No faltan leyes ni diagnósticos. Falta desmontar la arquitectura de captura que volvió la energía un botín, la ENEE un rehén y al ciudadano el pagador final de una reforma aplazada durante treinta años.
Honduras no tiene una crisis eléctrica en sentido estricto. Tiene una reforma estructural postergada durante tres décadas. El país sabe lo que debe hacer: separar generación, transmisión y distribución; reducir pérdidas que rondan niveles críticos, cercanos al 38% en estimaciones recientes; cobrar lo que se consume; revisar contratos; ordenar la ENEE. Lo sabe desde antes de que la mayoría de sus actuales gobernantes llegara al poder. El diagnóstico no falla. Falla la voluntad de ejecutarlo cuando la ejecución toca a quienes han aprendido a vivir del desorden. El resultado es conocido: abundancia natural, escasez institucional.
La Ley Marco del Subsector Eléctrico de los noventa entendió el problema antes que muchos políticos: generación, transmisión, distribución y comercialización no podían seguir mezcladas bajo una misma lógica. Dos décadas después, la Ley General de la Industria Eléctrica volvió a trazar el mapa. La ruta estaba escrita. Lo que faltó fue carácter para ejecutarla y una CNEE con independencia técnica real, no subordinada a los ciclos electorales. Sin esa autonomía, la regulación es decorativa. El daño se repartió en toda la cadena: contratos térmicos de urgencia que se volvieron costumbre; transmisión tratada como obra invisible, aunque de ella depende cualquier transición energética; y distribución convertida en hemorragia: pérdidas, mora, robo sistemático, medición deficiente. El desenlace no cambia: paga más quien sí cumple.
Luego vino el capítulo Libre. No inventó la crisis, pero la volvió más confusa. Confundió rescate con recentralización, soberanía con control político y derecho humano con sostenibilidad automática. El Decreto 46-2022 devolvió poder al Estado, pero no resolvió pérdidas, deuda, contratos, transmisión, medición, cobro ni gobernanza. Una empresa quebrada no se vuelve eficiente porque una ley la declare sector estratégico. Mientras el país discutía modelos, la deuda acumulada de la ENEE alcanzó niveles equivalentes a cerca del 11% del PIB, según estimaciones del Banco Mundial (2024); las térmicas siguieron pesando en la tarifa y el ciudadano siguió pagando la cuenta de una discusión ideológica que no resolvió nada técnico. Ese capítulo cerró. El siguiente empieza con otro gobierno y con otra lógica.
La reforma enviada al Congreso a cinco meses de gobierno importa: crea un Operador del Sistema independiente —ente autónomo de carácter técnico, desvinculado de la ENEE—, fortalece a la CREE con financiamiento propio y separa verticalmente la ENEE en empresas diferenciadas por segmento. En el papel, apunta donde debe. No es una reforma cómoda para quien recién asume, y por eso hay que tomarla en serio, aunque cueste creerlo. Pero Honduras ha tenido buenas leyes antes. La misma transformación estructural que este decreto ordena ya la ordenó la ley de 2014, y quedó sin ejecutarse. Lo que nunca ha existido es la voluntad de llevarlas a término sin negociarlas por el camino con los mismos intereses que pretendían ordenar.
Guatemala y El Salvador —vecinos con estructuras de mercado eléctrico más comparables a la hondureña— ya recorrieron tramos de esta ruta. Honduras llega tarde. La pregunta no es si llega: es hasta dónde está dispuesta a llegar cuando los afectados empiecen a presionar, que es exactamente lo que ya está ocurriendo.
Toda reforma real produce perdedores. Por eso se posterga. Perderán los políticos que usan la ENEE como territorio de influencia y los contratistas que han vivido de la opacidad contractual —algunos con costos por MW que un análisis comparativo regional no resistiría. Perderán también los usuarios que consumen sin pagar: las pérdidas le cuestan al país cientos de millones de dólares anuales y terminan trasladándose, sin ruido, a quienes sí cumplen. Perderán las estructuras internas que confunden defensa laboral con veto institucional, y los sectores que prefieren subsidios amplios porque ahí cabe cualquier distorsión. Son muchos perdedores. Y todos tienen abogados, diputados y columnas de opinión.
La salida no es castigar por castigar, sino ordenar incentivos: subsidio focalizado para quien lo necesita, transición laboral para los trabajadores, revisión técnica y pública de contratos, y reglas que no cambien al ritmo del poder. El Estado debe soltar generación y comercialización donde la inversión privada aporte capital, competencia y eficiencia; pero no puede soltar la transmisión, la regulación tarifaria ni la fiscalización contractual. La transmisión no es un negocio más. Es la columna vertebral del sistema: allí se decide qué energía entra, qué región queda servida, qué proyecto renovable puede conectarse y cuánto cuesta un apagón. Por eso el BID financia el fortalecimiento del Sistema de Transmisión Nacional, y por eso el BCIE aprobó recursos para líneas y subestaciones: no por nostalgia estatal, sino para mejorar confiabilidad, ampliar la interconexión regional y permitir que la energía renovable llegue de verdad al sistema.
Los ejemplos no están lejos. El Salvador abrió espacio a generación y mercado, pero mantuvo a ETESAL como transmisora estatal separada. Costa Rica conserva al ICE como eje público de planificación y operación eléctrica. Colombia convirtió a ISA en una empresa de transmisión con disciplina empresarial y control estatal relevante, capaz de operar infraestructura regional. Uruguay, con UTE, integró renovables a gran escala sin renunciar a una red pública fuerte. La lección es simple: se puede abrir inversión privada sin entregar la columna vertebral. Honduras puede contratar construcción, ingeniería, supervisión, almacenamiento y financiamiento verde. Lo que no debe ceder es el control estratégico de la red. Las térmicas no son el demonio: fueron el seguro que Honduras necesitó cuando no tuvo más. El problema es que ese seguro se volvió costumbre, la costumbre contrato y el contrato dependencia. Las renovables tampoco son solución automática: sin transmisión reforzada, almacenamiento y despacho confiable, la energía limpia queda atrapada en el mismo sistema que prometía superar. No es ideología: es ingeniería.
Gobernar no es administrar simpatías. Es tomar decisiones, romper pactos que nadie firmó por escrito pero todos respetan, y desnudar privilegios que llevan tanto tiempo normalizados que ya parecen derechos adquiridos. Dicho sin anestesia: no hay soberanía energética con robo de energía; no hay empresa pública viable sin disciplina financiera; no hay transición renovable sin transmisión. Tampoco hay reforma posible si la conducen los mismos actores que deben transformarse. El sistema fracasa cuando cada uno defiende su pedazo y nadie responde por el conjunto. Eso ha ocurrido durante treinta años. Y puede volver a ocurrir.
Honduras no está a oscuras porque le falten ríos, sol o viento. Está a oscuras porque no ha sabido —o no ha querido— gobernar su abundancia. Si esta reforma se posterga de nuevo, no será una crisis heredada: será una decisión. Y el próximo capítulo será el agua, donde el país podría descubrir demasiado tarde que la misma renuncia política que apagó la energía también puede dejarlo sediento.
Mientras la reforma eléctrica siga atrapada entre intereses cruzados, ideologías cómodas y pactos de conveniencia, seguiremos haciendo lo mismo de siempre: escribir reformas con una mano y apagar el país con la otra.
