Tegucigalpa – El Estado de Honduras acude este miércoles 05.08.2026. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a una audiencia temática que se celebrará en Washington, Estados Unidos, para ratificar el estricto apego a las garantías constitucionales y al debido proceso en la implementación de la figura del juicio político.
– El Congreso Nacional destituyó de sus cargos al Fiscal General Johel Zelaya y al magistrado del TJE, Mario Morazán luego de un proceso de juicio político. Además, se separó del cargo al consejero del CNE, Marlon Ochoa.
– “La izquierda presentó juicios políticos cuando fueron gobierno por más de 15 juicios políticos. Nunca tuvieron los votos. Hoy ya teníamos los votos, y fueron destituidos los que abusaron de la ley”, refirió el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.
– El abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, explicó que una audiencia temática ante la CIDH no tiene como finalidad establecer responsabilidades internacionales ni emitir condenas contra un Estado de Honduras.
Se ha conocido que la audiencia fue solicitada por organizaciones hondureñas e internacionales que buscan exponer ante la CIDH la situación del sistema de justicia del país, particularmente los obstáculos que, según sus planteamientos, afectan la independencia judicial, la carrera judicial, la separación de poderes y las garantías para jueces y juezas.
Entre las organizaciones solicitantes se encuentran Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
El Estado de Honduras decidió no enviar una delegación presencial a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) programada para este 5 de agosto de 2026 en Washington. En su lugar, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional remitirán únicamente un documento escrito para defender la legalidad de los juicios políticos que derivaron en la destitución de exfuncionarios como Johel Zelaya y Marlon Ochoa.
De acuerdo a los argumentos de la representación oficial hondureña, los mecanismos de control legislativo no constituyeron herramientas de persecución, sino recursos democráticos legítimos y regulados para deducir responsabilidades a altos funcionarios que pusieron en peligro la democracia del país durante las elecciones primarias y generales de 2025.
A través de los informes técnicos presentados, se argumentó que cada etapa de los procedimientos cuestionados se ejecutó bajo el principio de legalidad y respetando el derecho a la defensa de los involucrados.
Asimismo, las autoridades nacionales defendieron la soberanía del Congreso Nacional para aplicar estas medidas orientadas al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad pública.
Ante las observaciones de organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, la delegación hondureña intentará demostrar su disposición de mantener un diálogo abierto y colaborativo con el sistema interamericano, asegurando que el marco jurídico del país cuenta con los contrapesos necesarios para evitar la arbitrariedad y garantizar la estabilidad del Estado de derecho.
Representación de Honduras
El Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra dilucido que en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comparecerá la embajadora adjunta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Marlene Villela.
“Hemos trabajado en un plan, un documento, que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a la audiencia a la que fuimos citados”, declaró el funcionario.
El procurador insistió que la audiencia de este miércoles “es temática”, no se trata de un proceso o denuncia ante el sistema, “es una audiencia para que Honduras comparezca a contestar a algunos temas que la Comisión Interamericana ha tenido a bien citarnos, por lo cual hemos preferido hacerlo por escrito para reservar algunas situaciones que no es necesario plantearlas ahorita porque la estrategia de Honduras se enfocará a una posible demanda que posteriormente se nos vaya a presentar”.
Aspra finiquitó que como Estado se guardan algunos elementos como parte de la estrategia ante una eventual demanda formal en los próximos meses por parte de los que fueron sometidos a juicios políticos en Honduras. “Nos estamos reservando el uso de medios de prueba”, dijo.
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No se ha agotado el derecho interno
El jefe de la bancada liberal Jorge Cálix afirmó que los exfuncionarios separados mediante juicios políticos no cumplen con los requisitos para acudir a instancias internacionales, porque aún disponen de recursos en el sistema judicial hondureño.
Cálix explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece procedimientos previos antes de escalar casos, entre ellos es haber agotado las vías internas.
“El derecho interno en estos casos no se ha agotado. Ellos tienen los amparos ahí a los que tienen derecho y estamos esperando que la Corte (Suprema) lo resuelva”, expresó el parlamentario.
El legislador indicó que es normal que los afectados hayan acudido ante la CIDH para exponer su versión de los hechos, pero consideró que el organismo también debe escuchar la posición del Estado hondureño.
Sobre el procedimiento aplicado en los juicios políticos, Cálix defendió que se actuó conforme a la Constitución y la normativa vigente.
El también abogado y expresidenciable hondureño, manifestó que el proceso ante organismos internacionales podría extenderse durante varios años y aseguró que confía en que el resultado será favorable para Honduras, al considerar que existen actas, firmas y votos que respaldan la legalidad del procedimiento.
Consultado sobre si pudo existir algún error durante el juicio político, reconoció que pudieron haberse cometido fallas, aunque descartó que estas puedan llevar a la nulidad del juicio. “Probablemente hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, sin duda, pero nada que haya violentado el debido proceso”, remató.
Así pues, durante el desarrollo de la audiencia Honduras tratará de explicar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos al defender la legalidad y el respeto a las garantías procesales en los procesos de alta investidura, un mensaje clave que el Estado busca consolidar en su relación de supervisión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No se busca emitir condena contra Honduras
El abogado y defensor de DDHH, Joaquín Mejía, explicó que una audiencia temática ante la CIDH no tiene como finalidad establecer responsabilidades internacionales ni emitir condenas contra un Estado de Honduras.
En declaraciones a periodistas, Mejía detalló que la CIDH se reúne periódicamente todos los años y, como parte de aprovechar esas reuniones, convoca a los Estados y a las organizaciones de sociedad civil para que soliciten audiencias sobre diversos temas de interés para la Comisión.
Según Mejía, las organizaciones presentan una solicitud con argumentos que justifican por qué la CIDH debe conocer determinada problemática. En este caso, la petición está relacionada con la independencia judicial en Honduras.
“Se va a abordar el tema de la carrera judicial, de la ausencia de una carrera judicial, el tema de remociones y despidos de jueces y juezas que viene ocurriendo desde la presidencia anterior, el tema de los juicios políticos y el decreto a través del cual el Congreso Nacional intervino el Poder Judicial”, desglosó. PD
