Tegucigalpa – Los plazos se acortan en la Cámara Legislativa hondureña para aprobar la Ley de Financiamiento de las Campañas Políticas, herramienta solicitada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), para restringir el uso de “dinero sucio” en los comicios electorales. Igualmente, hace poco más de un año, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley a la Cámara a fin de regular los fondos que sustentan las campañas. Otra iniciativa fue presentada por el diputado Edwin Pavón de la Unificación Democrática (UD).
– El Congreso Nacional tiene 110 días para aprobar la nueva ley porque debe ser antes de la convocatoria a elecciones primarias por parte del Tribunal Supremo Electoral.
– La MACCIH ha revelado que tres iniciativas en el apartado de la Ley Electoral se encuentran en el Poder Legislativo.
– Hace más de un año el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para regular los fondos que se invierten en campañas.
La Ley de Financiamiento de Campaña Electoral busca que todos los partidos políticos justifiquen que el dinero que invierten no proviene de crimen organizado, ni de narcotráfico.
El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, dejó claro que como objetivo primordial buscarán que esa ley sea una realidad para evitar que dinero sucio proveniente del narcotráfico sea utilizado en campañas políticas.
“La perspectiva que tiene la MACCIH en esta materia es que mediante consensos con sectores políticos, sociales y el Tribunal Supremo Electoral encontrar una ley de fondos partidarios para buscar la transparencia de los grupos financieros, partidos políticos y candidatos, para que el dinero sucio o del narcotráfico no entre en una campaña política”, dijo Jiménez Mayor.
La MACCIH está solicitando que la ley sea una realidad y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, le aseguró a Proceso Digital que el proyecto de ley es una realidad y un compromiso de todas las bancadas.
“Ya hay un consenso, en el que todos los partidos políticos estamos trabajando para establecer una Ley de Financiamiento de Partidos Políticos en Campañas Electorales. Esta es una ley, hasta los momentos hemos dicho que debe ser una nueva ley clara que promueva la transparencia”, explicó Saavedra.
Y agregó que “hay a un compromiso plasmado de la Comisión de Asuntos Electorales que vamos a lograr antes del mes de septiembre que cuando se hará la convocatoria a elecciones primarias”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocará el próximo 12 de septiembre a cada partido político para el proceso electoral interno y para esa fecha la ley debe de estar reglamentada e instalada. Eso significa que los “padres de la patria” disponen de 110 días incluyendo el período de vacaciones programado para junio.
El expresidenciable por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Olban Valladares, es pesimista y declaró a este medio de comunicación que aunque es posible crear una ley no solo para el financiamiento de campaña, sino para todo el proceso electoral “es difícil” porque el partido en el poder hace que todos bailen a su ritmo.
“El problema es que acá todo lo que es legislación se baila al son de los que están tocando en la orquesta, quiere decir que si al gobierno le conviene o no, de eso depende si se aprueba, pero debería ser una preocupación de todos los partidos porque una ley mal aplicada tarde o temprano afectará mucho”, expresó Valladares.
Y siguió diciendo que “en este momento un partido diga que no la cambia porque le beneficia, pero dentro de tres años ese beneficio le perjudica. La ley en este momento debe ser modificada integralmente, por ejemplo la representación en la mesa que es un dolor de cabeza para los partidos políticos, lo mismo sucede con la deuda política que favorece a los partidos grandes, los pequeños no pueden crecer porque están débiles en el tema financiero. Debemos utilizar el sistema mexicano o chileno, donde los espacios de televisión los paga el gobierno. También las fuentes de los recursos, porque ya vimos que el crimen organizado y el narcotráfico han patrocinado muchas candidaturas”.
Valladares también dijo con contundencia que en el Congreso Nacional tienen cuatro propuestas de ley y hay una en especial que pueden trabajar en ella. “Estoy seguro que de acá a octubre tendríamos una ley casi perfecta”, dijo.
Pero la presidenta del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, dijo que ellos están a favor de la ley y que si existe consenso en las diferentes bancadas, la Ley de Financiamiento Electoral se puede aprobar sin ningún problema por el Poder Legislativo.
“Somos los cachurecos los abanderados de que haya una Ley de Financiamiento Electoral, el presidente Juan Orlando Hernández desde el año anterior envió un proyecto de ley, mucho antes de que la MACCIH llegara al país”, señaló.
También deben crear una ley de delito electoral
Mientras el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, dejó claro que aunque exista una disposición por cuestión de tiempo y de negociación política, está complicado realizar más reformas electoralesque la del financiamiento de campañas.
“La ley para el control y transparencia de los Partidos Políticos y las campañas las vamos a aprobar antes del mes de septiembre que se convoque a elecciones internas, vamos a aprobar la ley que la vamos a trabajar con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Será un control sobre las campañas políticas y los partidos políticos referente al financiamiento electoral, creo que eso sí lo vamos a aprobar, lo demás ocupa un consenso mayor y difícilmente se logrará los 86 votos”, indicó Rivera.
Según Erick Mejía, asesor de la bancada liberal en el Parlamento, así como se debe crear una Ley de Financiamiento de Campaña Política, debe existir una Ley de Delito Electoral para todos los que no cumplan con el mandato que sería aprobado por el Congreso Nacional.
“El financiamiento político tiene que ir a la par de una Ley Especial de Delitos Electorales, porque por ahora esos delitos están incluidos en la ley pero de una forma general. Entonces a la par de la nueva ley» citó Mejía.
Agregó que también se tiene que dejar claro todo lo que debe cumplirse en la ley, porque existen dos tipos de financiamientos políticos para campañas electorales. “Hay dos puntos en el tema del financiamiento, uno público privado y el otro público estatal. Solo se ha hablado del financiamiento privado que reciben los partidos políticos, pero que pasa con el estatal”, señaló.
Y explicó que “también debe haber una autonomía presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral que forma parte del financiamiento de una campaña, porque de nada sirve que los partidos políticos cuenten con una regulación para su campaña si el TSE no tendrá un financiamiento requerido del Estado”.
MACCIH mete presión
El exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana, señaló que la MACCIH, se debe de ir del país en caso que el Congreso no acate la petición de fiscalizar la procedencia del financiamiento de las campañas políticas. “Es un mandato de su convenio constitutivo, no puede eludirlo, tiene que necesariamente elaborar un proyecto de ley y presentarlo a través de las instituciones que tienen iniciativa de ley para que se apruebe antes de las elecciones e incluso antes de la inscripción de estos candidatos a las elecciones internas de los partidos, la MACCIH debe de hacerlo”, detalló.
Agregó que “la MACCIH si quiere que las elecciones sean trasparentes y que no haya corrupción en el proceso electoral debe de exigir la segunda vuelta electoral, ya que solo con el simple financiamiento de los partidos no va a lograr eliminar las practicas criminales que hacen los partidos al manejar los escrutinios de los votos en las mesas con sus representantes, en donde en muchos de los casos son del mismo partido gobernante porque es el único que puede comprar las credenciales de los partidos pequeños que no tienen los suficientes representantes para cubrir todo el país”.
Por otra parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tomas Arita Valle, pidió a los diputados del Congreso Nacional que no teman en el apartado de fiscalización del financiamiento de campañas electorales. “En vista de tanta presión y para salud de todos los hondureños el tema de la financiación de las campañas políticas debe de ser aprobada”, declaró.
Indicó que “todo el mundo quiere saber de dónde provienen esos fondos, entonces con el control deben de ceder los diputados y no tener temor en el tema”.
La MACCIH se ha reunido con varios sectores políticos para que los partidos políticos indiquen de donde provienen los fondos con los que financian sus campañas electorales. La ley debe ser aprobada antes del 12 de septiembre del presente año.
En el pasado se han visto campañas electorales de aspirantes a diputados que son tan o más intensas que los propios candidatos presidenciales.
Expertos en el tema señalan que dichas campañas tienen un costo aproximado a los 10 millones de lempiras, los cuales no justifican el salario que recibirán en caso de ganar la diputación, ya que apenas se acercaría a la mitad de lo gastado.
