- Las presiones de la OEA hacen peligrar la soberanía nacional
La administración de las presiones heredadas de la crisis política no ha podido definir claramente cuál es el precio que pagará el país por ser aceptado por ciertas instituciones de la comunidad internacional.
Excepto Haití, los gobernantes de los países americanos se reúnen para dialogar sobre la «preocupación» de la crisis hondureña o del «futuro» de la democracia, sin que desde Honduras se defina quienes son los interlocutores válidos para hablar sobre la reinserción del país en las instituciones americanas.
Mientras Nicaragua, y El Salvador en menor medida, bloquean todo acceso hondureño al Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), sus gobiernos estarán representados en la comisión de Cancilleres de la Organización de estados Americanos (OEA) que debatirán las «condiciones» que debe cumplir el país para el retorno a la organización.
El canciller Mario Canahuati informó que todos los países centroamericanos formarán parte de la comisión de cancilleres de la OEA, a pesar que Managua no reconoce la administración de Lobo Sosa.
Asimismo, varios países sudamericanos, abiertamente hostiles a Honduras y al gobierno, estarán en la comisión, repitiendo los procedimientos del 2009 cuando dos misiones de cancilleres de la OEA llegaron al país e insistieron en mantener fuera al país del anquilosado e ineficiente organismo continental.
| Pero la administración Lobo Sosa parece estar alegre con la conformación de la comisión y la llegada de los cancilleres, desconociendo la máxima que los mismos hechos producen los mismos resultados. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se ha negado integrar la comisión, a pesar que recibió tal mandato desde hace casi tres semanas. |  |
Según los planes iníciales el grupo de alto nivel debía entregar el informe el próximo 30 de julio.
El subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, informó recientemente que Lobo Sosa se reunió con Insulza para hablar sobre el caso y solamente después se informó a Honduras oficialmente.
El peligro para Honduras es que una vez integrada la comisión, se le impongan condiciones fuera del marco constitucional y que la administración actual acepte las mismas con el fin de lograr el retorno a las asambleas de la OEA.
Si al caso de la OEA fuera poco, el país también enfrenta presiones para que el caso de los periodistas asesinados y los juicios al ex presidente Manuel Zelaya sean supervisados o administrados por funcionarios extranjeros.
El propio presidente Lobo Sosa ha ofrecido a varios países extranjeros que envíen sus funcionarios judiciales para que revisen los juicios a Zelaya, siendo España y Estados Unidos las naciones que recibieron tales solicitudes.
España envió al juez Jesús Fernández para que revise la actual política de derechos humanos y emita recomendaciones.
Inicialmente se informó que revisaría los casos de los periodistas asesinados, cuando dicha competencia es exclusiva de la Fiscalía General.
Honduras está a las puertas de seguir el camino de Guatemala, la nación centroamericana cuya investigación judicial está tutelada por las Naciones Unidas e incluso imponen o vetan funcionarios de instituciones constitucionales como la Fiscalía General.
La ONU mantiene en funciones la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuya tarea era colaborar para mejorar el sistema judicial, pero que ha fracasado hasta la fecha.
 | El español Carlos Castresana la condujo en los últimos años y su caso más resonante fue exculpar al presidente Álvaro Colom de la acusación de que estuvo involucrado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Castresana dijo que la investigación que condujo determinó que el propio Rosenberg preparó su asesinato. |
El español se opuso a la elección de Conrado Reyes como fiscal general y llamó a Colom para evitar su designación.
Tras consumarse la elección de Reyes, Castresana renunció a su cargo, provocando presión a las instituciones guatemaltecas, obligando finalmente a la Corte Constitucional a revocar la elección de Reyes y designar otro fiscal general.
Ello sería el futuro de Honduras de concretarse las presiones de la comunidad internacional y que las mismas sean aceptadas por la administración Lobo Sosa y otros poderes como el Congreso Nacional.
