Tegucigalpa – Mientras el Congreso Nacional discute nuevas reformas a la legislación sobre armas de fuego, expertos en seguridad, operadores de justicia y analistas coinciden en un punto: el principal problema de Honduras no es la venta legal de armamento, sino la enorme cantidad de armas ilegales que circulan fuera del control del Estado.
– En el departamento de Colón existe vigente una prohibición para portar armas desde 2012, sin embargo es escenario de múltiples hechos de violencia que conjugan un cóctel de ingredientes que disparan los hechos delictivos que son cometidos en su mayoría con armas de fuego.
La magnitud del fenómeno se refleja directamente en los índices de homicidios. Las armas de fuego son el principal instrumento utilizado para cometer asesinatos en Honduras, convirtiendo el control del armamento ilegal en uno de los mayores desafíos para la seguridad pública.
Un país con más armas ilegales que registradas
Las cifras oficiales muestran importantes diferencias sobre la cantidad de armas registradas en el país. Datos de la Secretaría de Seguridad indican que actualmente existen entre 260 mil y 400 mil armas con registro balístico vigente, mientras que otras estimaciones oficiales elevan esa cifra a entre 500 mil y 600 mil armas.
Entre 2012 y junio de 2022, en el Distrito Central se contabilizaron más de 140 mil armas registradas durante los 14 años.
Sin embargo, los expertos consideran que estas cifras representan únicamente una parte del armamento que realmente circula en el territorio nacional.
La directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, advierte que el país podría albergar entre 1 y 1.2 millones de armas ilegales, una cifra que prácticamente duplica la cantidad de armas registradas oficialmente.
Según explicó, estándares internacionales señalan que por cada arma registrada existe al menos otra que permanece fuera de los controles estatales.
“Controlar las armas ilegales es una responsabilidad de las instituciones de seguridad y justicia. Si una persona no tiene permiso para portar un arma, no debería tenerla”, enfatizó.
Los principales instrumentos en la violencia
De acuerdo con datos del ONV, entre 2005 y 2024 el 79.1 % de los homicidios registrados en Honduras fueron cometidos con armas de fuego. Esto equivale a 73 mil 626 víctimas de un total de 93 mil 078 asesinatos ocurridos durante ese período.
La tendencia continúa vigente. Solo en 2024, el último año completo registrado por el ONV, el 70.8 % de las 2 mil 690 muertes violentas registradas en el país fueron perpetradas con este tipo de armamento.
Para Ayestas, estos datos evidencian que el problema central no está únicamente en regular la tenencia legal, sino en recuperar las armas que circulan ilegalmente y que terminan en manos de estructuras criminales.
Por ello, considera necesario fortalecer los decomisos, promover programas de desarme y reforzar las restricciones para reducir la disponibilidad de armamento fuera del control estatal.
Un problema que se arrastra desde hace décadas
El analista en temas de seguridad y capitán en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, Germán Licona, considera que la proliferación de armas ilegales en Honduras tiene raíces históricas.
Según explicó, gran parte del armamento que circula actualmente ingresó a la región durante los conflictos armados que afectaron a Centroamérica en las décadas de 1980 y 1990, cuando Honduras ocupó una posición estratégica en medio de las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
A pesar de que la comercialización legal está regulada por el Estado, Licona sostiene que continúan ingresando armas de alto poder mediante redes de tráfico ilícito.
“Vemos fusiles AR-15 y armas de asalto que vienen en cajas de encomienda por las aduanas de Honduras”, manifestó.
El especialista también recordó casos en los que armas pertenecientes a instituciones estatales terminaron siendo sustraídas y posteriormente vinculadas a organizaciones criminales dentro y fuera del país.
A su juicio, la circulación de más de un millón de armas ilegales explica en gran medida por qué cerca del 80 % de los homicidios continúan siendo cometidos con armas de fuego.
El problema no es la ley, sino hacerla cumplir
En medio del debate sobre las reformas a la Ley de Control de Armas de Fuego, diversos expertos coinciden en que Honduras ya cuenta con una normativa relativamente estricta.
La legislación regula la tenencia, portación, comercialización e importación de armas; establece pruebas balísticas obligatorias, limita los calibres permitidos para uso civil y prohíbe armas automáticas, silenciadores, municiones perforantes y armamento de uso militar.
Asimismo, restringe a cinco el número de armas que una persona puede registrar, límite que recientemente fue reducido a tres mediante reformas aprobadas por el Congreso Nacional, y contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones legales.
No obstante, para el abogado y jurista Kenneth Madrid, el principal desafío no está en endurecer la legislación, sino en combatir el tráfico ilegal.
“El problema no es la persona que obtiene un arma legal; el problema es el tráfico ilegal de armas”, sostuvo.
Madrid señaló que durante décadas han operado redes dedicadas al ingreso ilícito de armamento, además de casos de corrupción relacionados con la pérdida o desvío de armas pertenecientes a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Por ello, considera indispensable reforzar los controles fronterizos, combatir la corrupción y desarmar a las organizaciones criminales.
Investigar los delitos también se vuelve más difícil
La circulación masiva de armas ilegales se combina con otro problema: las limitaciones que enfrentan las instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos con ellas.
Fuentes del Ministerio Público revelaron previamente a Proceso Digital que la máquina utilizada para realizar pruebas de absorción atómica, clave para determinar si una persona disparó un arma de fuego, permanece fuera de funcionamiento desde hace varios años.
A esto se suma la situación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), herramienta que permite comparar casquillos y proyectiles para vincular armas con escenas del crimen, el cual actualmente se encuentra desactualizado por falta de mantenimiento y renovación tecnológica.
“Todo el sistema criminalístico del Ministerio Público y la Policía está en abandono”, afirmó una fuente fiscal consultada bajo condición de anonimato.
Según explicó, la reducción de la cooperación internacional y la falta de recursos han obligado a las instituciones a depender ocasionalmente del apoyo técnico de países vecinos.
“Sin el apoyo internacional prácticamente trabajamos de forma artesanal”, lamentó.
Estas limitaciones reducen significativamente la capacidad del Estado para esclarecer homicidios y otros delitos relacionados con armas de fuego, precisamente en un contexto donde millones de armas circulan fuera de control.
Reformas, decomisos y desarme: los desafíos pendientes
Las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional incluyen medidas como elevar de 18 a 21 años la edad mínima para portar armas, reducir la cantidad permitida por persona y restringir licencias a individuos condenados por violencia doméstica.
Sin embargo, especialistas consideran que estas acciones serán insuficientes si no van acompañadas de estrategias más amplias.
Tanto Ayestas como Licona y Madrid coinciden en la necesidad de fortalecer los operativos de decomiso, impulsar programas de entrega voluntaria de armas ilegales, reforzar la vigilancia fronteriza y modernizar las capacidades investigativas del Estado.
Algunos incluso proponen programas de recompensas o compensaciones económicas para incentivar la entrega de armamento ilícito sin consecuencias penales para quienes colaboren voluntariamente.
La discusión legislativa sobre las armas ocurre en un contexto donde las cifras reflejan una realidad alarmante: Honduras podría tener más de un millón de armas ilegales circulando en sus calles.
Mientras estas continúen alimentando a estructuras criminales y las instituciones encargadas de investigarlas operen con limitaciones tecnológicas y presupuestarias, la capacidad del Estado para reducir la violencia seguirá siendo insuficiente.
Los expertos coinciden en que cualquier reforma legal tendrá un impacto limitado si no se acompaña de una estrategia integral que combine control fronterizo, decomisos, fortalecimiento institucional, modernización forense y combate frontal al tráfico ilícito de armas.
Más que la cantidad de armas legales registradas, el verdadero desafío para Honduras es el enorme y aparentemente perpetuo arsenal que permanece fuera del alcance de las autoridades. PD / AD
