ICEFI urge a los hondureños a consensuar política fiscal transparente

Tegucigalpa – El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presentó este jueves en Honduras, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la sexta edición del “Lente Fiscal Centroamericano: boletín periódico de investigación de coyuntura económica y fiscal”, que presenta un análisis del contexto económico y mundial para 2013, así como proyecciones para 2014.
 

El documento concluye que las estimaciones iníciales de crecimiento de la economía mundial se redujeron para el presente año debido a los problemas que todavía enfrentan las economías de los países desarrollados, resaltando la falta de gobernabilidad política en Estados Unidos y la continuada debilidad de la zona del euro.

El análisis afirma que las economías emergentes también han reducido su ritmo de crecimiento hacia tasas más moderadas, mientras América Latina y el Caribe también han comenzado a ser menos pujantes y afrontan desafíos estructurales de crecimiento que sólo pueden enfrentarse mejorando el bienestar de la población, haciendo inversiones económicas estratégicas y promoviendo el éxito de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

La presentación del informe estuvo a cargo de los economistas principales Hugo Noé Pino de Honduras y Renato Vargas de Panamá.

El Lente Fiscal califica de notoria la desaceleración económica en Centroamérica para 2013. Casi todos los países crecerán menos que en 2012, mientras que en 2014 ―al continuar las incertidumbres sobre el desenvolvimiento de la economía mundial y considerando el ritmo moderado de crecimiento económico de los principales socios comerciales de la región― las proyecciones advierten un estancamiento del crecimiento.

Honduras proyecta, para 2014, una tasa de crecimiento de tres por ciento, igual al crecimiento estimado para el presente año, lo que frente al aumento poblacional de dos por ciento, deja a la sociedad hondureña con muy poco espacio para reducir el desempleo y la pobreza.

Las finanzas públicas de la región también han sentido los efectos de la desaceleración económica. A junio de 2013, los déficits públicos de Panamá, Honduras y Costa Rica ya superaban los dos puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB), al registrar 2.9, 2.8 y 2.3, respectivamente. En los tres países se presenta una profundización del desbalance fiscal observado si lo comparamos con igual período del año anterior.

Igualmente, Guatemala después de tener un leve superávit en el primer semestre de 2012, pasó a registrar un déficit de 0.5 puntos del PIB, en junio de 2013.

La situación de Honduras es particularmente preocupante. El déficit fiscal, que al momento de la aprobación del presupuesto 2013 se proyectó en 4.5 por ciento del PIB, podría finalizar en un seis por ciento, según nuevas revisiones de la Secretaría de Finanzas.

No obstante, gastos adicionales aprobados durante los últimos meses hacen prever que dicho déficit será más alto. El consecuente crecimiento de la deuda pública representa un importante drenaje de recursos para aspectos prioritarios como la educación, salud, seguridad e infraestructura.

A finales de 2013, el saldo de la deuda pública alcanzará una cifra cercana a los ocho mil millones de dólares, equivalentes a más de 160 mil millones de lempiras con cerca del 40 por ciento de deuda interna, con tasas de interés altas y de corto plazo. El peso de la deuda pública total pasará de 26 por ciento del PIB, en 2009, a cerca de 42 por ciento al finalizar el presente año.

Una región poco transparente

El tema principal de este número analiza la transparencia como la llave para legitimidad de la política fiscal en la región. Se sostiene que es tradicional que una definición simplista de la política fiscal abarque fundamentalmente el gasto, los ingresos y el endeudamiento público.

Sin embargo, las visiones modernas sobre esta materia, basadas en el fortalecimiento democrático y el desarrollo, suman a estos elementos la transparencia fiscal.

Se muestra como los países de la región en diferentes índices internacionales de transparencia se encuentran ubicados en posiciones intermedias o rezagadas, lo que requiere esfuerzos en este campo.

Asimismo, se reconoce que los gobiernos centroamericanos han logrado avances en la aprobación de marcos legales que garanticen el derecho al acceso a la información pública. Sin embargo, presentan niveles diversos de éxito en su aplicación.

En este sentido, una de las principales imitantes es la escasa difusión de la normativa y, por ende, persiste una exigua demanda de información, apunta el estudio.

El desafío más notable para el cumplimiento efectivo de esta legislación se vincula con los atributos del órgano garante, el cual, en algunos casos, no es independiente o no posee facultades suficientes de intervención, autonomía y especialidad, o no cuenta con la asignación presupuestaria apropiada para las tareas encomendadas, añade.

En ese sentido, se enfatiza que la transparencia fiscal no puede ser efectiva sin una participación activa y democrática de la sociedad civil. De conformidad con los referentes e instrumentos internacionales disponibles, la ciudadanía en general y su representación en las organizaciones de la sociedad civil deben tener un rol activo en la elaboración, ejecución y evaluación de planes de transparencia fiscal y gobierno abierto.

El equilibrio deseado entre las responsabilidades y participación del gobierno y de la sociedad civil en el esfuerzo por la transparencia fiscal persiste como un desafío de naturaleza política, más que técnica.

En el caso particular de Honduras, el ICEFI, advierte que la sociedad ―en particular los gremios empresariales y de trabajadores, los partidos políticos, la academia y los movimientos organizados de sociedad civil―, debe hacer esfuerzos importantes por acordar y poner en práctica prontamente una política fiscal transparente y sana, coherente con los anhelos de democracia y desarrollo.

El organismo regional, recomienda que es imperativo que el momento político-electoral actual abra los espacios para la firma de un nuevo contrato social que marque el camino a seguir para el cumplimiento de metas de desarrollo, al tiempo que se fija una hoja de ruta para mejorar los ingresos públicos, fortalecer la administración tributaria, evaluar y eliminar privilegios fiscales, transparentar y hacer más efectivo el gasto público, luchar contra prácticas corruptas y establecer espacios institucionales para la rendición de cuentas.

“Una política fiscal consecuente con la democracia y el desarrollo, es el primer paso para construir una Honduras diferente”, puntualiza el informe.

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