de vida, han dejado de manifiesto un sinnúmero de vulneraciones.
El siniestro que se registró la madrugada del pasado viernes en un conventillo ubicado en el centro de Santiago afectó a doce familias de chilenos y extranjeros, cuyas viviendas resultaron calcinadas y sus enseres destruidos.
Según datos oficiales, en Chile habitan alrededor de medio millón de inmigrantes, aunque se desconoce todavía la cantidad exacta debido a esa «cifra negra» de indocumentados que preocupa a las autoridades.
«Hace falta una ley, pero ésta no va a solucionar el problema cultural. No es sólo cosa de papeles, es algo cultural de un país que ve la inmigración afroamericana y amerindia con sospecha», dijo a Efe el sacerdote jesuita Felipe Berríos.
El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a modernizar la vigente ley de migraciones, que data de 1975 y considera a los extranjeros como una «amenaza» a la seguridad nacional, como estableció su promotor, el dictador Augusto Pinochet.
La comunidad foránea sufrió una desilusión esta semana al conocer que la esperada legislación será tramitada en el siguiente Gobierno, que encabezará a partir de marzo de 2018 el conservador Sebastián Piñera, quien ha vinculado a una parte de la inmigración con la llegada de «delincuentes» al país.
«Los antecedentes que tenemos nos hacen dudar sobre si se va a garantizar el enfoque de derechos humanos que una ley de migración de siglo XXI debiera tener», señaló a Efe el dirigente del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza.
De nacionalidad uruguaya, Cardoza reconoce que ha habido avances durante el período de Bachelet en la materia, pero recalca que falta comprensión hacia el inmigrante, que «es un trabajador que ha sido desplazado, a quien se le ha violado el derecho de vivir en su país por diversas circunstancias».
A falta de una moderna ley marco que regule la masiva entrada de extranjeros y les garantice los derechos básicos, algunos activistas como Berríos, responsable del Centro de Atención Jesuita al Inmigrante, urgen medidas «rápidas y prácticas» para hacer frente a este fenómeno propio de la globalización.
A juicio del también escritor, una nueva política puede abrir camino hacia adelante.
«Pero hoy nos encontramos con mucha concentración de inmigrantes en ciertos barrios, zonas y ciudades que viven hacinados, explotados y en manos de las mafias», recuerda.
Actualmente, en Santiago existen casi un millar de cités o conjuntos habitacionales populares, que surgieron entre 1870 y 1960, como primera respuesta al flujo migratorio que provenía del campo a la ciudad.
La mayoría se concentra en la Región Metropolitana, en los municipios céntricos de Santiago, Independencia, Estación Central, Recoleta, Nuñoa y Providencia, que a su vez, son los que más comunidades de extranjeros albergan.
Si bien estos espacios son reconocidos y valorados por potenciar «la vida en comunidad», la falta de fiscalización y mantenimiento, los subarriendos y el hacinamiento, entre otros factores, derivan en trágicas situaciones como incendios, abusos, pobreza y cuestionables condiciones de vida.
Leonor Villena, oriunda de la localidad peruana de Trujillo, relata que llegó a Chile hace algunos años en busca de mejores oportunidades, y que «trabaja y vive como puede» para poder pagar su habitación en un cité del centro capitalino.
Relata que hace algunos años Perú «estuvo muy pobre», al igual que Haití, por lo que el flujo de inmigrantes de ese país hacia Chile fue en un aumento.
«Los inmigrantes llegan a Chile, porque en este país hay más trabajo, pero las principales trabas son acceder a la salud pública, ya que no te dan tus papeles sin un contrato, no tienes imposiciones y no puedes optar a una vivienda», comenta Villena, de cuarenta años.
En este contexto, el jesuita Felipe Berríos critica a las organizaciones que «se han dedicado a aprovecharse del problema de los migrantes», más allá de buscar soluciones que permitan a miles de personas convivir con el sistema «leguleyo» de los chilenos, sostiene.
Berríos, reconocido en la región por ser el fundador de la ONG Techo, propone una política de «amnistía» para todos los inmigrantes indocumentados, con el propósito de regularizar a aquellos ilegales, «sin multas y sin cárcel, para ayudarlos a todos».
«La derecha está asustada de que al país entren delincuentes, pero es mucho mejor que ese delincuente tenga papeles. Qué se sepa cuántos inmigrantes hay en Chile, quiénes son, dónde están», subraya con fuerza el religioso, de cara al cambio de mando en marzo de 2018.
La informalidad, el hacinamiento y la concentración de extranjeros son las principales dificultades para la ciudadanía en su conjunto, por lo que el próximo Gobierno conservador «va a tener que buscar una solución», agrega.
«Los inmigrantes son una riqueza, son como el cobre -el mayor producto de exportación de este país-, pero si yo lo manejo mal y lo contamino, lo echo a perder. Los inmigrantes son una riqueza para el país, pero si los hacino, los maltrato, se convierten en alimentos para las mafias», sostiene Berríos, quien ha estado siempre al lado de los inmigrantes, incluso viviendo en sus villorrios.
De acuerdo a las cifras oficiales, las principales comunidades que residen en Chile son la peruana (30 %), colombiana (13,6 %), argentina (11,9 %), boliviana (10,2 %) y ecuatoriana (6,5 %), mientras que el resto de latinoamericanos y caribeños alcanzan un 16,5 %.
En los últimos años, la creciente venida de haitianos se ha convertido en uno de los hitos de la migración hacia el Cono Sur en la región, hasta alcanzar este 2017, los 60.000 personas solo en Chile.
La Ley de Extranjería y Migraciones, promulgada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es la más antigua de Sudamérica y entró en vigencia cuando en el país los extranjeros no superaban las 100.000 personas, cifra que se ha quintuplicado.
