Tuve la experiencia de ser oficial activo de las Fuerzas Armadas entre 1993 y 1998, pudiendo observar las diferentes fases de pasar de un servicio militar obligatorio a voluntario en conjunto con una evolución de la institución que presenta desafíos y oportunidades todavía en la actualidad. Daré mis observaciones del proceso en el Primer Batallón de Ingenieros (donde estuve asignado en 1993-4), aunque este reflejaba una realidad general.
En 1993, las Fuerzas Armadas estaban pasando por un proceso de profesionalización. Ya se estaban preparando las condiciones para el final del reclutamiento físico y arbitrario que no era en interés de los jóvenes o las Fuerzas Armadas. El golpe, la humillación y el servicio personal, que eran prácticas alejadas de la modernidad y de una sociedad democrática, iban en disminución acompañadas de un interés en mejorar las condiciones de vida de los conscriptos (que todavía lo eran legalmente).
Un desafío importante (que no se consideró) era el problema del salario. Una limitante importante en la transición de un ejército “reclutado” a uno profesional voluntario es la necesidad de pagar un salario competitivo. El salario de un soldado raso era de L55/mes ($7 al cambio vigente), cantidad insuficiente incluso para cumplir con las necesidades de transporte a sus hogares en sus fines de semana libres.
Aun con ese salario, se seguían presentando muchos jóvenes de las áreas geográficas de captación tradicionales. Cada unidad militar, basado en la cercanía, vocación de la población, índice de pobreza y necesidad y costumbre, tenía relación con familias y comunidades. En las partes altas del departamento de Intibucá especialmente, había comunidades que generaban una cantidad orgánica de voluntarios sin coerción. La inmensa mayoría de los soldados eran de origen rural.
Esta preferencia por personal rural era derivada de una creencia de que se adaptarían más fácilmente a las condiciones espartanas del servicio y a los patrones de reclutamiento que coincidían con la dispersión geográfica de las unidades. Las unidades del ejército estaban distribuidas para cubrir el territorio nacional con especial énfasis en las regiones fronterizas, lo que no coincide con los patrones de concentración poblacional urbana.
El reclutamiento urbano (cacería de jóvenes) había sido más una herramienta para imponer un control social disuasivo que una verdadera herramienta para llenar las unidades. Las unidades militares tenían una función qué cumplir, y el trabajo de corregir o doblegar voluntades renuentes no era un uso adecuado de los recursos.
Con la suspensión del reclutamiento, los números de efectivos bajaron considerablemente (se hablaba de que los batallones estaban quedando vacíos). Esto se debía a que la cantidad de voluntarios obtenidos orgánicamente bajaba sin coerción, y a que la deserción se fue volviendo algo considerado menos serio. Calculo que, de los voluntarios de 1994, un 50% desertaron, de los cuales una pequeña parte eran capturados y algunos hasta remitidos al presidio (que era lo usual anteriormente). Obviamente esas prácticas desincentivaban más el voluntariado, por lo que entendemos que se eliminaron justamente.
La implementación del llamado a filas por sorteo, que se implementó para resolver este problema, fue un fracaso. Los soldados no representaban una sección aleatoria de la población, pero si no lo eran, ¿qué justificación había para obligar a algunos a servir? Por lo que finalmente se procedió a instaurar un servicio profesional.
La población que llega a 18 años es de 200,000 personas (entre hombres y mujeres). Con el progreso cultural, difícilmente se podría definir que las mujeres no son elegibles para servir. Considerando una proporción profesional (40% entre oficiales, suboficiales de carrera, auxiliares y técnicos) para mantener los efectivos en 25,000 se requerirían 7,500 nuevos ingresos al año. Considerando que esto es un 3.75% de la población elegible, ninguna forma obligatoria se podría implementar sin injusticias manifiestas.
Creemos que la experiencia que se ha tenido sobre este tema es amplia e instructiva. El rol que las Fuerzas Armadas han tenido en educar y formar generaciones de jóvenes debe ser estudiado y mejorado. Para construir sobre esa base, se deben crear las condiciones para reforzar su despolitización y legitimidad. Esto es para devolverles el nivel de respeto general entre la población que se tenía en esos años.
